La gestión de la ciudad de Córdoba está intervenida, de hecho, por el Gobierno provincial. Está, sí, el intendente Daniel Passerini, pero hay otra figura que cobra relevancia a medida que se acercan los tiempos electorales y se acrecientan las demandas ciudadanas.
No fue votado por los capitalinos, pero tampoco está en las sombras: es el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien al abrigo de una decisión expresa de Martín Llaryora ha salido al rescate de la gestión municipal.
El gobernador decidió ponerle algo más que plata a la ciudad. Es cierto que destinó $ 130 mil millones a la reparación de baches y luminarias, coordinados directamente por Juan José Tuninetti, secretario de Infraestructura de la Provincia. La orden es que “viva y fresca” no entre plata al municipio. Paga la Provincia, ejecuta la Provincia, decide la Provincia. Hasta en algunas propagandas el intendente ha sido excluido expresamente de la foto.
Pero lo más relevante es que Llaryora le asignó a su ministro de Seguridad cada vez más responsabilidades funcionales en la Capital: la más notoria es el ordenamiento del estacionamiento y el tránsito, con el control de naranjitas y limpiavidrios. Ya Seguridad venía actuando con los más violentos, previa denuncia ciudadana. Fue en marzo de este año cuando la Legislatura reformó el Código de Convivencia Urbana de la Provincia y obligó a la ciudad a tomar cartas en el asunto. Decidió quedarse con las cooperativas, pero le encontró la vuelta: extendió la aplicación ya existente del estacionamiento; los naranjitas pasaron a ser constatadores, y lo que parecía irresoluble ahora funciona. Habrá que esperar el correr de los meses, todavía hay quejas de comercios y de cooperativas, pero la extorsión terminó. Y si aparece, la Policía se encarga de actuar.
El Ministerio de Seguridad absorbió la fallida Guardia Municipal de Martín Llaryora, presentada como preventiva y auxiliar de la Policía, pero que carece de herramientas clave: no puede multar, no puede detener, no tiene siquiera armas no letales. Irritaron a los cordobeses los autitos que daban vueltas por la ciudad, y hoy queda poco y nada de ese programa. Pasaron a ser Cordobeses en Alerta, bajo la órbita de Seguridad, y ya cuentan con más de 160 mil vecinos adheridos y casi 30 mil consultas resueltas.
El viernes pasado, un amplio operativo de la Policía de Córdoba, en coordinación con el municipio, desmanteló la gigantesca Feria de los Olmos, en calle Armada Argentina y colectora sur de Circunvalación. Dicen que hace cuatro años funcionaba sin habilitación; algunos dicen que más. Estaba a metros del CPC de Villa El Libertador. La Ley Antibúnkeres, a instancias del Ejecutivo provincial, permite la intervención directa en inmuebles que, se presume, son usados por los narcotraficantes. Si bien eso es de competencia provincial, la idea es mostrar mano dura y acción en Capital.
El Ministerio fue sumado, casi que de pecho y sin aviso, a la Unidad Ejecutora que anunció Passerini para controlar el estado de los boliches y los afters de Córdoba. Fue lo elegido para salir del brete del caso Wachitas, un after sindicado como aguantadero de drogas y de prostitución, que funcionaba con la venia de un grupo de inspectores municipales. Wachitas es una derivación no deseada por la política del aberrante femicidio de Agostina Vega.
Oportunidad, pero con alto riesgo
Con la participación del fiscal Raúl Garzón, la Provincia hizo control de daños: no tocaron a Quinteros (que justo ese domingo 24 de mayo y ese lunes 25 estaba en pleno festejo por el título nacional del club Belgrano) ni destaparon la olla de conexiones oscuras con el poder. Claudio Barrelier, sostiene el fiscal, es un psicópata femicida que actuó solo. Mejor que no se hable de la droga que manejan las barras, ni de la prostitución, ni de la militancia rentada. Quizá realmente eso sea Barrelier, pero le viene bien al Gobierno acotar esa mirada.
¿Esto significa que Quinteros será “el elegido” para Capital 2027? Es probable. Hoy es el que mide mejor y el que más conocimiento registra. El problema es que hacer campaña con la Seguridad es como darle un chupetín de madera al candidateado: se entusiasma, pero puede saltar un fiasco en cualquier momento.
Es extremadamente delicada el área como para pensarla en una plataforma que pueda catapultar en serio a un candidato. En general, los vomita mal.
Algunos dicen que, si encuentra reemplazo, Llaryora lo moverá a otra silla, no eléctrica. Otros dicen que Quinteros, de pasado juecista y denunciador de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, nunca será asimilado por los paladar negro del peronismo.
Todo dependerá también de la fecha en la que se decida votar y cómo aparecen en la carrera los otros interesados. Mientras, Quinteros se entretiene mordiendo el chupetín de madera. En una de esas le sale.
