Figura en los manuales. Apelar a la herencia para tratar de explicar las más disímiles situaciones y vicisitudes que atraviesa una gestión. Pero tanto apelar a ese recurso puede tornarse ineficaz o hasta grotesco.
La gestión de Daniel Passerini, que se está llevando el mayor peso de las derivaciones y conexiones del femicidio de Agostina Vega, apeló al manual y busca saltar hacia adelante echando culpas para atrás.
Si bien el intendente capitalino y los suyos reconocieron tímidamente algunos yerros propios, la principal argumentación que están utilizando en materia de ingresos de personal y de controles de la noche pasa por lo actuado por sus antecesores.
Tiene alguna lógica y elementos que lo sostienen, pero las debilidades son más que palmarias.
Está más que claro que las gestiones municipales anteriores no tienen autoridad para opinar sobre ingresos de empleados al municipio y de los controles de la noche, en especial la de Luis Juez y Ramón Javier Mestre.
De hecho, no sólo por eso, ya los cordobeses hicieron una valoración en las urnas sobre esas y otras administraciones municipales.
Es incontrastable que el descontrol de la noche lleva décadas en la ciudad, pero es insoslayable que la responsabilidad siempre es de quien gobierna.
Y esta administración municipal forma parte de un proyecto político que gobierna la ciudad desde hace seis años y medio.
De hecho, Passerini fue el vice del anterior intendente y actual gobernador, Martín Llaryora.
Por ello, el recurso de culpar para atrás puede volverse más que riesgoso.
Es que en ese pasado reciente hay elementos complejos, como la denominada "causa Bomberos", que en realidad es un entramado que investiga habilitaciones irregulares de distintos locales en diferentes rubros, entre ellos, de la noche.
Los hechos se remonta a 2008, pero se mantienen hasta 2023, y el principal acusado es el extitular de Bomberos y exsubjefe de Policía, Gustavo Folli, a quien Llaryora designó en Defensa Civil cuando fue intendente capitalino.
El fiscal Guillermo González escuchó a “arrepentidos” que formularon graves cargos contra empresarios de la noche y contra funcionarios.
De hecho, hay descriptas en este expediente una serie de relaciones entre importantes dirigentes del peronismo con empresarios de la noche y hasta llamadas que piden agilizar algunas habilitaciones.
Uno de los que está imputado y tiene su causa elevada a juicio es Marcos Genaro, que sigue operando varias decenas de lugares de entretenimiento.
Justamente por esa causa y su impacto, Passerini creó el famoso Ente de Fiscalización y Control.
Dar vuelta la página puede ser una tarea de extrema complejidad
Un año y medio después, se crea una especie de ente del ente, por el estrépito de lo que se derivó del femicidio de Agostina Vega.
El intendente incorpora a esa Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad de la Provincia, encabezado por Juan Pablo Quinteros, quien –si se mantiene la idea de revisar gestiones municipales anteriores– fue subsecretario de Control Institucional y Transparencia del Estado de la Municipalidad de Córdoba en la gestión de Juez.
Un elemento más que muestra los riesgos de revolver tanto el pasado y la herencia.
Una unidad básica en el PJ
Mientras la Municipalidad parece asumir los mayores costos y estallidos del estrépito institucional del caso Agostina, otros estamentos de poder siguen casi como si nada.
Pese a todos los cuestionamientos, se concretaron los cambios y premiaciones en la estructura del Poder Judicial aprobados a fin del año pasado y que implican una llaryorización de la Justicia.
No asumió en el cargo con el que lo habían premiado en la Procuración Penitenciaria el fiscal Iván Rodríguez, el que liberó a Claudio Barrelier hace un año en la causa por privación de la libertad y ni siquiera avisó de esa liberación a la víctima.
Rodríguez había sido distinguido para ese organismo judicial, de difusas funciones, por otros servicios al poder político.
Pero el congelamiento de su asunción no fue lo más importante. Lo central es que se concretó la llegada al Ministerio Público Fiscal de un dirigente peronista llaryorista desde la primera hora en San Francisco, como Néstor Gómez, quien ya es fiscal Adjunto.
Por ende, la Fiscalía General ya puede considerarse una unidad básica del PJ, sigla que coincide tanto para Poder Judicial como para Partido Justicialista.
El fiscal General Carlos Lezcano viene de la militancia, aunque tuvo carrera judicial. Tres de los adjuntos pasaron directo de la tarea partidaria a la judicial: el delasotista Héctor David, el schiarettista José Gómez Demmel y ahora el llaryorista Gómez.
Si el caso Agostina venía con una demanda ciudadana de independencia de poderes, por ahora no fue atendida.
