Desde hace una semana, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, mantiene reuniones reservadas con Sergio Castro, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Pero la de este lunes aparece como decisiva: el gobernador Martín Llaryora aspira a cerrar esta semana las negociaciones paritarias con los principales gremios estatales cordobeses.
Tal como lo habían anticipado desde el Centro Cívico, luego del trabajoso acuerdo con el gremio docente (UEPC), la gestión llaryorista le ofreció al SEP –y al resto de los sindicatos públicos– el mismo esquema salarial que cerró con los docentes: un piso de aumento global del 40% anual, con cláusula de revisión por inflación en octubre.
Más allá de ese piso del 40%, el acuerdo con la UEPC tuvo sus particularidades. La principal es el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que se incrementará en un 92% hasta enero próximo.
Es justamente allí donde aparecen las diferencias sectoriales que Consalvi y su equipo deben desandar en la mesa de negociación con los ocho gremios públicos provinciales que aún no firmaron la paritaria.
El SEP, el gremio más numeroso después de la UEPC, y los demás sindicatos no cuentan con el Fonid. Se trata de un componente exclusivo del sector docente que anteriormente financiaba la Nación, pero que el presidente Javier Milei dejó de enviar desde mediados de 2024, cuando se hizo cargo la Provincia.
En ese contexto, Castro y la cúpula del SEP llevaron distintos reclamos a la mesa de negociación, con un objetivo claro: que sus afiliados terminen percibiendo una mejora equivalente a la que obtuvieron los docentes.
La UEPC acepta un importante incremento para el trimestre febrero-marzo-abril que, en el caso de maestras y maestros del nivel primario, superó el 23% en apenas tres meses.
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Sin embargo, ese aumento de los docentes es no remunerativo. Es decir, no impacta en el salario básico, ni alcanza a los jubilados del sector.
El SEP está dispuesto a aceptar ese mismo esquema de aumentos no remunerativos que, en el caso de la categoría I –la más baja del escalafón de la administración pública provincial– también rondaría el 23%.
Después de ese aumento inicial, que los sindicalistas denominan “de recuperación salarial”, desde mayo los incrementos quedarán atados a la cláusula gatillo, ajustándose según la inflación del mes anterior.
El frente de Salud
Uno de los puntos que el SEP prioriza en la negociación paritaria es el sector de Salud, donde conviven además los grupos autoconvocados. Aunque estos no discuten salarios directamente con la Provincia.
En esa discusión, el SEP exige que se cumpla uno de los compromisos asumidos por Llaryora: la puesta en vigencia de la denominada Ley de Equipos de Salud, sancionada en 2023.
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Según trascendió de las conversaciones entre el Gobierno y el SEP, la aplicación de esa norma beneficiaría a unos 1.200 integrantes de los equipos de salud, que verían incrementados sus salarios en casi un 100%.
Castro también puso sobre la mesa otro reclamo sensible: las vacantes en hospitales y en el resto de la administración pública provincial.
Llaryora aplica en la Provincia una receta similar a la que ya había utilizado en la Municipalidad de Córdoba: cubrir vacantes con monotributistas y becarios que perciben salarios muy inferiores a los cargos de planta permanente.
Frente a ese esquema, el titular del SEP pidió un plan de largo plazo que permita incorporar progresivamente a esos becarios y monotributistas a cargos de planta.
Aunque el gobernador viene aplicando un fuerte ajuste en su gestión, Consalvi insiste ante los gremios en que el recorte no pasará por los salarios ni por la partida de personal.
Las conversaciones con el SEP están avanzadas. En el Centro Cívico creen que este lunes podría sellarse el acuerdo con la conducción sindical, para que luego la propuesta sea sometida a una asamblea general de delegados de toda la provincia.
La aprobación podría concretarse el próximo miércoles, abriendo así el camino para que Consalvi inicie la negociación con los otros sindicatos con menor cantidad de afiliados.
El reclamo de los jerárquicos
Luego de la extensa y áspera negociación con los docentes –que demandó 75 días y tres paros–, Consalvi quiere cerrar esta semana la discusión con el resto de los estatales.
Si con el SEP el entendimiento parece cercano, con la Unión Personal Superior (UPS) el panorama luce bastante más complejo.
Se trata del gremio que representa a los empleados jerárquicos, cuyo principal reclamo apunta a que los aumentos sean remunerativos para que también alcancen a los jubilados, que representan casi la mitad de sus afiliados.
María Inés Palacios, presidenta de la UPS, ya mantuvo una reunión con Consalvi. Aunque también decidió elevar una nota formal al gobernador Martín Llaryora.
En esa misiva, la contadora y dirigente gremial puso el foco en la pérdida salarial del 8,9% que –según sostiene– sufrieron los jerárquicos, tras la aplicación de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.
“La pirámide salarial se encuentra prácticamente desdibujada. Las seis categorías que representan al personal superior se han visto progresivamente equiparadas con los ingresos del personal a cargo, generando un marcado perjuicio, especialmente en el caso de los jefes de área”, señaló Palacios, titular de la UPS.
El gremio reclama que los aumentos destinados a “recuperar salarios” sean remunerativos, una exigencia difícil de aceptar para la Provincia, más allá de que el universo que representa la UPS apenas alcanza a unos 800 miembros de las áreas de conducción de la administración pública provincial.
Más allá de las diferencias con los jerárquicos, en el Centro Cívico están convencidos que el secretario General de la Gobernación podrá cerrar esta semana la discusión paritaria con todos los estatales provinciales.
