Córdoba. Proponen prohibir que los concejales sean abogados en causas de narcotráfico, abusos y femicidios
El proyecto de Gustavo Pedrocca surge tras el escándalo por los vínculos de Ricardo Moreno con Claudio Barrelier, acusado de matar a Agostina Vega. Se busca fijar una incompatibilidad ética.
El concejal Gustavo Pedrocca presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Córdoba para limitar la actividad profesional de los funcionarios que ocupan cargos públicos electivos.
La iniciativa busca establecer una prohibición para que intendentes, concejales y funcionarios de alto rango no puedan ejercer como abogados defensores en causas penales de extrema gravedad.
El planteo surge como una respuesta a la conmoción social generada por el femicidio de Agostina Vega y la posterior renuncia del edil Ricardo Moreno, quien renunció tras revelarse que había defendido legalmente al principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, en una causa previa por privación ilegítima de la libertad en 2025.
Según el proyecto ingresado, la normativa alcanzaría al intendente, viceintendente, concejales y otros funcionarios de la administración municipal. El objetivo central es evitar que quienes representan al pueblo cordobés actúen simultáneamente en defensa de personas acusadas de atacar a la propia sociedad.
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Incompatibilidad ética en el Concejo Deliberante
En declaraciones realizadas a Arriba Córdoba, Pedrocca defendió la necesidad de dar esta discusión desde un plano estrictamente ético y de transparencia institucional. El edil sostuvo que existe una sensación de "impunidad total" en ciertos sectores de la dirigencia que debe ser corregida mediante normativas claras.
“Me eligen como concejal para representar al pueblo de Córdoba y después quiero defender a los que matan, roban y venden droga al mismo pueblo que los votó”, cuestionó el concejal.
Pedrocca aclaró que la intención no es privar del derecho a la defensa a los acusados, sino establecer una normativa de conducta para quienes eligen la carrera política. En ese sentido, propuso que cualquier profesional que asuma un cargo electivo deba ajustarse a los criterios de incompatibilidad que rigen para la función pública.
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Los delitos incluidos en la prohibición
La propuesta detalla una lista de delitos en los cuales los funcionarios no podrían intervenir profesionalmente bajo ninguna circunstancia mientras dure su mandato. Entre ellos se destacan los delitos contra la integridad sexual, la trata de personas, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad o genocidio.
El texto normativo también alcanza a quienes representen a imputados por delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Asimismo, se incluyen las causas por delitos contra la administración pública y contra la fe pública.
En caso de aprobarse, la ordenanza otorgaría un plazo de gracia de 30 días para que el funcionario que asuma su cargo cese cualquier tipo de intervención profesional en las causas mencionadas.
