Conflicto judicial. Negociación y tregua: se postergan los descuentos y no habrá paros hasta fin de mes

Sin que se vislumbre todavía una solución, el Gobierno de Martín Llaryora comenzó a desandar el primero de los múltiples conflictos que desde hace semanas se encuentran en plena escalada en el Poder Judicial de Córdoba.

A sugerencia del Ministerio de Justicia, el secretario de Trabajo, Omar Sereno, convocó a una conciliación voluntaria a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial y a los representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Las partes aceptaron esa alternativa, que supone el mantenimiento del status quo hasta fin de mes.

Esto supone que en los recibos de sueldo de junio no se aplicarán descuentos por los múltiples días de paro que llevaron adelante los judiciales y como contrapartida el gremio no realizará nuevas medidas de fuerza.

El plazo de la tregua es perentorio y fue impuesto por la asamblea gremial: si hasta el 30 de junio no hay una propuesta salarial que sea satisfactoria, habrá un paro de 72 horas los días 1, 2 y 3 de julio. Y se mantiene también la previsión de otro paro de 60 horas cuando concluya la feria judicial.

La postura que expuso el titular del gremio judicial, Federico Cortelletti, reiteró la exigencia de una urgente recomposición salarial y apuntó especialmente contra la Ley de equidad jubilatoria. Según el gremio, esa ley aprobada en diciembre pasado desbarató la primera cuota de la equiparación en curso obtenida el año 2025 y también desvirtuó en su totalidad aquel acuerdo del año pasado, logrado en una negociación similar a la que está comenzando ahora.

En la reunión no hubo ningún integrante del TSJ. La representación patronal estuvo en manos del Administrador General del Poder Judicial, Luis Sosa Lanza Castelli; el Director de Recursos Humanos, Edgardo Dainotto, y el Director General de la Administración, Augusto Bartolomei. Por el gremio estuvieron Cortelletti, Agostina Noccioli, Adrián Valan, Santiago Durgam y Martín Méndez junto con el abogado José Yacanto. Las partes volverán a reunirse el martes 23 a las 10.

Ahora, tanto el gremio como la cúpula del Poder Judicial miran al Panal. Es el Ejecutivo el que diseñará la propuesta salarial. A la administración Llaryora el conflicto con los judiciales ya le resulta muy complicado por la clara afectación del servicio de Justicia, pero también por la superposición de problemas que emanan de los Tribunales.

Hasta ahora el Ejecutivo no mostró ninguna reacción frente al insistente reclamo de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que también objetan la ley de Equidad Jubilatoria que en diciembre les impuso aportes personales extraordinarios de 8 puntos porcentuales.

En el Tribunal Superior hay unos 850 reclamos administrativos por el incumplimiento de la ley de Equiparación con la Justicia federal a causa de esos descuentos salariales extraordinarios. Hasta ahora no se conocieron resoluciones administrativas para esos planteos. Tampoco hubo avances concretos en las negociaciones que intentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Mientras la sociedad cordobesa aguarda el esclarecimiento del brutal femicidio de Agostina Vega, los reclamos también se multiplican dentro de los Tribunales. Más allá del frente salarial, también se multiplican las quejas por la falta de personal. El martes pasado fue el fiscal general, Carlos Lezcano, quien debió escuchar los reclamos de un grupo de fiscales de Capital y del interior que, acompañados por la conducción de la Asociación de Magistrados, plantearon la "grave y alarmante" situación de las Unidades Judiciales por la falta de recursos y por el creciente impacto del conflicto gremial.