En el Centro Cívico ya casi no se habla de otra cosa: las elecciones provinciales del año próximo, que aún no tienen fecha, dominan las conversaciones y las estrategias. Sin embargo, antes de esa pulseada el oficialismo provincial tendrá una parada clave. El 6 de septiembre de este año se realizarán las elecciones municipales de Marcos Juárez, una ciudad políticamente simbólica que hoy es gobernada por la macrista Sara Majorel.
En el PJ aseguran que el gobernador Martín Llaryora ya bajó una directiva clara a sus operadores políticos del interior: avanzar en la búsqueda de un acuerdo con el vecinalismo local. La consigna es simple, pero su ejecución promete ser compleja en una plaza donde las identidades partidarias conviven con fuertes liderazgos territoriales.
El mandatario provincial cree que Pedro Dellarossa, exintendente de esa ciudad y actual funcionario del Banco de Córdoba, conserva una alta imagen positiva y podría convertirse en el candidato del oficialismo. Pero no lo imagina en soledad: lo piensa dentro de una alianza con el vecinalismo, un espacio con raíces profundas en la comunidad y fundado por Henry Dellarossa, padre del actual funcionario llaryorista.
El vecinalismo cuenta, además, con una figura competitiva: Verónica Crescente, quien ya fue candidata en los comicios anteriores y cayó ante Majorel, que contó con el respaldo decisivo de Dellarossa. En ese tablero de equilibrios delicados, algunos dirigentes oficialistas imaginan combinaciones electorales que entusiasman. “La fórmula Dellarossa-Crescente o Crescente-Dellarossa sería imbatible, pero no será fácil de acordar”, admitió un llaryorista que conoce de cerca las internas de Marcos Juárez.
La duda surge inevitablemente en cada conversación con dirigentes oficialistas: ¿qué lugar tendrá el peronismo en ese esquema? La respuesta, pragmática, llega sin rodeos. “El peronismo se alinea cuando hay una fórmula ganadora”, sentenció un funcionario provincial.
Juez tuvo un mano a mano con Karina Milei
La escena ocurrió la noche del domingo 1 de marzo, una jornada cargada de simbolismo institucional. Tras hablar ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei convocó a legisladores nacionales libertarios y aliados, para una cena en la quinta presidencial de Olivos que combinó distensión y rosca política.
Entre saludos, conversaciones cruzadas y movimientos discretos, un dirigente libertario cordobés asegura haber sido testigo de una postal inesperada: el senador Luis Juez dialogando con Karina Milei, quien suele reservar su trato personal para un círculo de extrema confianza.
El propio senador evitó confirmar la charla, aunque un dirigente juecista reconoció que existió y que se extendió por casi 20 minutos. Según esa versión, Juez habría explicado algunos de sus votos en contra de iniciativas del Ejecutivo, como el recorte presupuestario en el área de Discapacidad.
“‘El Luis’ se fue contento porque pudo hablar con Karina y la charla fue buena. También se cruzó con el Presidente y hubo un saludo afectuoso. No volvieron las milanesas, pero achicó diferencias con los hermanos Milei”, relató, con tono confidencial, un juecista puro.
En Córdoba, Juez viene construyendo una alianza política con el diputado Gabriel Bornoroni. Sin embargo, tanto el senador como el dirigente libertario saben que la definición de candidaturas para el año próximo dependerá, en última instancia, del aval de los hermanos Milei y, especialmente, del poder que concentra la secretaria General de la Presidencia.
En ese contexto, el acercamiento del senador cordobés parece responder a una estrategia calculada: reducir distancias y mantenerse dentro del radar del oficialismo nacional.
Intendentes levantan la voz contra Milei
Por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria, un grupo de intendentes cordobeses oficialistas –junto a jefes comunales de otros espacios políticos– decidió alzar la voz de manera coordinada para reclamar al Gobierno nacional. El motivo fue concreto y sensible: la demora en el pago a los municipios de fondos correspondientes al Plan Sumar y a prestaciones vinculadas al Pami, la obra social de los jubilados.
El planteo se expresó con contundencia. “Esos recursos son indispensables para sostener la atención sanitaria en nuestras comunidades. Los intendentes del interior levantamos la voz con firmeza: los fondos de salud deben llegar en tiempo y forma. La salud de nuestra gente no admite demora”, advirtió la intendenta de San Pedro, la peronista Silvina Cabezas.
Según estimaciones de los propios jefes comunales, la Nación adeudaría unos 400 millones de pesos por prestaciones del Pami y alrededor de 8.400 millones por el Plan Sumar, un programa lanzado durante la gestión de Alberto Fernández que brinda asistencia a personas mayores de 60 años sin cobertura social.
Más allá de la discusión administrativa, en el oficialismo provincial reconocen que el reclamo también tiene una dimensión política. La estrategia apunta a visibilizar, con datos concretos, los programas y partidas que la Nación redujo o eliminó en los últimos dos años.
“Córdoba es la provincia donde mejor mide Milei, pero los cordobeses deben saber todos los programas que el Presidente les cortó. Muchos votan a los libertarios y critican al gobernador (Martín Llaryora), pero después, cuando necesitan algo, lo van a reclamar a la Provincia”, reflexionó uno de los intendentes firmantes del comunicado y dejó al descubierto la tensión latente entre respaldo electoral y demandas de gestión.
Una cuña en la Defensoría del Pueblo
El desembarco de Orlando Arduh como segundo al mando de la Defensoría del Pueblo generó varias lecturas. La obvia: su desplazamiento del Ministerio de Gobierno exterioriza la “peronización” del gobierno provincial. La más retorcida: que se trata de una semilla plantada por Martín Llaryora para avisarle a los radicales que está dispuesto a sacarle al partido el refugio que representa el organismo en años de malaria.
Ocurre que el actual defensor del Pueblo, Carlos Galoppo, ocupa el cargo de manera interina desde julio de 2024, cuando venció el mandato constitucional del radical Mario Decara, quien manejó el organismo durante 15 años. Para quedarse en el cargo, debe lograr que dos tercios de los legisladores lo avalen. Ese número no está por ahora.
Y ahora, encima, llega Arduh, tan hábil en la rosca que pasó de ser jefe del interbloque opositor en la Legislatura a funcionario del peronismo.
¿Será el nombre del desafiliado radical Arduh el que logre amalgamar votos en la Unicameral para aprobar el pliego de un nuevo defensor del Pueblo? ¿O es una señal a futuro para que los intendentes radicales con los que Arduh tuvo tanto trato sepan que la negociación por la Defensoría del Pueblo es posible?
El radicalismo maneja la Defensoría del Pueblo desde su creación, en época de Eduardo Angeloz. Sin embargo, la Constitución Provincial no prevé que el organismo sea para la oposición. De hecho, los dos primeros defensores del Pueblo eran oficialistas. José Manuel de la Sota, fan del bipartidismo, tejió con la UCR un acuerdo y dejó en sus manos la Defensoría. Juan Schiaretti respetó esa tradición. Nadie sabe qué hará Martín Llaryora cuando deba construir los puentes para intentar quedarse en el poder.
