Cruces con la Nación. Llaryora: "Dejar abandonados a los discapacitados es de una crueldad inmensa"
El gobernador anunció que la Provincia brindará fondos de emergencia para sostener a las instituciones de discapacidad ante el "incumplimiento" de la Nación y la crisis del Pami. Advirtió que la Provincia no podrá contener de forma indefinida frente a la recesión y el retiro de la asistencia estatal de la gestión libertaria.
En un encuentro con representantes de instituciones dedicadas a la discapacidad, el gobernador Martín Llaryora lanzó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei. El mandatario denunció una crisis "muy profunda" en el sector, derivada de la falta de envío de partidas presupuestarias y el incumplimiento de leyes fundamentales, calificando la situación de "atrocidad"
Llaryora centró gran parte de su reclamo en la situación de los jubilados nacionales y las personas con discapacidad. Al referirse a la deuda que mantiene el Pami y otros programas nacionales, el gobernador fue tajante sobre las consecuencias del ajuste: "Dejar abandonados a los abuelos, dejar abandonados a las instituciones de discapacidad, nos parece de una crueldad inmensa".

El plan de asistencia que anunció este miércoles el Gobierno provincial tiene un presupuesto de 450 millones de pesos.
El gobernador ejemplificó la gravedad de la situación con lo ocurrido en Marcos Juárez, donde la salida del Pami dejó a 5.500 jubilados sin cobertura prestacional, obligando a la Provincia y al municipio a intervenir de emergencia
Para Llaryora, la estrategia de ajuste fiscal de la Casa Rosada es insostenible si se basa en la morosidad: "No se pueden cerrar los números no pagándole a nadie, no pagando lo que a uno le corresponde y merece".
Córdoba como "buffer" ante la crisis
Ante la falta de respuestas nacionales, el gobernador anunció la decisión de acelerar el Fondo de Emergencia para la Discapacidad. Originalmente creado para financiar proyectos de innovación e inclusión, este fondo ahora será redireccionado íntegramente a sostener el funcionamiento básico de instituciones como el Cotolengo, el PADI o el IRAN, que hoy luchan por pagar salarios y alimentos.
Sin embargo, Llaryora advirtió que el esfuerzo provincial tiene límites. "Nosotros no podemos reemplazar en todo, si bien ustedes me verán haciendo de buffer (amortiguar), o sea conteniendo muchas de las cuestiones sociales para que Córdoba no sufra lo que está pasando en otros lugares", señaló, al tiempo que advirtió que "esa potencia que Córdoba tiene no puede cubrir todo eternamente".
Reclamos por transporte, salud y educación
La crítica del mandatario no se limitó a la discapacidad. Recordó que Córdoba ya está financiando el 100% del Boleto Educativo tras el corte de los subsidios nacionales al transporte, mientras observa cómo la Nación vuelve a inyectar recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Asimismo, expresó su preocupación por el crecimiento de la demanda en el programa Paicor (comedor escolar) y los posibles recortes en programas sanitarios como el Remediar y el calendario de vacunas.
En este contexto, Llaryora exigió una mirada más humana de la economía: "Necesitamos estabilizar la macroeconomía, pero con la gente adentro y cumpliendo cada uno sus prestaciones".
Finalmente, el gobernador instó al Gobierno nacional a regularizar la situación legal de los fondos: "Las leyes están para ser cumplidas", sentenció, subrayando que el cumplimiento de la ley de discapacidad no es una opción, sino una obligación del Estado federal.
Fondos para discapacidad
El gobernador Llaryora, junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió en el Centro Cívico a instituciones de la ciudad Capital y del interior. En ese marco anunció fondos por 450 millones de pesos.
Después del encuentro, el gobernador indicó que, frente a la crisis profunda en la que están inmersas estas instituciones, la Provincia fortalecerá la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad.
“Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis”, explicó el mandatario.
Por su parte, Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: “Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos”.
“Por lo tanto –continuó–, vamos a activar este auxilio financiero y reactivar un complemento para la alimentación, algo que ya implementamos el año pasado, destinado a aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada”.
En la reunión, los representantes del sector dieron cuenta del complejo momento que atraviesan y que, pese a la sanción de la Ley de Emergencia por parte del Congreso, la situación se ha visto agravada por la morosidad de los programas nacionales.
Algunas de las instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI o del programa de cobertura social Incluir Salud.



