Wachitas. En la Legislatura, el juecismo reivindicará la gestión de Juez y la comparará con la de Passerini
En medio del debate por el control de la noche, el Frente Cívico aprovechará el debate para reivindicar la política de fiscalización aplicada durante la intendencia del hoy senador. También insistirá con cuestionamientos a la actual administración municipal y provincial.
La sesión de este jueves en la Legislatura provincial promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el oficialismo y la oposición. Aunque el orden del día incluye proyectos de naturaleza diversa, el Frente Cívico llegará decidido a instalar un eje político preciso: comparar la política de controles y fiscalización de la gestión municipal de Daniel Passerini con la aplicada durante la intendencia de Luis Juez.
La estrategia del juecismo surge luego de varias semanas de debate público sobre la situación del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, atravesado por denuncias, amenazas y cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de habilitaciones y controles.
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En ese contexto, el bloque conducido por Walter Nostrala buscará reivindicar la experiencia de gobierno de Juez en el Palacio 6 de Julio, especialmente la etapa posterior a la tragedia de República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires.
Según la reconstrucción histórica que manejan en el juecismo, y que dejaron trascender, dirán en el recindo que la gestión municipal encabezada por Juez "impulsó una política de hiperfiscalización" que modificó por completo el funcionamiento de la noche cordobesa.
Los datos que exhibirán frente al peronismo dicen que mientras antes de Cromañón funcionaban más de 200 boliches habilitados en la ciudad, hacia fines de 2005 la cantidad de establecimientos autorizados había descendido a entre 55 y 67 locales. La reducción de la oferta nocturna formal superó el 70%.
Para sostener ese esquema de control, el municipio multiplicó su estructura inspectiva. De acuerdo con cifras del juecismo de aquella época, la planta de Fiscalización y Control pasó a contar con 240 agentes, lo que implicó un crecimiento cercano al 800% respecto de la situación previa.
Además, y siempre según datos del juecismo, entre 2004 y 2005 se ejecutaron unas 370 clausuras de locales bailables por incumplimientos vinculados con medidas de seguridad.
Costos políticos
En el entorno de Juez sostienen que aquella política tuvo costos políticos importantes, debido a los conflictos permanentes con empresarios del sector nocturno y a las restricciones impuestas sobre la actividad. Sin embargo, consideran que permitió evitar situaciones de riesgo y consolidar una cultura de control mucho más estricta.
También recuerdan los juecistas que el entonces intendente modificó tempranamente el rumbo inicial de su administración cuando comenzaron a multiplicarse las quejas vecinales por ruidos y desórdenes vinculados a la actividad nocturna.
Ese repaso histórico no es casual ya que el Frente Cívico pretende utilizarlo para responder a cuestionamientos que, en las últimas semanas, intentaron asociar al juecismo con empresarios de la noche cordobesa y particularmente con el denominado "clan Moyano".
En el espacio que lidera el senador nacional rechazan esa vinculación y sostienen que las principales causas judiciales por corrupción vinculadas a boliches ilegales se produjeron muchos años después de la salida de Juez de la Intendencia.
Como antecedente, el juecismo mencionarán el escándalo desatado en 2018 alrededor del boliche Rapoza, que derivó en la salida del entonces secretario de Seguridad provincial Diego Hak, luego de que la investigación judicial expusiera una presunta red de cobro de coimas y protección política.
El juecismo también recordará la reciente megacausa conocida como "Bomberos SA", que derivó en la investigación de altos mandos policiales y funcionarios vinculados con la emisión irregular de certificados de seguridad para establecimientos comerciales.
Desde esa perspectiva, la oposición buscará instalar que los problemas vinculados a controles, habilitaciones irregulares y funcionamiento clandestino de locales nocturnos no son hechos aislados sino manifestaciones de un sistema de controles deficientes cuya responsabilidad atribuyen al oficialismo provincial y municipal.
Otros temas
El debate sobre los controles municipales se desarrollará en paralelo con otros temas conflictivos. El Frente Cívico volverá a insistir con el apartamiento del fiscal Iván Rodríguez y cuestionará su designación como procurador penitenciario adjunto. También reclamará mayores precisiones sobre el manejo de gastos reservados por parte del Ejecutivo provincial.
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Además, junto con otros bloques opositores, intentará reinstalar la discusión sobre la seguridad pública y la necesidad de que el ministro Juan Pablo Quinteros concurra a la Legislatura para explicar la estrategia oficial frente al crecimiento del delito.
Aunque todo indica que la vicegobernadora Myrian Prunotto no habilitará la sesión especial solicitada por seis bloques opositores, el tema igualmente aparecerá en el recinto mediante pedidos sobre tablas y cuestiones de privilegio.
El oficialismo, por su parte, intentará concentrar la discusión en el tratamiento de la modificación de la ley de Regionalización y en otros proyectos previstos en el orden del día.
Sin embargo, en la oposición descuentan que la discusión política terminará dominando gran parte de la sesión.
