Mensaje. El PRO exigió a Milei que priorice la agenda de transformación por sobre la continuidad de Manuel Adorni
El partido liderado por Mauricio Macri lanzó un duro reclamo al Presidente tras las polémicas explicaciones patrimoniales del funcionario sobre sus millonarias inversiones en criptomonedas.
El partido PRO le exigió este viernes al presidente Javier Milei que priorice la agenda de transformación del país por sobre la defensa de Manuel Adorni tras las inconsistencias detectadas en la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete.
La agrupación política utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje directo al mandatario nacional en medio de la creciente controversia por el origen del patrimonio del funcionario.
El cuestionamiento central apunta a la supuesta ganancia de 300.000 dólares en Bitcoin que Adorni utilizó para justificar un crecimiento de su riqueza personal que había sido omitido en presentaciones anteriores.
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Dudas sobre el origen de los fondos en criptomonedas
Referentes del macrismo, como el legislador Darío Nieto, calificaron de imposible la versión oficial sobre inversiones masivas en activos digitales realizadas supuestamente desde el año 2013.
La polémica se profundizó cuando el propio jefe de ministros admitió haber rectificado sus declaraciones juradas de años anteriores tras ser denunciado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.
El bloque del PRO enfatizó en un comunicado que no existe justificación válida para sostener a un integrante del Poder Ejecutivo que reconoció haber mentido ante el Congreso de la Nación.
Un reclamo que suma adhesiones de todo el arco político
La presión contra el ministro coordinador no solo proviene del macrismo, sino que suma voces críticas del peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica.
Incluso dentro del propio oficialismo se registraron fuertes cuestionamientos, como los de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien calificó públicamente el accionar del funcionario como una "vergüenza".
Ante esta situación, distintos bloques opositores impulsan una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación de mecanismos constitucionales de interpelación.
Mientras tanto, el Gobierno nacional intenta dar vuelta la página de la controversia mediante un incremento de anuncios de gestión para evitar la noción de una administración paralizada por los escándalos.
