La lluvia de recursos administrativos que presentaron los magistrados provinciales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el fuerte recorte salarial desorientó a todos en el Palacio de Justicia. Como se sabe, el foco del conflicto es la suspensión en los hechos de la Ley de Equiparación Salarial con los magistrados federales.
El salario calzado debería ser el 90% de un federal, pero está más cerca del 75%.
Antes de que los magistrados hicieran la presentación masiva, se esperaba que el Gobierno provincial hiciera una “oferta” de rebaja gradual de aportes personales de 8%, ubicándolos en 6% dentro de algunos meses, posiblemente en octubre. Pero tras el masivo acto del jueves pasado, el grueso de los magistrados avisó a los interlocutores informales del conflicto que ese esquema de recomposición salarial sería insuficiente.
“No hay una vía de diálogo abierta con el Gobierno provincial, que es el que debe girar los recursos para el funcionamiento independiente del Poder Judicial. Parece una jugada extorsiva del gobernador para que vayamos al pie”, se quejó un importante camarista.
No está claro cuál será el desenlace de la crisis que tiene al servicio de justicia funcionando a media máquina, por la combinación de medidas de fuerza de los empleados y el trabajo a reglamento de los magistrados.
En el Centro Cívico niegan esta situación. Aseguran que el gobernador Llaryora estudia el tema y que dará una respuesta en los próximos días, a través del Tribunal Superior de Justicia.
En el oficialismo también aseguran que la protesta de los funcionarios judiciales es más "ideológica" que salarial. "Por qué no le reclaman a (Javier) Milei, que en los últimos dos años les hizo perder el 25% del poder adquisitivo de los salarios", dijo una fuente cercana al gobernador.
El “histórico” que vuelve al sector privado
El recambio de directorio en Bancor generó sorpresa en los ámbitos político y económico de Córdoba, especialmente por la incorporación de Ércole Felippa y del economista Hernán Lacunza, dos figuras sin pertenencia al cordobesismo que lidera el gobernador Martín Llaryora.
La renovación también incluyó la ocupación del lugar de Pedro Dellarrosa, exministro, de breve paso por la conducción de la entidad, y el reemplazo de Elio Sánchez.
Sin embargo, en el sector financiero cordobés el dato más comentado fue el alejamiento de Hugo Escañuela, uno de los directivos “históricos” del banco.
Contador de profesión, Escañuela llegó a Bancor durante el proceso de transformación que siguió al intento de privatización de comienzos de los años 2000, cuando la entidad atravesaba serias dificultades y estaba lejos de cumplir los lineamientos del Banco Central.
Posteriormente ocupó la presidencia y la vicepresidencia durante más de ocho años, además de integrar el directorio. El jueves pasado fue relevado de su cargo y acordó su desvinculación, con lo que cerró una extensa etapa en la institución. “Vuelvo al sector privado”, comentaba a allegados.
Natalia de la Sota cruzó a Schiaretti
Luego de varios meses de bajo perfil en su nuevo rol de diputado nacional, el exgobernador Juan Schiaretti volvió a la escena con los tapones de punta: pidió directamente la renuncia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni.
En sintonía con estos días de efervescencia mundialista, quien salió a pegarle fuerte y al pecho al exgobernador fue la diputada nacional Natalia de la Sota.
“Schiaretti y los diputados de Córdoba, y del PRO, se indignan ahora con las explicaciones de Adorni, pero hace un mes, cuando pedimos interpelar al jefe de Gabinete, parece que no escuchaban nada. Me da tristeza que en la política se actúe por encuestas y no por convicciones”, disparó la legisladora peronista cordobesa, hoy alejada del Gobierno provincial, pero sobre todo de Schiaretti.
La relación entre ambos se quebró en 2022, cuando, según la mirada de la ahora diputada nacional, el entonces gobernador “no hizo nada” para que ella fuera la compañera de fórmula de Martín Llaryora.
En aquel momento, tanto Schiaretti como el actual mandatario provincial se inclinaron por la radical Myrian Prunotto para completar la fórmula del oficialismo cordobés.
Ortiz Pellegrini, contra Passerini
Después de que Ricardo Moreno renunciara como concejal suplente, en medio del escándalo político que estalló cuando el dirigente peronista admitió haber “recomendado” a Claudio Barrelier -principal acusado por el femicidio de Agostina Vega- para que fuera designado como becario en la Municipalidad de Córdoba, desde el entorno más cercano a Daniel Passerini se ocuparon de remarcar que el intendente ya había apartado a otros dirigentes de la política cordobesa, más allá del cuestionado Moreno.
En la lista mencionada por los passerinistas, apareció el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien en 2009, cuando integraba el bloque del Frente Cívico, renunció como legislador provincial luego de que el PJ lo acusara de litigar contra el Estado mientras ocupaba una banca en la Legislatura.
“Daniel lo echó por indigno”, aseguró en este espacio un funcionario cercano al intendente, quien había promovido la denuncia contra Ortiz Pellegrini, por ser titular del bloque oficialista.
Ortiz Pellegrini rechazó de plano esa versión y respondió en duros términos, y en nombre propio.
“Passerini habla a través de voceros. Yo lo digo con nombre y apellido: no me echó; yo renuncié a la banca por un carpetazo, de manera espuria, que me armó Passerini. Fabricó un proceso judicial con noticias falsas. Después, ya fuera de la función pública, fui sobreseído en todas las causas y los cómplices de Passerini, incluidos algunos integrantes de la prensa, fueron condenados por daños y perjuicios en juicios civiles. Menos el autor (Passerini), porque tenía fueros”, argumentó el abogado, de origen radical, aunque luego se incorporó al juecismo.
