Panorama provincial. Llaryora pone a la Provincia en modo resistencia

Los más optimistas en el Panal creen que Córdoba marcará diferencia con buena parte de las provincias por administrar la crisis durante los meses complicados que tiene por delante Argentina. Los menos entusiastas, consideran que –al menos– estará entre las que más aguanten el asedio de la administración libertaria sobre las provincias.

Lo que está claro es que Martín Llaryora puso a la administración provincial en modo resistencia: intenta controlar los conflictos gremiales; refuerza partidas sociales; mantiene subsidios clave, y avisa que la variable de ajuste será la obra púbica. Quienes miran los números de manera más desapasionada, advierten que lo que quedará en el recuerdo es la noción de superávit fiscal.

Tras casi un mes de discusión con la UEPC y luego de cuatro jornadas de paro, la decisión del Panal fue apurar un cierre para el conflicto docente: subas remunerativas por inflación desde abril, y un 10,3% para febrero y marzo.

Entre el lunes y el martes se contarán los votos de todas las delegaciones y –aunque en la Capital es más que probable el rechazo– la cúpula provincial del gremio ya anticipó que se trata de una oferta superadora, que incluye respuestas para todos los puntos del reclamo docente.

En varias provincias, la situación avanza hacia una conflictividad permanente y Llaryora intenta evitar enfrentamientos con los estatales. En el Panal dicen que no hay margen social, pero lo cierto es que tampoco hay voluntad política: más bien, consideran por lo bajo, este es el momento de mostrar que Córdoba puede administrar la escasez sin conflicto. No son tantas las ocasiones en que el escrutinio político nacional se pone a observar la realidad de cada provincia.

Si el miércoles queda cerrada la paritaria docente, de inmediato se abordarán las negociaciones con los otros gremios, que suelen ser menos conflictivas. El Panal pretende mostrar que Córdoba vive una realidad diferente a la de varias provincias que ya desde fin de año están pagando aguinaldos y sueldos con aportes del Tesoro nacional (ATN).

La lógica transaccional de envíos de fondos a los gobernadores que apoyan en el Congreso los proyectos de La Libertad Avanza incluye las dos realidades: un Gobierno nacional que sigue dependiendo de votos ajenos, y una decena de gobernadores que hace rato no pueden cumplir con las funciones esenciales de sus provincias. Córdoba no recibió ningún ATN en la era Milei.

En las cuentas de Llaryora, también prima la escasez. La coparticipación cae desde hace ocho meses y la recaudación propia se derrumbó en febrero. Pero las provincias del centro del país conservan un margen de maniobra fiscal que la mayor parte de las provincias del norte del país no tienen. Además, Llaryora cuenta con el tranquilizador "colchón" de U$S 800 millones constituido con la emisión de deuda de enero pasado.

Esta es la diferencia más sustancial con la mayor parte de las provincias: haber aprovechado la ventanita de acceso al financiamiento que abrió la temporaria baja del riesgo país. A mediados de 2025, había hecho lo mismo. En la antesala de la campaña electoral de 2027, y cuando el riesgo de incendio se incremente, está claro que Llaryora hará uso de esa diferencia. Tan claro como el hecho de que el endeudamiento provincial será permanente y creciente.

La estrategia oficialista de baja conflictividad gremial se extiende a la administración de Daniel Passerini. Pese a las restricciones financieras extremas que afronta la Municipalidad de Córdoba –el jueves pagó U$S 22,2 millones de la deuda externa tomada en 2016–, el viernes quedó cerrada la paritaria anual con el Suoem.

Fue una negociación atípica, con conflictividadcero y alcance remunerativo, que a fin de año acumulará un 26,5% de aumento. Los tramos serán los siguientes: 4,5% en marzo; 3,5% en mayo; 4,46 en junio; 3 en agosto; 4,33 en octubre y 4,19 en diciembre.

Lo cierto es que el municipio está haciendo bacheo e iluminación con aportes provinciales, y que para pagar la quinta cuota de la deuda externa que Ramón Mestre tomó en 2016 –fueron 30.800 millones de pesos los destinados a la compra de los dólares– días antes Passerini emitió $ 50 mil millones, en una letra a 70 días, ya que la Nación no habilitó la colocación pública. Está claro que el mensaje que pretende dar el peronismo cordobés no admite conflictos salariales tampoco en la Capital.

En el medio de esta cruzada del oficialismo por la paz gremial, Rodrigo de Loredo logró algo que no había conseguido hasta el momento: que el Gobierno provincial le otorgue entidad de líder opositor, al salir a discutir su propuesta proselitista de elevar los años de servicio del personal policial más allá de los 22 años –25 años para el personal jerárquico– que hoy establece la ley antes de habilitar el retiro.

El ministro Juan Pablo Quinteros le respondió en los mismos términos tribuneros en que el exdiputado lanzó su propuesta, y luego Llaryora salió por la frecuencia policial a decirles a los policías que mientras él gobierne no deberán trabajar más años. El Panal también hizo trascender su sospecha de que, por distintas vías, hay intención de generar inquietud en la fuerza policial.

Varias estrategias se anticipan en una sola reacción. La primera es que el peronismo cordobés lo quiere a De Loredo en la cancha, sobre todo si Luis Juez y los libertarios inisiten en mantenerlo apartado de esa sociedad. La segunda es que la estrategia electoral de Llaryora pasará por recordarle una y otra vez a cada sector de los cordobeses que tienen mucho para perder si optan por un ajuste al estilo libertario en la administración provincial.

La tercera, que no hay lugar para ningún debate trascendente entre alguien que se lanza como candidato a gobernador y alguien que ya es candidato a la reelección. Una pena, porque la discusión sobre el régimen policial merece mucho más que chicanas y golpes de efecto.