La gestión libertaria de Javier Milei sigue acumulando dificultades. A las polémicas que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a causas judiciales sensibles como $Libra –que involucran directamente al propio Presidente–, se suman las tensiones que atraviesa el plan económico. En este escenario, al Gobierno nacional le surgió un nuevo frente de conflicto: después de más de dos años en silencio, las organizaciones piqueteras volvieron a ganar la calle tras la decisión oficial de eliminar el plan Volver al Trabajo.
La reaparición no fue menor. En las principales ciudades del país, incluida Córdoba, las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) se movilizaron este martes con un mensaje amenazante: el conflicto en las calles está de regreso. Y no como un episodio aislado, sino como el inicio de un plan de lucha que, advierten, "será progresivo" en las próximas semanas.
La medida que encendió la mecha de la reacción de los piqueteros fue la decisión del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, de dar de baja el plan Volver al Trabajo, y reemplazarlo por un esquema centrado en la capacitación laboral mediante voucheres, articulado con empresas privadas y algunas estatales.
Volver al Trabajo no era un programa nuevo, sino la reformulación del histórico Potenciar Trabajo, impulsado durante el kirchnerismo y que llegó a contar con 1,3 millones de beneficiarios.
En febrero de 2024, apenas dos meses después de asumir y ya al frente de la cartera –rebautizada desde el antiguo Ministerio de Desarrollo Social–, Pettovello resolvió desenganchar el monto del beneficio ($ 78.000) del salario mínimo, vital y móvil.
Desde entonces, ese subsidio quedó congelado, al igual que el bono para los jubilados nacionales. De haber seguido la inflación, hoy rondaría los $ 400 mil.
Ese congelamiento marca el final de una etapa. Este mes, los beneficiarios cobrarán por última vez los $ 78 mil. De los 950 mil que aún permanecen en el esquema, poco más de 135 mil se inscribieron en el nuevo sistema de capacitación, que prevé tareas formativas en empresas que aceptaron participar del programa.
Las críticas y la reacción de los piqueteros no tardaron en aparecer. Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero en Córdoba, acusó al Gobierno nacional de favorecer a sectores empresarios.
“Los libertarios son unos mentirosos. Dicen que van a capacitar a casi un millón de desocupados. Lo único que harán es transferir recursos del Estado a sus empresarios amigos. Tienen congelado el monto en $ 78 mil desde hace casi dos años y medio. Eso alcanza para dos garrafas o cuatro kilos de carne, pero ahora irá a otros bolsillos de los amigos de los libertarios”, cuestionó el dirigente, al final de un acto que se realizó en las inmediaciones del Patio Olmos.
Berardo también apuntó contra el operativo de seguridad desplegado por la Policía de Córdoba, que buscó impedir cortes totales de calles en el Centro. Sin embargo, durante algunas horas, el tránsito se vio interrumpido en avenida Vélez Sársfield.
Plan de lucha
Durante meses, el Gobierno destacó como uno de sus principales logros la desarticulación de las protestas piqueteras. La combinación de control en la calle y causas judiciales contra dirigentes sociales –especialmente del Polo Obrero– había reducido de manera notable la conflictividad en las calles.
La estrategia de mano dura aplicada desde el Ministerio de Capital Humano logró –al menos hasta ahora– disminuir la injerencia de estas organizaciones, históricamente capaces de condicionar a distintos gobiernos a través de las protestas callejeras.
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Ese repliegue de los piqueteros, durante los últimos dos años, había generado una calma relativa en grandes centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Córdoba y Rosario.
Pero la escena comenzó a cambiar. Con la movilización de esta semana, el frente piquetero busca recuperar protagonismo y reinstalar su capacidad de presión, en este caso sobre el gobierno de Milei.
En Córdoba, el Polo Obrero ya anticipó que acompañará el reclamo de los docentes, en medio de la dura negociación salarial que mantienen con la gestión del gobernador Martín Llaryora con el gremio de la UEPC.
Hasta ahora, la administración libertaria había avanzado sobre el sistema del asistencialismo, sin modificar el núcleo del esquema: congeló los montos, eliminó la intermediación de los piqueteros –que implicaba la columna vertebral del financiamiento de las organizaciones–, pero mantuvo el pago directo a los beneficiarios. La eliminación de ese ingreso marca ahora un punto de inflexión.
El impacto no se limita al universo de los desocupados. La salida de circulación de esos fondos tendrá efectos en el consumo. Se estima que unos 75 mil millones de pesos mensuales dejarán de llegar a los hogares más vulnerables, dinero que fundamentalmente se destinaba a la compra de alimentos básicos.
En Córdoba, el efecto también se hará sentir. Solo en la Capital, unos ocho mil beneficiarios dejarán de percibir el ingreso, lo que representa alrededor de $ 624 millones mensuales menos en el circuito comercial, especialmente en los negocios de cercanía en los barrios.
Aun así, el Gobierno mantiene en pie su principal política social: la Tarjeta Alimentar, que alcanza a 3,7 millones de personas en todo el país. A través de este programa, que se acredita directamente en una tarjeta, la Nación destina más de 300 mil millones de pesos por mes.
En Córdoba, más de 200 mil personas reciben este beneficio, con una inyección mensual cercana a los 15 mil millones de pesos, que también se vuelcan al consumo en comercios barriales.
Sin datos
Mientras redefine el esquema, el Gobierno avanza con señales parciales. La semana pasada, Pettovello inauguró en el barrio porteño de La Paternal el primer centro de capacitación para desocupados, una experiencia piloto del nuevo modelo.
Desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que realizarán relevamientos en todo el país para detectar perfiles laborales demandados por las economías regionales.
Sin embargo, en Córdoba aún no hay precisiones: no se conoce qué empresas se sumaron ni cómo se instrumentará el programa. Tampoco se replicó, por ahora, un centro de capacitación similar al de la Capital Federal.
En ese contexto de incertidumbre, la eliminación de Potenciar Trabajo reactivó a las organizaciones piqueteras, que parecían debilitadas y bajo presión judicial. Ahora, con un escenario social más tenso y un desgaste creciente en la imagen del Gobierno, buscan volver ganar las calles con protestas que generan malhumor social en muchos ciudadanos.
La advertencia y amenaza de los piqueteros ya está planteada: las protestas podrían repetirse cada semana. Para Milei, que había hecho de la desaparición de los piquetes una bandera de gestión, se le abre un nuevo desafío, en un contexto de debilidad política creciente.
