En 2019, el recién asumido como intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, suspendió el mecanismo de concurso como puerta de ingreso a la planta del municipio que había implementado, con muchos tumbos, su antecesor durante los dos mandatos previos, Ramón Javier Mestre.
Se alegó que estaban viciados; que no se respetaba el orden de mérito; que costaba mucha plata sostener ese control, y que no tenían sentido porque seguía entrando gente a dedo. Llaryora se preparaba para una batalla con el Suoem, el gremio de los municipales, e imaginaba entonces matar tres pájaros de un solo tiro: suplantar la mano de obra de los municipales por otro personal precarizado (ergo, no agremiado); lograr hacerlo con un salario mucho más bajo (la relación era tres a uno) y de paso dar alguna contención social a quienes no tenían otra oportunidad laboral.
Argumentaba que la figura del “servidor urbano” no era creación de él sino de Luis Juez, en 2007, cuando incorporó las cooperativas de "naranjitas" y, luego, la de carreros. Y que no iba a hacer más que ampliarla a quienes estaban orgullosos de hacer tareas que los agentes de planta no querían hacer, como pintar los cordones de la vereda y la calzada.
Pero en apenas meses, todo se degeneró: la beca pasó a ser el reconocimiento explícito a la militancia rentada, con la promesa de que debían esperar unos años –en general, cinco– para luego obtener el famoso artículo 8 (que significa ser contratado, con el triple de salario); luego el artículo 9, que es en estado “interino”, y finalmente la tierra prometida del empleo público y estable de un municipio que históricamente pagó sueldos 250% superiores a la media del sector privado.
Así, la planta de personal permanente se fue achicando por efecto de las jubilaciones, y porque muchas áreas del Ejecutivo se descentralizaron: Biocórdoba, Cormecor, Tamse y el Coys. Hoy, en administración central hay 8.966 empleados, pero a los entes descentralizados fueron derivados muchos agente de planta, sin control de nadie.
En todas las áreas hay becarios, monotributistas y contratados, en lo que constituye una especie de gran municipio paralelo, del mismo número que el “oficial”. No tan caro, pero ineficiente y oscuro.
En ese plantel, no existe el concurso, los certificados de antecedentes se pedían cada tanto –si es que se pedían– y si el privilegiado faltaba a su trabajo, ningún director o subsecretario podía tomar medidas. Eso dependía del “despacho”, es decir, del secretario que puso la firma a ese becario. El castigo no llegaba nunca. No llegó ni con Claudio Barrelier.
En la jerga, los becarios se repartieron 70-30: 70% para la gran familia del Suoem y 30% para la militancia, tanto casos como los de Ricardo Moreno, entre otros, como los de los propios funcionarios que acercaron tropa propia. Era una forma de mantener “contentos a los compañeros”.
Ante este panorama, resulta natural que la calidad de la gestión municipal sea mala. ¿Cómo podría alguien que pretende gestionar bien hacerlo con gente que no es idónea para esa tarea, que tiene poca contracción al trabajo y hasta carga con antecedentes penales?
Con tantas anormalidades, podía suceder un caso gravísimo, como el femicidio de Agostina Vega a manos de Barrelier. Y pasó.
Con un agravante: cuando en mayo de 2025 Barrelier se reincorporó al Centro de Educación Vial, después de haber estado 21 días preso, la directora del área, Florencia Barrionuevo, estaba al tanto de la detención del becario por presuntamente haber maniatado y encerrado a una jovencita. Se resistió a que se reincorporara y pidió indicaciones a su superior, el director de Tránsito, Iván Contreras, a quien informó del delito que se le imputaba a Barrelier.
Contreras le respondió que el Ejecutivo había decidido que si la detención era menor a 30 días, no correspondía darle la baja. “No se abandona a un compañero”, le repetían.
Barrionuevo y la subdirectora de Educación Vial, Carolina Sánchez, fueron las únicas que no firmaron la renuncia estándar que Eduardo Ramírez, secretario del área, les puso a todos sobre la mesa. Renunciaron, pero dejaron por escrito que sí habían advertido de Barrelier en dos oportunidades.
Una vez en mayo de 2025, y la segunda el 22 de diciembre del 2025, cuando el Ejecutivo les pidió que bajaran 30% la cantidad de becarios. Ellas pasaron un listado con cuatro: el primero sugerido era Barrelier. El segundo, otro becario ubicado por un funcionario, que iba de vez en cuando y apenas podía mantenerse en pie. Los dos fueron bochados y siguieron trabajando.
Es más, el segundo de ellos ya pasó a artículo 8 como hubiera sucedido con Barrelier si no se le imputara haber matado a Agostina.
En el oficialismo están confiados de que en horas empieza al Mundial y esto pasa. Es más, el propio Passerini le dijo a La Voz que no repondrá los concursos para la designación de personal. Con lo cual cada uno a su turno irá dejando capas geológicas de empleados no idóneos para prestarles servicios a los ciudadanos, en el mejor de los casos. En el peor, delincuentes.
Passerini no inauguró el sistema: lo heredó, pero ahora se confiesa dispuesto a mantener el statu quo. Sin reelección y sin nada para perder, podría pasar a la historia como el intendente que se animó a cortar con una cadena de acomodos y privilegios de la política que la ciudadanía ya no tolera.
Pero no. Seguiremos con agentes (becarios, contratados, interinos, permanentes, según pase el tiempo) que deberán ser bancados con recursos de los cordobeses por 10, 20 o 30 años como activos, y otros tantos más como jubilados. Es un compromiso de 50 años para las arcas públicas, que merecería precaución y celo extremos. Pero el oficialismo decidió que Barrelier es un caso aislado, que pasará pronto. El punto es que el oficialismo no tiene siempre la última palabra.
