Legislatura de Córdoba. Comienzan a debatir la “Ley Joaquín”, el proyecto para reforzar los derechos de las víctimas
Se tratará este jueves en la Comisión de Seguridad. La iniciativa enviada por el Ejecutivo introduce cambios en el Código Procesal. Lleva el nombre del adolescente asesinado en Laboulaye en 2023.
La Legislatura de Córdoba comenzará a debatir este jueves en comisión un proyecto impulsado por el gobernador Martín Llaryora que busca crear el Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa apunta a que las víctimas de delitos podrán pedir reparaciones y tendrán derecho a ser informadas y escuchadas antes de un juicio abreviado. Se la conocerá como la "Ley Joaquín"
La propuesta –que el mandatario provincial había anunciado al abrir el período de sesiones ordinarias el 1° de febrero– será analizada en la Comisión de Seguridad, presidida por el legislador justicialista Juan Manuel Llamosas. Para el inicio del tratamiento estará presente el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, quien expondrá los lineamientos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El texto plantea establecer un marco integral de derechos, garantías y asistencia para las víctimas con la intención de que no queden solo en declaraciones formales sino que "tengan aplicación concreta dentro del proceso penal".
Las víctimas tendrán que ser consultadas antes de decidir un juicio abreviado o una prisión domiciliaria
La iniciativa fue denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023. En ese caso, un fallo civil condenó a la Provincia por la falta de cuidados en el colegio al que asistían. La familia de Joaquín no pudo ser querellante particular porque el supuesto autor era no punible: el proyecto ahora cambiará esto y admitirá la participación de las víctimas y de sus familiares.
Un piso de protección
El proyecto presentado por el Ejecutivo parte de un diagnóstico que atraviesa buena parte del sistema penal, por lo que plantea modificar artículos del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Además, busca fijar un “piso de protección común” para todas las víctimas sin alterar el equilibrio entre las partes ni las garantías del debido proceso. Entre los derechos que se pretenden garantizar aparecen el trato digno y respetuoso, la protección de la privacidad y mecanismos destinados a evitar la revictimización durante el proceso. También se reconoce el derecho a recibir información clara sobre el estado de la causa y a contar con asesoramiento y patrocinio jurídico, incluso gratuito cuando la víctima no disponga de recursos.
El proyecto contempla además la posibilidad de que las víctimas participen en audiencias y decisiones relevantes, así como el acceso a asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita.
Cambios procesales
Para que estos derechos tengan efectos concretos, el proyecto incluye modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba. Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes. También se refuerza la obligación de informar y notificar a las víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
En esa línea, se establecen modalidades especiales para la recepción de testimonios en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
Observatorio
El proyecto también prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionará en el ámbito de la Legislatura. Ese espacio estaría integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles, familiares de víctimas y legisladores con la tarea de elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas vinculadas a la asistencia y protección de víctimas.
El texto también establece que el Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para implementar el régimen mediante partidas presupuestarias o reasignaciones específicas.
"Que no vuelva a ocurrir o si ocurre que las familias de las víctimas tengan derechos"
El caso que dio nombre a la ley
La iniciativa propone que la norma lleve el nombre de Joaquín Sperani como forma de memoria institucional. En este caso la familia no pudo constituirse como querellante particular en el proceso porque el supuesto autor era inimputable por su edad.
El proyecto del Ejecutivo introduce un cambio en ese punto: habilita que las víctimas y sus familiares puedan participar como querellantes incluso cuando el hecho haya sido cometido por menores no punibles. En los fundamentos se señala que la denominación busca recordar que detrás de cada expediente judicial “hay personas, historias de vida y familias que esperan del Estado una respuesta eficaz”.
