Sin delito. La Justicia desestimó la denuncia del Gobierno por espionaje en Casa Rosada contra Luciana Geuna
El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que el informe televisivo grabado en la Casa Rosada no reveló secretos de Estado ni puso en riesgo la seguridad nacional. Aseguró que las imágenes muestran espacios públicos que incluso están disponibles en Google Maps y pidió archivar la causa.
El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo este martes que no hubo delito en el accionar de los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, quienes habían sido denunciados por espionaje por la Casa Militar tras la emisión de un informe en el programa “¿Y mañana qué?”.
El argumento de la "seguridad nacional" descartado
La denuncia, presentada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibañez, alegaba que el uso de lentes especiales para grabar "detalles estructurales y logísticos" representaba un hecho de espionaje, agravado por el contexto de tensión internacional.
Sin embargo, el fiscal Pollicita fue categórico al afirmar que el material difundido "no reviste la entidad requerida por los tipos penales".
Según el dictamen, las grabaciones solo muestran pasillos, espacios vacíos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin captar secretos ni perturbar el normal funcionamiento de la institución.
De los pasillos de la Rosada a Google Maps
Uno de los puntos más destacados del fallo es la mención a la accesibilidad de la información.
El fiscal señaló que los lugares mostrados en el informe son de acceso público y pueden visualizarse fácilmente en herramientas digitales como Google Maps, YouTube o la propia web oficial de la Casa Rosada.
"No se ha acreditado que las grabaciones hayan generado condiciones aptas para revelar secretos", sentenció Pollicita, descartando así cualquier relevancia jurídico-penal en los sucesos analizados.
Consecuencias administrativas y futuro de la causa
Si bien se descartó el delito federal, el fiscal recordó que el Gobierno ya aplicó sanciones administrativas mediante la suspensión de las acreditaciones de los periodistas involucrados, basándose en las pautas de comportamiento de la Casa de Gobierno.
Ahora, el futuro de la causa queda en manos del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4, quien deberá decidir si finalmente archiva la denuncia contra los cronistas tal como lo solicitó el Ministerio Público.
