El empeño por sostener la obra pública es uno de los frentes en que la administración “dialoguista” de Martín Llaryora más se diferencia de la gestión libertaria de Javier Milei. También sigue siendo permanente el reproche del Panal por el desfinanciamiento de las provincias y el derrumbe productivo de los grandes conurbanos. Pero en el rubro seguridad no hay diferencias: el alineamiento de Córdoba con la Nación es total.
Fue así mientras Patricia Bullrich estuvo al frente del área a nivel nacional, y también es óptima la relación con la actual ministra de Seguridad, la cordobesa Alejandra Monteoliva. Esa buena sintonía es parte del activo que acumula Juan Pablo Quinteros en el gabinete llaryorista, ahora que el ministerio que históricamente se consideró una tumba para las expectativas políticas se convirtió en una vidriera.
La Provincia no sólo promociona el descenso de los índices de homicidios, la incorporación de patrulleros o la creación de las nuevas fiscalías antinarcotráfico y del Fuero de Flagrancia.
Además, exhibe como un mérito el dato oficial que indica que Córdoba es la provincia con mayor tasa de encarcelamiento del país: 377 presos cada 100 mil habitantes, 46% por encima del promedio nacional (258 detenidos). También es una de las pocas que sigue construyendo a su costo cárceles para adultos y centros de tratamientos para menores en conflicto con la ley.
En simultáneo, el Gobierno hizo parte central de su política de comunicación la difusión del conteo de “naranjitas” detenidos y los allanamientos masivos de cada madrugada.
La semana pasada, la escenificación montada en torno de la aprobación de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos fue otro capítulo de una saga que recién comienza y que tiene a Llaryora y a Quinteros como personajes centrales, con algunas apariciones del ministro de Justicia, Julián López.
Lo que no habrá en esta serie es misterio: es clara la construcción política en torno de la seguridad, y más evidente parece el hecho de que el Panal ya eligió al ministro –que supo ser un aguerrido opositor del peronismo cordobés– como candidato a intendente de la Capital.
A la medida de un candidato
Llaryora puso en cabeza de Quinteros –sin objeciones del intendente capitalino, Daniel Passerini– las actuaciones en materia de seguridad ciudadana (Cordobeses en Alerta), el control efectivo de los "naranjitas" y limpiavidrios, el control de la noche como refuerzo del Ente de Fiscalización y, ahora, la posibilidad de actuar en posibles búnkeres narco, pero también en propiedades usurpadas o abandonadas que les complican la vida a los vecinos. Un amplísimo menú de problemas largamente irresueltos y de alto impacto ciudadano.
El ministro suma y sigue: se trata de una oportunidad de alto riesgo –a esos problemas hay que resolverlos–, pero es la única que tiene.
Quinteros quiere ser intendente de Córdoba desde hace muchos años y Llaryora necesita construir un liderazgo que hoy el peronismo no tiene en Capital, para tener chances de ser reelegido. La Provincia también está destinando más recursos para fortalecer con obras la complicada gestión municipal de Passerini, en momentos en que son contradictorias las versiones sobre el estado de la relación Panal-Palacio 6 de Julio.
Pero la política de seguridad ofrece a la Capital y al Gran Córdoba una narrativa que va directo a una preocupación vital, y que se condice con la preferencia mileísta que sigue dominando en las encuestas: es lo más cercano al ideario de la derecha libertaria que puede exhibir el peronismo cordobés.
El Panal también analiza que Patricia Bullrich construyó desde el Ministerio de Seguridad una imagen que supera la del Presidente, que Maximiliano Pullaro fue ministro de Seguridad del socialismo antes de ser gobernador de Santa Fe y que la seguridad es bandera en casi todos los triunfos electorales latinoamericanos. Lo que es una novedad es que un oficialismo construya sobre ese déficit.
Quinteros primero fue peronista y luego fue juecista, y ejerció como duro opositor de José Manuel de la Sota y –en especial– de Juan Schiaretti. Después se alejó de Juez. Esto también se exhibe hoy como un atributo: un factor que enerva al Frente Cívico, pero que también es difícil de digerir para amplios sectores del oficialismo. Esos sectores se concentran en el peronismo capitalino.
Esta apuesta de riesgo de Llaryora obedece también a una cuestión histórica: el ministro de Seguridad es uno de los pocos funcionarios –Liliana Montero comparte esa condición– que hablan sin el peso de los 28 años que en 2027 completará en el poder el peronismo cordobés. Sólo responde por la gestión Llaryora, algo que al propio gobernador le encantaría poder hacer.
La seguridad en campaña
La oposición ya no ridiculiza a Quinteros –los pedidos de renuncia fueron sistemáticos durante dos años, y las descalificaciones políticas también–, menos aún desde que observa que el Gobierno se volvió receptivo de las críticas y de los proyectos en materia de seguridad, y que termina haciendo suyas las propuestas planteadas por los socios de Juntos por el Cambio. La aprobación de la Ley Antibúnker por unanimidad es un dato elocuente en una Legislatura polarizada.
La apuesta de Llaryora por Quinteros desconcierta a propios y extraños, pero no sorprende a quienes proveen de encuestas al Panal (son muchos): se trata del único ministro con alto nivel de conocimiento, y la gestión en seguridad es valorada. La interpretación opositora que durante mucho tiempo reiteró que se trataba de un fusible y que saltaba a la primera crisis de seguridad, no se cumplió. El tema es que buena parte del peronismo pensaba lo mismo.
Está claro que si el Gobierno plantea a la seguridad como eje de su construcción hacia 2027, la oposición se encargará de desacreditar los méritos que se asigna el Panal. Ese es el mayor riesgo de la jugada que está poniendo en el tablero el peronismo cordobés: que cada hecho de inseguridad se transforme en una batalla política.
El oficialismo ya no podrá acusar a la oposición de hacer “politiquería” cada vez que apunte sus críticas a los temas de inseguridad que conmocionan a los cordobeses. Es el Gobierno el que está proponiendo ese campo de juego político: esa es la campaña que viene.
