La negociación paritaria entre el Gobierno provincial y el gremio docente (UEPC), como era previsible, arrancó con asperezas y sin margen para gestos amables. El rechazo de la primera propuesta salarial y la convocatoria a un paro por 24 horas para este lunes marcarán un inicio de ciclo lectivo lejos de la normalidad a la que aspiraba el gobernador Martín Llaryora.
Si bien la medida de fuerza de este lunes había sido decretada días atrás por el gremio docente nacional (Ctera), en la convulsionada asamblea de la UEPC del viernes pasado se decidió “provincializar” el paro. La resolución no fue menor: implicó trasladar el eje del reclamo al Centro Cívico y exigir una mejora concreta de la oferta inicial, que recibió un rechazo “unánime” de los delegados docentes. La escena inicial, más que una foto de acuerdo, expuso un conflicto en pleno desarrollo.
En toda negociación hay movimientos tácticos. Existe una regla no escrita que conocen quienes se sientan a una mesa paritaria: guardarse alguna carta para el momento oportuno. Todo indica que eso hizo el gobernador Llaryora en este arranque, en el que el gremio docente –el primero de los estatales en discutir salarios este año– marca el pulso del resto de las negociaciones que vendrán.
En líneas generales, la propuesta oficial quedó varios escalones por debajo de la acordada el año pasado, cuando, según datos del Centro Cívico, los estatales provinciales –en promedio– los estatales le ganaron por cuatro puntos a la inflación durante 2025. El contraste no pasó inadvertido en la asamblea gremial.
El encargado de poner la oferta sobre la mesa fue el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, principal negociador de Llaryora con los gremios estatales. La propuesta incluyó un aumento atado a la inflación del mes anterior; el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) garantizado hasta junio, pero sin actualización; y la continuidad de la suspensión del descuento destinado al Fondo para Enfermedades Catastróficas de Apross, también hasta mitad de año.
Sin embargo, los detalles fueron determinantes. El aumento por inflación no sería automático, como ocurrió el año pasado, sino que quedaría supeditado a la recaudación provincial. Además, el primer mes se liquidaría como no remunerativo. En términos prácticos, a los docentes en actividad se les “blanquea” la suba con un mes de retraso y los jubilados la perciben 60 días después. Esos puntos encendieron la reacción del gremio.
En el Gobierno reconocen que la oferta inicial es inferior a la de 2025. Consalvi argumentó ante la conducción de la UEPC que el escenario financiero provincial “empeoró mucho” de cara a este año. Los números –sostienen en la Provincia– no acompañan.
La recaudación acumula ocho meses consecutivos de caída y los pronósticos indican que la inflación se mantendrá por encima del 2% durante al menos dos o tres meses más. A esas variables se suma la rebaja impositiva decidida por el gobernador: implicará 900 mil millones de pesos menos en las arcas provinciales. Un margen fiscal más estrecho que condiciona cualquier mejora, según la versión del Gobierno.
A ese panorama se agrega otro factor de incertidumbre: la negociación con la Nación por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El acuerdo vigente vence el 30 de marzo y, por ese convenio, el organismo nacional envía actualmente 5.000 millones de pesos mensuales al sistema previsional cordobés.
Llaryora aspira, al menos, a duplicar ese monto hasta los 10 mil millones para este año. Si lo logra, ya anticipó que destinará esos recursos a mejorar la situación de los jubilados provinciales, un sector que siempre gravita en las discusiones salariales.
Los pasivos tienen peso propio en la estructura gremial y su voz influye en las decisiones sindicales, especialmente en el ámbito docente.
Posibles mejoras
El trasfondo político tampoco es neutro. La reciente sanción de la nueva reforma previsional, impulsada por Llaryora en diciembre y hoy cuestionada en Tribunales por una denuncia de presunta inconstitucionalidad presentada por los gremios, tensó el vínculo con los estatales. En ese contexto, el arranque áspero de la paritaria docente resultaba previsible.
En el Gobierno aseguran que mantendrán la premisa de atar los aumentos a la inflación. No obstante, admiten que hay márgenes para ajustar algunos puntos y destrabar el conflicto, luego del rechazo “unánime” de la asamblea provincial.
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Roberto Cristalli, titular de la UEPC, fue claro al plantear la posición del gremio: “Los docentes cordobeses aspiramos a recuperar salario. Entendemos la situación económica, pero si el Gobierno provincial dice que la educación es una de sus prioridades, debe mejorar los salarios de los docentes. La cuestión de infraestructura también es importante, pero lo principal es el capital humano, que son los docentes”, sostuvo el gremialista.
Entre las cartas que el Ejecutivo aún no expuso aparecen varias alternativas: volver automático el aumento por inflación, actualizar de algún modo el Fonid o extender durante todo el año la suspensión del descuento para Apross. Son movimientos que podrían modificar el ánimo en la mesa de discusión.
También asoma la posibilidad de mejorar la situación de los jubilados, en caso de que prospere un nuevo acuerdo con la Anses. Y, quizá, la jugada más fuerte: refinanciar la deuda que muchos docentes mantienen con la tarjeta de crédito del Banco de Córdoba, una medida que ya se aplicó para integrantes de las fuerzas de seguridad. La UEPC ya formalizó un pedido en ese sentido.
Todo indica que la discusión será extensa y que no habrá definiciones inmediatas. En el Centro Cívico confían en que el paso de los días juegue a su favor.
Tumultos en la asamblea
Los incidentes ocurridos en la asamblea provincial docente del viernes pasado generaron preocupación en el Centro Cívico. La fuerte interna en la UEPC entre la cúpula provincial y la delegación de la Capital que lidera Franco Boczkowski, dirigente del Partido Obrero, se reflejó en un tumultuoso final de la asamblea, que se reiniciará el martes próximo.
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La asamblea del próximo martes podría resolver un nuevo paro para la semana próxima, decisión que quedará atada a la eventual presentación de una nueva propuesta de la gestión llaryorista.
Mientras tanto, en el Gobierno remarcan un dato que consideran clave: los días de paro serán descontados. Cada docente que adhiera a una medida de fuerza por 24 horas perderá el 5% de su salario. Un mensaje que, en plena pulseada, también forma parte de la negociación.
Boczkowski, junto a los delegados de Capital, y otros docentes que no tenían autorización para participar de la asamblea provincial porque no eran delegados, impulsaban un paro de 48 horas para lunes y martes que viene.
La conducción provincial era partidaria de rechazar la primera propuesta de la gestión llaryorista, pero un medida de fuerza sólo para el lunes. El titular de la delegación Capital acusó –a los gritos– a Cristalli de ser un "burócrata que acuerda con la Provincia", mientras era retirado por otros delegados.
Este martes, la asamblea provincial de la UEPC debe resolver los pasos a seguir. La cúpula provincial es partidaria de aguardar una nueva oferta salarial de la Provincia, pero delegaciones opositoras como las de Capital y Río Cuarto impulsan declarar otro paro para la semana que viene. El pronóstico es de una asamblea caliente, con pronóstico reservado sobre la decisión final.
