Justicia. Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusos en el Colegio Palermo Chico, se negó a declarar
El acusado fue indagado de manera virtual, se negó a declarar y anticipó que presentará un escrito; permanece en libertad y sin restricciones para salir del país. Los detalles sobre la causa.
El empresario Marcelo Porcel, de 51 años, fue indagado este miércoles y quedó formalmente imputado por 10 hechos de abuso sexual denunciados por adolescentes que asistían al colegio Palermo Chico. Durante la audiencia virtual, el acusado se negó a declarar y solo expresó: “Soy inocente”, según fuentes del caso a las que accedió Clarin.
La indagatoria fue dispuesta por el juez Manuel Bruniard y se realizó de manera remota. A través de su abogado, Roberto Rallín, Porcel anticipó que presentará una declaración por escrito en los próximos días, en la que ampliará su versión de los hechos.
Por el momento, el empresario continuará en libertad. No tiene el pasaporte retenido ni restricciones para salir del país, aunque sí rige una prohibición de acercamiento hacia los denunciantes.
La investigación y posibles nuevos casos
Las denuncias se centran en hechos ocurridos entre 2022 y 2024, cuando los adolescentes tenían entre 13 y 14 años. Todos eran compañeros de los hijos del imputado en la institución educativa.
Pablo Gianotti, abogado de las familias denunciantes, sostuvo que podrían sumarse más casos al expediente. “Hay más menores cuyos padres no se animan a presentarlos”, afirmó en declaraciones televisivas.
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Según el letrado, al menos cuatro adolescentes más podrían declarar en el futuro. Además, mencionó la posibilidad de incorporar testimonios de dos jóvenes que hoy ya son mayores de edad.
También indicó que la Justicia evalúa la situación de uno de los hijos de Porcel, actualmente adulto, ante la posibilidad de que haya sido víctima en el mismo contexto, a partir de testimonios y pruebas recolectadas.
El contexto de las denuncias
De acuerdo a la información recolectada por Infobae, los hechos comenzaron a salir a la luz en 2024, luego de que padres de alumnos empezaran a intercambiar información sobre conductas que consideraban inapropiadas.
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Los relatos coinciden en describir situaciones ocurridas en encuentros vinculados a actividades deportivas o reuniones sociales. Según las denuncias, el empresario mantenía contacto frecuente con los adolescentes y organizaba encuentros fuera del ámbito escolar.
En esos espacios, siempre según los testimonios incorporados a la causa, se habrían producido distintos episodios que motivaron las acusaciones por abuso.
Las pericias tecnológicas también forman parte de la investigación judicial. Fuentes del caso a las que accedió Clarín, indicaron que se analizan dispositivos y registros que podrían aportar evidencia relevante.
Perfil del imputado
Porcel está vinculado a actividades empresariales en el sector agropecuario y formó parte de un holding uruguayo que tuvo la concesión del predio donde funcionaba el Buenos Aires Design, en Recoleta.
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Su entorno económico y su capacidad de recursos habían sido señalados por las familias denunciantes como un factor de preocupación durante el avance de la causa.
La investigación continúa en etapa inicial y la Justicia deberá definir los próximos pasos procesales, mientras se analizan nuevas pruebas y posibles testimonios que podrían ampliar el expediente.
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Según el expediente, el empresario organizaba reuniones y fiestas donde proveía alcohol, incentivaba apuestas online y planteaba desafíos con recompensas de dinero. En ese contexto, presuntamente incitaba a los adolescentes a desnudarse o les realizaba masajes, llegando a realizar tocamientos en sus partes íntimas.
El fiscal Turano remarcó que estas acciones se realizaban de manera "sistemática, organizada y premeditada", aprovechando los momentos en que los menores estaban bajo su guarda provisoria.
Pruebas y víctimas
Hasta el momento, la causa acumula diez víctimas, con nueve familias constituidas como querellantes bajo el patrocinio del abogado Pablo Hawlena Gianotti.
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Entre las pruebas recolectadas se destacan tres imágenes halladas en teléfonos secuestrados durante allanamientos: una de un joven duchándose y otra de un menor en ropa interior, las cuales fueron reconocidas por uno de los denunciantes y sus progenitores.
