Transporte urbano. Juez denunció a Passerini por el alquiler de los colectivos de Ersa en 2024
El senador, acompañado por concejales juecistas, hizo la presentación que apunta a supuestos sobreprecios en el alquiler de unidades en mal estado.
El senador Luis Juez presentó una denuncia penal contra el intendente de Córdoba, Daniel Passerini. La presentación apunta al contrato de alquiler de colectivos suscripto hace dos años por la empresa municipal Tamse (ahora Tamsau) y ya rescindido.
La denuncia plantea la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública en perjuicio de la Municipalidad de Córdoba, a través de su empresa estatal Tamse. Lo que se cuestiona en la presentación es el contrato de locación de colectivos que habría generado un perjuicio económico significativo para las arcas públicas.
Según la denuncia, el 1 de marzo de 2024, Tamse suscribió un contrato con la empresa Ersa Urbano SA para el alquiler de 350 unidades de transporte urbano. En representación de Tamse intervinieron su presidente, Eduardo Ramírez Rujinsky, y su director, Julio César Secondi, mientras que la empresa privada estuvo representada por su apoderado Roberto Germán Silvero. La Municipalidad de Córdoba, encabezada por Passerini, participó como garante de las obligaciones asumidas por la empresa estatal.
El contrato fijó un canon mensual de 720 millones de pesos más IVA –equivalente a 871,2 millones–, con actualización trimestral atada al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Este monto, según la denuncia, resultaría ostensiblemente superior a los valores de mercado vigentes en ese momento para la locación de colectivos. Según Juez, el valor de mercado era de 800 mil pesos mensuales por unidad, mientras que Tamse habría pagado cerca de 2,49 millones de pesos por cada colectivo, lo que implicaría un sobreprecio.
Según Juez, caros y en malas condiciones
A partir de esta diferencia, el denunciante calcula un perjuicio mensual cercano a los 591 millones de pesos, lo que proyectado a lo largo del año de vigencia contractual alcanzaría una cifra superior a los 7.000 millones de pesos. La presentación sostiene que este esquema encubriría un mecanismo deliberado para favorecer a la empresa contratista en detrimento del patrimonio público.
Otro aspecto relevante señalado en la denuncia es el estado y funcionamiento de las unidades alquiladas. Según Juez, de los 350 colectivos contratados, solo alrededor de 200 habrían estado operativos, que se plantea en la denuncia como doblemente desventajoso para el municipio.
La denuncia atribuye responsabilidad tanto a los directivos de Tamse como al intendente Passerini, quien, en su carácter de representante del municipio, comprometió a la administración como fiadora de las obligaciones contractuales. Según Juez, esta decisión habría sido clave para viabilizar el acuerdo, pese a la presunta incapacidad económica de la empresa estatal.
La presentación judicial ofrece diversos elementos, entre ellos copia del contrato, registros de funcionamiento de la flota, informes técnicos de las unidades y documentación sobre los pagos realizados. También solicita la intervención de organismos de control, como el Tribunal de Cuentas municipal, y la realización de inspecciones para verificar el estado actual de los vehículos, muchos de los cuales –según se afirma– habrían terminado convertidos en chatarra.
Cabe aclarar que Ersa dejó de prestar servicios en el transporte urbano hace ya dos años. Fue reemplazada en parte por FAM, cuya prestación fue rescindida semanas atrás.
