Coimas judiciales. Dos peritos recibieron un bolso millonario en una estación de servicio y fueron detenidas

Dos peritos oficiales, la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la trabajadora social Silvia Patricia Romero, quedaron envueltas en un presunto caso de coimas judiciales y ambas fueron detenidas este jueves en la ciudad de Villa del Rosario e imputadas por el presunto delito de “exacciones ilegales agravadas”.

Para la Justicia —y durante esta primera etapa investigativa— ambas funcionarias judiciales podrían haber incurrido en un ilícito contra la administración pública, tras exigir un pago de dinero indebido por un informe pericial favorable.

Sin embargo, no se descarta que la calificación pueda agravarse a “concusión”, delito que se configura cuando el funcionario abusa del cargo y recurre a la intimidación como medio para obtener su propósito. Prevé penas de hasta 6 años de prisión.

Según una denuncia, durante al menos cuatro llamadas telefónicas las acusadas solicitaron 2.700.000 pesos para cambiar los resultados de un peritaje psicológico.

El damnificado —cuya identidad se mantiene en reserva— había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria debido a una afección en la cadera y ante el temor de no recibir atención médica adecuada de parte del Servicio Penitenciario.

Las funcionarias públicas le habrían explicado que el informe había salido negativo, un aspecto que iba a comprometer de manera directa el acceso al beneficio.

Pero la exigencia de dinero a cambio de modificar los resultados no resultó como esperaban: el abogado del denunciante, Facundo Pérez Lloveras, le recomendó a su representado realizar de inmediato la presentación judicial.

Finalmente, tras una investigación hermética, la fiscalía de instrucción y fuero múltiple de Río Segundo instruyó las imputaciones y las detenciones. Todo se concretó en la tarde del jueves, en una estación de servicio en Villa del Rosario.

Ambas funcionarias se retiraban del lugar con el bolso que aparentemente contenía el monto de la coima para fraguar el informe clave en el proceso penal.

El caso se originó cuando el imputado, actualmente sometido a proceso ante la Cámara 3ª del Crimen, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria en caso de dictarse prisión preventiva.

Para evaluar el pedido, el tribunal ordenó la intervención del equipo técnico de Río Segundo, que debía realizar la pericia psicológica y el informe socioambiental.

La entrevista psicológica se llevó a cabo con normalidad en los Tribunales de Río Segundo. Posteriormente, la trabajadora social visitó el domicilio del imputado para confeccionar el informe ambiental.

Hasta allí, el procedimiento se desarrollaba dentro de los carriles habituales.

Sin embargo, días después comenzaron los llamados telefónicos. Según relató el abogado Pérez Lloveras, en una primera comunicación la trabajadora social le anticipó que el informe psicológico “iba a salir mal”.

Esto —según dijo el letrado que habría dicho la profesional— iba a perjudicar seriamente las posibilidades de obtener la prisión domiciliaria.

Acto seguido, deslizó que la situación “podía revertirse” si abonaba una suma de dinero. El monto fue precisado poco después: 2.700.000 pesos.

“Dejame que hable con la psicóloga y después te llamo desde Tribunales”, habría dicho la asistente social.

El segundo llamado ingresó con identificación oficial de los Tribunales de Río Segundo. Allí se ratificó la cifra.

Al tomar conocimiento, el abogado interpretó que se trataba de un pedido de coima. Le indicó a su cliente que no accediera y que atendiera las llamadas en presencia de testigos. En una de las conversaciones donde hubo terceros presentes, la psicóloga le habría confirmado que el informe era desfavorable.

En ese mismo momento dijo que podía modificarse si entregaba el dinero. “Estamos apuradas porque tenemos que entregar el informe”, le habría advertido.

Prueba en mano —con audios y capturas de pantalla de las llamadas que lograron obtener los damnificados—, el letrado inició averiguaciones para radicar la denuncia.

No era un trámite sencillo: debía presentarse en la misma jurisdicción donde las funcionarias trabajaban.

Según fuentes judiciales, el procedimiento se manejó con extremo hermetismo para evitar filtraciones.

La presentación se realizó en formato papel y se evitó el circuito digital habitual, de modo que ningún empleado administrativo tuviera acceso al contenido.

Tras la recepción de la denuncia, se recolectaron pruebas adicionales. Se convocó al denunciante y a su esposa a la Unidad Judicial, donde ratificaron los hechos y aportaron los registros de audio.

La mujer había escuchado las conversaciones en altavoz y también declaró como testigo.

Mientras el denunciante se encontraba en sede judicial, recibió un nuevo llamado. Siguiendo las instrucciones policiales, indicó a las profesionales que ya tenía el dinero. La respuesta fue concreta: el encuentro debía realizarse en la estación de servicio Shell de Villa del Rosario, de acuerdo a lo que informaron los investigadores.

La fiscalía ordenó montar un operativo. El dinero fue previamente individualizado en un acta, con registro de números de serie de los billetes.

Finalmente, el denunciante acudió en la tarde del jueves al punto de encuentro con una mochila que contenía el monto exigido.

Las dos funcionarias se presentaron en un automóvil blanco. Según consta en la causa, el hombre colocó el bolso sobre el capó del vehículo. Tras tomar posesión del dinero, las mujeres intentaron retirarse del lugar.

No llegaron lejos.

Personal policial las interceptó en el lugar y procedió a su detención. Además, se secuestraron sus teléfonos celulares para peritaje. Tras los trámites de rigor, fueron detenidas y permanecerán a disposición de la Justicia.

Momentos previos a la aprehensión se vivieron instancias de máxima tensión, según dijo el damnificado.

“Antes de entregar el dinero consultó qué iba a ocurrir con el informe. La psicóloga le dijo que lo iba a modificar y lo iba a entregar al día siguiente y que iba a impactar en el sistema”, comentó el hombre.

El informe, aparentemente, ya estaba redactado en sentido favorable.

Esa afirmación podría resultar central en la causa. Los peritajes psicológicos y socioambientales son pruebas de enorme peso en los procesos penales.

En casos de abuso sexual, violencia de género u otras figuras complejas, el análisis técnico puede inclinar la balanza en ausencia de testigos directos.

Para el letrado, la gravedad institucional del hecho excede el caso puntual. “Sorprendió la soltura con la que se manejaban. Hubo más de cuatro llamadas. Parecía algo naturalizado”, señaló.

La investigación ahora apunta a determinar si existieron otros episodios similares y si hubo más personas afectadas.

En cuanto al imputado que solicitó la prisión domiciliaria, el proceso continuará por carriles regulares. La Cámara ordenó la realización de una nueva pericia psicológica y un nuevo informe socioambiental, esta vez a cargo de equipos técnicos de la ciudad de Córdoba.