Poder Judicial. La Justicia cordobesa atraviesa su mayor crisis salarial en tres décadas

Sobre llovido, mojado. Mojado por partida doble. El paro de 60 horas que acaba de llevar adelante el gremio de los judiciales en Córdoba entre el miércoles 22 y el viernes 24 es la expresión de un descontento muy profundo en las filas del Poder Judicial y que goza –quizá como nunca antes en los 27 años de administración peronista– de la venia hasta del mismísimo Tribunal Superior de Justicia.

Esta semana, en los pasillos de Tribunales, se dejaron ver jueces y camaristas acompañando la marcha de protesta ante lo que consideran una licuación promedio de al menos un tercio de sus ingresos. Los memoriosos dicen que desde el gran ajuste de 1995 de Ramón Mestre que no hay un malestar de semejante magnitud.

Sucede que los jueces siempre estuvieron enganchados al acuerdo salarial que la Corte Suprema fija para toda la justicia Federal. Son 2.112 magistrados cuyos ingresos se venían ajustando según lo que la Corte resuelva. No lo hace por inflación, no lo hace en paritarias: tiene una política salarial independiente y siempre fue mucho más generosa que lo que pagan las justicias provinciales. Hasta la llegada de Javier Milei. Los salarios públicos se licuaron más que el de privados e informales y esto incluye también, aunque en menor medida, a los jueces.

En junio del 2025, a instancias del Ejecutivo –que es el que paga– el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial firmaron el acuerdo de equiparación salarial, conocido como “enganche”. Así, los 6.500 empleados judiciales tendrían ingresos también atados a lo que disponga la Corte Suprema. Se acordó el pago trimestral de los aumentos nacionales y, en cuatro cuotas anuales, una recuperación adicional para acercar la brecha que se generó durante 12 años entre los salarios locales y los federales.

Hasta que llegó la ley de Equidad Previsional de Martín Llaryora, en diciembre pasado. Allí se dispuso un descuento obligatorio a todos los aportantes a la Caja de Jubilaciones local, del 2% al 8%, según el monto de ingresos del trabajador. Hoy, los judiciales tienen un aporte personal a la Caja del 18% cuando en el resto de la administración en general es del 11%, como en Anses. Un 28% de los agentes está alcanzado por el aporte diferencial del 8%, con lo que se va al 26% del salario. Más el 6,5% del Apross, el descuento es del 32,5%.

Con el salario de julio, tocaba trasladar el aumento del 6,7% del trimestre que dispuso la Corte. Dicen que Llaryora, molesto con el paro, no lo quería pagar ya, sino que lo quería incluir en la negociación salarial global. Lo convencieron de que sería agregar leña al fuego porque se castigaría a quien no hizo paro y al que sí lo hizo, encima, le pesarían demasiado los descuentos.

Desde diciembre del 2023 al presente, la administración del Poder Judicial sostiene que la pérdida del poder adquisitivo es del 23% por el “efecto Milei”. A eso, la ley de equiparación salarial le recortó en promedio otro 10%.

Por mes, la nómina de todo el Poder Judicial demanda $ 60 mil millones. Si se recuperara lo perdido, calculan, debería estar en $ 78 mil millones. Se rumoreó que podría llevarse la tasa de Justicia del 2% al 3%, como estaba previsto en el Presupuesto 2026 y que en febrero se desactivó luego de la queja del Colegio de Abogados. De todos modos, eso es para funcionamiento y no alcanzaría para salarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, se reincorpora este martes de la feria: lo están esperando para retomar las negociaciones. La anormalidad en la atención ha sido la constante del año: desde febrero pasado se suceden las movilizaciones, asambleas y paros generales.

El año pasado, la negociación fue a instancias del Ministerio de Justicia, y en el Ejecutivo esperan que sea el TSJ quien tome la iniciativa, que podría tener la forma de una conciliación voluntaria, como se viene haciendo, o una obligatoria.

“Nosotros esperamos que haya una convocatoria al diálogo y una propuesta superadora a la que se rechazó”, sostiene Federico Corteletti, titular del gremio. “No queremos cinco meses de conflicto en el año, igual que en el 2025, no se pueden tramitar de esta manera los conflictos. Todo es complicado porque hay una negativa del TSJ a prestarse al diálogo social, tener un convenio colectivo o una paritaria, alguna regulación del conflicto”, insiste.

Corteletti reconoce que “la madre del problema” es la ley 11.087, de equidad jubilatoria. “Eso empiojó el acuerdo del año pasado, porque hubo categorías a las que le sacaron más de lo que le habían dado”, remarca.

Sobrevuela un temor: el de los autoconvocados. En el seno del Ejecutivo advierten, como ha pasado ya en otros conflictos de médicos y docentes, que avanza la deslegitimación de las instituciones: gremios a los que le cuesta cada vez más contener a las bases. Es más, hasta hay un grupo de magistrados autoconvocados que reúne más firmas que la mismísima Asociación de Magistrados.

Pero hay un enojo más profundo. “Con el aporte que hacemos, Llaryora no puede decir que los judiciales no estamos haciendo un sacrificio”, se lo escuchó decir a un viejo magistrado. “El problema es que se dio vuelta y repartió esa plata, no fue al déficit de la Caja. Eso es kirchnerismo explícito”, agregó. Además, el avance sobre el Ministerio Público Fiscal y la premiación para algunos con la Procuración Penitenciaria exacerbaron los ánimos.

La última propuesta rechazada, que se elevó en el marco de la conciliación voluntaria, ofrecía un bono de $ 140 mil por única vez a los auxiliares y escribientes y adelantaba al 2026 la cuota de equiparación que está prevista para el 2027, entre otros puntos.

“Lo que más nos aleja es la baja de la ley de equidad”, reconocen del otro lado. Sí se está trabajando reducir el aporte extraordinario del 8 al 6%, pero hasta ahí.