Legislatura provincial. La ley antibúnkeres impulsa a Quinteros, inquieta a oficialistas y revive críticas opositoras

La Legislatura de Córdoba aprobará este miércoles, por amplia mayoría, la ley antibúnkeres, una norma que dará mayor protagonismo a los ministerios de Seguridad y de Justicia en la búsqueda de herramientas para combatir el narcomenudeo. El proyecto vuelve a poner en el centro la apuesta del oficialismo por mostrar control sobre viviendas ocupadas y, al mismo tiempo, le brindar mayor protagonismo al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Dentro y fuera del Gobierno provincial hay quienes ven en esta agenda una nueva señal de la administración de Martín Llaryora para respaldar a Quinteros, mencionado dentro del oficialismo como un potencial candidato a intendente de la ciudad de Córdoba.

No es la primera vez que el PJ impulsa reformas vinculadas al orden público con el ministro como protagonista. En diciembre pasado, la Legislatura provincial aprobó los primeros cambios al Código de Convivencia, promovidos por el propio Quinteros.

A comienzos de 2026, también se sancionó la prohibición de los limpiavidrios y se limitó la actividad de cuidacoches sólo en municipios o comunas que estén autorizados.

El control de las calles y ahora el rol del Ministerio de Seguridad como una de las autoridades de aplicación de la ley antibúnkeres, junto con la Justicia y el Ministerio de Justicia, colocan a Quinteros en otro lugar de exposición política, asociado al orden y a la seguridad.

Para el PJ, se trata de una herramienta más para poner fin a algunos edificios ocupados. En ese punto, en el bloque oficialista pondrán como ejemplo la torre en construcción y luego judicializada de bulevar San Juan, donde intervino Quinteros y se logró el desalojo de los ocupas y el posterior cerramiento del inmueble.

Dentro del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba hay quienes reconocen que el ministro tendrá una nueva herramienta legal para mostrar gestión. Sin embargo, algunos legisladores del PJ más puro advierten que eso no se traduce necesariamente en candidaturas ni en apoyo de la militancia.

“Desde el PJ Capital, cuando la militancia se junta, no hay una mirada clara hacia Quinteros. Es más una cuestión hoy de gestión, pero a nivel partidario no se lo ve como algo para levantarlo ni que sea el candidato natural”, confió un legislador del justicialismo.

En la oposición, si bien la ley conseguirá un amplio acompañamiento y se incluirán sugerencias de los proyectos presentados por el radical Oscar Saliba y por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, también hacen una lectura cruzada con el caso Agostina Vega.

“Quieren ahora controlar la noche cuando no lo hicieron. Quieren apurar esta ley para mostrar que controlan”, se quejó un legislador radical.

“Vamos a acompañar, pero les vamos a decir en el recinto que esto lo hacen después de lo que nos mostró el femicidio de Agostina Vega”, expresó otro opositor radical.

En el bloque del juecismo, desde donde hace tiempo cuestionan las políticas de seguridad de Quinteros, aseguraron que se trata de una ley pensada para apuntalar al ministro.

“Quinteros no tiene fuerza. Está como Llaryora, de salida. No saben qué hacer para que no se caiga del todo, dentado por la inseguridad”, dijo un legislador del Frente Cívico.

El juecismo, junto con la UCR aunque por separado, también pedirá que se traten sobre tablas los pedidos de informe vinculados al viaje del ministro de Economía, Guillermo Acosta, quien a fines de junio participó de una cumbre en China.

Según el funcionario provincial, fue invitado a través del Consejo Federal de Inversiones. Su esposa, Paola Di Rienzo, lo acompañó en el viaje, algo que, según explicó el propio Acosta, ocurre desde un problema de salud que tuvo en febrero pasado.