Ley de víctimas. "Que no vuelva a ocurrir o si ocurre que las familias de las víctimas tengan derechos"
Mariela Flores es la mamá de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye por otro chico, inimputable. Peleó por la baja en la edad de imputabilidad y también por esta ley que le da mayor lugar a las víctimas en todas las instancias judiciales.
La ley de víctimas se llama Joaquín, el nombre de su hijo, el adolescente asesinado por otro chico en Laboulaye. Dice que no pidió esa denominación, pero que la acepta como un reconocimiento a la pelea que vienen dando. Quien habla es Mariela Flores, mamá de Joaquín Sperani.
"Lo aceptamos para que no se vuelva a repetir y si ocurre que accedan otras familias, que tengan otros derechos. Basta de esconder a las víctimas, hay que escucharlas", remarca Mariela, en una conversación telefónica con La Voz.
En las últimas semanas, Mariela y su pareja, Martín, fueron activos impulsores de la rebaja en la edad de imputabilidad. Pedían a la Provincia que adhiera a la ley de víctimas nacional, pero aseguran que apoyan esta ley y los cambios en el Código Procesal Penal provincial para que otras familias de víctimas no sufran los obstáculos que tuvieron que enfrentar en su propia historia.
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"Lo más importante que trae esta ley es lo que fue nuestro primer reclamo: como víctimas de un delito (cometido por un menor inimputable) no podíamos acceder a la causa, no podíamos ser querellantes", resalta Mariela.
Los Sperani lucharon para que el artículo 91 del Código Procesal Penal provincial se declare inconstitucional.
"Toda la decisión era del juez y no podíamos participar en las pericias, no podíamos poner perito de parte, ni conocer qué decía el expediente. Con esta ley, estarán obligados a informar a las víctimas", valoró Mariela.
Hay un aspecto que no está contemplado en la nueva ley, que para la familia de Joaquín sería importante incorporar, aunque sea como criterio de los propios jueces.
"Creemos que las familias tendríamos que conocer dónde está el victimario, cuando vuelve a estar en libertad. En el caso del asesino de Joaquín, él tiene orden de restricción de contacto de 200 kilómetros. Tuvieron esta posibilidad de mudarse de Laboulaye, algo que no sucedió por ejemplo con Vanessa Arrieta, que se cruza en Jesús María con los agresores, hay otras víctimas que están padeciendo cosas que nosotros no tuvimos que sufrir. Sin embargo, como no sabemos dónde están, podemos cruzarnos, sin ninguna intención, incluso nosotros incumplir de algún modo esa prohibición de acercamiento. Creemos que sería mejor saber dónde están, no para hacer nada, sino por prevención y eventualmente no caer en provocaciones innecesarias", razonó Mariela.
Un camino de lucha
Su lucha política empezó con el pedido de rebaja de la edad de imputabilidad. Algunos legisladores les propusieron que esa ley se llame Joaquín, pero lo rechazaron. "Conocimos muchos otros familiares y entendimos que no era correcto. Entendimos necesaria la baja de edad. Fue distinto este caso con la ley provincial porque sí sentimos que era honrar a Joaquín en darles las familias de las víctimas todo lo que él no tuvo, pero nosotros no lo solicitamos, nosotros solicitamos la adhesión a la ley nacional y nos sorprendió cuando el gobernador (Martín Llaryora) y el ministro (Julián López) nos lo anunciaron. Creemos que es una forma de que su muerte no sea en vano", relató Mariela.
Para la mujer, el nombre de Joaquín en la ley despierta profundas reflexiones y sentimientos. "El Estado falló en un montón de aspectos que quedaron expuestos en la muerte de Joaquín y como padres creemos que no estamos viendo cosas, que estamos llamado a despertar, nuestros jovenes nos necesitan mas presentes", consideró.
Mariela aseguró que tendrán un rol activo de defensa de este proyecto. "Creemos que la ley de víctimas viene a ordenar derechos en el proceso y en lo que viene después. Vamos a ir a la Legislatura, solicitamos ser parte para que se nos escuche, creemos que no es lo mismo no vivirlo que vivirlo", aseguró.
Un Estado fallido
"Joaquín destapó la olla de una serie de fallas que tiene el Estado, a él lo mataron y se llevó la tapa de esa olla. En cuestión de seguridad se puso en evidencia que no hay protocolo de búsqueda; en Educación, nadie se percató que un chico entraba y salía y que en al menos otra ocasión sacó a otro menor; y en Justicia, se descubrieron las barreras para acceder. Él pagó las consecuencias de la desidia, la inoperancia, de este Estado fallido", enfatizó Mariela.
