Imagen. Milei, Kicillof y Llaryora coinciden en una decisión: no quieren funcionarios en el Mundial
Con distintos grados de formalidad, Nación, Buenos Aires y Córdoba transmitieron la misma señal a sus equipos: evitar viajes a Estados Unidos, México y Canadá en medio de la crisis económica y del clima preelectoral. Qué pasa en la Municipalidad cordobesa.
Gobernadores y presidentes pueden discutir estrategias, leyes o alianzas políticas, pero hay una escena que parece atravesar por igual a oficialismos y oposición: la necesidad de evitar imágenes de funcionarios en el Mundial de fútbol mientras buena parte de la sociedad enfrenta dificultades económicas.
Por eso, en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, distintas administraciones comenzaron a transmitir una misma señal. Por ejemplo, el Gobierno nacional recomendó a sus funcionarios y legisladores que eviten viajar al torneo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof impartió una prohibición expresa y, en Córdoba, el gobernador Martín Llaryora también bajó una directiva en el mismo sentido.
La coincidencia no es casual, ya que en todos los casos el razonamiento combina austeridad, lectura política y prevención de costos de imagen en un contexto económico complejo y con una campaña electoral que, aunque todavía distante en el calendario, ya empezó a influir en las decisiones de gestión.
En la Casa Rosada, el tema adquirió especial relevancia después de la controversia generada por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió a medios porteños, desde el oficialismo nacional se enviaron recomendaciones a funcionarios y legisladores para que se abstengan de asistir al Mundial y eviten así abrir nuevos frentes de cuestionamiento público.
Formalmente no existe una prohibición y los funcionarios pueden viajar siempre que puedan justificar patrimonialmente los gastos y estén disponibles para regresar si la actividad legislativa lo requiere. Sin embargo, varios dirigentes reconocieron que hubo un pedido informal para evitar desplazamientos que puedan generar “ruido” político innecesario.
La preocupación no se limita a la imagen pública. Según dijeron, en el Gobierno nacional también buscan impedir que el Mundial afecte el ritmo de trabajo del Congreso. El oficialismo pretende avanzar durante junio con una serie de proyectos que considera prioritarios, entre ellos la denominada Ley Hojarasca, el llamado “Super RIGI”, modificaciones societarias y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).
La provincia de Buenos Aires adoptó una posición todavía más estricta. Allí, Kicillof ordenó directamente que los integrantes de su administración no viajen a la Copa del Mundo.
El mensaje fue transmitido por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien dejó en claro que los funcionarios deberán seguir los partidos desde sus hogares o desde los espacios públicos que se habiliten para ver los encuentros de la Selección Argentina.
La medida se explica por la delicada situación financiera que atraviesa la provincia y numerosos municipios bonaerenses. En la gobernación consideran que cualquier fotografía de funcionarios en estadios mundialistas podría entrar en contradicción con el discurso de austeridad que buscan sostener frente a los reclamos por recursos y las disputas con la Nación por el reparto de fondos.
Incluso, según se informó, la administración bonaerense implementó mecanismos de control para detectar si integrantes de la estructura estatal habían adquirido entradas para asistir a los partidos en Norteamérica.
Qué pasa en Córdoba
En Córdoba, la señal fue similar, aunque sin llegar al nivel de formalidad exhibido por Buenos Aires. El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, confirmó que existe una orden directa del gobernador Llaryora para que los integrantes de su gabinete mantengan un perfil de austeridad y cercanía con la ciudadanía.
Dentro de esa lógica se inscribe la indicación de no asistir al Mundial. El objetivo, explicó Pastore en La Voz en Vivo, es evitar que se proyecte una imagen de desconexión respecto de las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población.
Para el Centro Cívico, una imagen de funcionarios en Estados Unidos, México o Canadá durante varias semanas podría entrar en tensión con ese mensaje.
Sobre el contexto político (marcado por el femicidio de Agostina Vega) el ministro provincial aclaró que la decisión de Llaryora fue anterior a lo sucedido con la adolescente.
La situación es diferente en la Municipalidad de Córdoba. Consultado por este medio, fuentes municipales indicaron que no existió "una orden taxativa", pero el intendente Daniel Passerini apela - en un momento delicado de la ciudad- a que se imponga el sentido común.
"Nadie va a viajar", afirmaron para subrayar que la mirada es compartida por todos los funcionarios.
