En dos reuniones, una política y otra técnica, el gobernador Martín Llaryora notificó a sus principales colaboradores que habrá un ajuste en los gastos, particularmente en las llamadas "cajas chicas" de los ministerios, y vaticinó una tormenta financiera en mayo, cuando la caída de la recaudación podría profundizarse por una baja recaudación de Ganancias.
De acuerdo a la información proporcionada por tres fuentes del Gobierno provincial, los encuentros se produjeron el jueves y el viernes pasados. Primero, Llaryora convocó a los ministros y les bajó línea respecto de la austeridad que debe transitar la gestión ante la fuerte caída de recaudación propia y coparticipada por el parate de la actividad comercial.
En ese encuentro, Llaryora reclamó a sus colaboradores entender el clima de época y la fragilidad social por la que atraviesa la sociedad ante un escenario de inflación que no retrocede, disminución del poder adquisitivo y pérdida de empleos formales.
"El gobernador transmitió preocupación por la situación económica nacional, que podría profundizarse desde mayo por una mala liquidación de Ganancias por parte de las empresas, muchas de las cuales van a presentar problemas, y la caída de los impuestos atados a la actividad, que no repuntan, como el IVA e Ingresos Brutos", dijo un ministro.
Y agregó: "El diagnóstico no es alentador, como lo dijo el propio Llaryora en Estados Unidos, y el ajuste es para soportar el impacto si la crisis se profundiza en los próximos meses".
Al día siguiente, Mónica Zornberg, secretaria de Administración Financiera, y Gerardo Pintucci, secretario de Ingresos Públicos, reunieron a los responsables administrativos de los ministerios y bajaron "en limpio" la orden política impartida por Llaryora al gabinete.
De acuerdo a la información proporcionada a La Voz por asistentes al encuentro, los gastos que realicen en cada cartera deberán ser, primero, autorizados por una comisión de análisis que funcionará bajo la órbita del ministro Guillermo Acosta.
"En los hechos, se le quita la firma al ministro. Ahora, el gasto debe ser autorizado por una comisión que evaluará si el mismo corresponde con las prioridades políticas que fijó el gobernador", dijo uno de los asistentes.
Gastos superfluos
Así, en los próximos tres días hábiles no se autorizarían pagos hasta tanto se reordene internamente el esquema de pagos y se ponga en marcha la mencionada "comisión". De esta manera, por el impacto de los dos feriados, la última semana de marzo podrían no generarse órdenes de pago a proveedores.
Aunque no hay normativa escrita, la orden oral fue eliminar gastos superfluos, principalmente viáticos y catering, y priorizar las contrataciones a la lectura de necesidades que fije el Gobierno provincial.
Zornberg, además, les ordenó a los encargados administrativos de cada cartera que "frenen" a los ministros si estos avanzan con un gasto por fuera de los nuevos parámetros. "Ustedes son los responsables que el ministro cuadre los gastos a los nuevos parámetros", dijo, palabras más, palabras menos, la funcionaria.
Así, los ministros perderán el control de las cajas chicas, fondos con los que servicios de funcionamiento del ministerio y viáticos para funcionarios. "Es una acción preventiva desde lo financiero, pero con clara lectura política sobre las demandas", dijo uno de los responsables de administración que lee en clave política la orden administrativa.
De acuerdo a la reconstrucción de las reuniones que pudo hacer La Voz, los recortes por ahora no incluyen caída fuerte de contratos, aunque el conflicto salarial está latente.
"No se habló de baja de contratos ni de las becas; hay una mirada de sostenerlas. El foco del ajuste es sobre lo superfluo y surge de la necesidad de un ahorro para los próximos meses. Pero los planes centrales del Gobierno continuarán, aunque podrían relentizarse algunas obras", agregó uno de los funcionarios consultados.
