Conflicto salarial. Los judiciales paran hasta el lunes y la negociación está en punto muerto
A tres semanas del rechazo de la oferta salarial, las negociaciones no se reanudaron y la parálisis afecta severamente el servicio de Justicia.
Los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba iniciaron un paro de 60 horas, en continuidad del plan de lucha que ya suma más de 25 jornadas con medidas de fuerza en los últimos meses y que está afectando severamente el servicio de Justicia.
El paro comenzó al mediodía del miércoles y se extenderá hasta la medianoche del viernes, por lo que la actividad en los Tribunales recién retomará la normalidad el lunes próximo. Esta semana, la primera tras la feria judicial, solo hubo un día de trabajo sin medidas de fuerza.
Pese a que el paro de 60 horas está anunciado desde fin de junio –cuando los judiciales rechazaron la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)– en las tres semanas que pasaron desde entonces no hubo avances de ningún tipo en la negociación.
Ahora todo indica que la discusión volverá al ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, donde el mes pasado se logró una conciliación voluntaria de las partes, aunque luego la asamblea general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) no aceptó la oferta oficial.
Denuncias y tensión en alza
La medida de fuerza comenzó con denuncias públicas del gremio por supuestos “aprietes” del Ministerio Público Fiscal y de las autoridades del Poder Judicial. "Mediante intimidaciones por correo electrónico y amenazas de sanciones pretenden imponer guardias mínimas unilaterales para cercenar el libre ejercicio de nuestras medidas de fuerza", asegura el comunicado que difundió la conducción, en manos de Federico Cortelletti.
Además de cuestionar la legalidad de circulares de años anteriores que obligan a mantener guardias mínimas, la Agepj mantuvo fuertes cruces con Carlos Lezcano, el titular del Ministerio Público Fiscal. Además de ordenar esquemas mínimos de atención durante los paros, el funcionario propuso públicamente que se cubran con becarios los cargos en las Unidades Judiciales.
La respuesta del gremio es que sean los magistrados y funcionarios del Poder Judicial quienes garanticen la atención durante los paros de los empleados. “El Poder Judicial de Córdoba está compuesto en casi un 30% por magistrados y funcionarios que tienen dedicación funcional y cargas de dedicación exclusiva. En caso de requerirse la prestación mínima, esta ya se cumple a través de la alta dotación de magistrados y funcionarios a lo largo de toda la provincia”, sostiene la Agepj.
El Tribunal Superior realizó una propuesta que implica anticipar pagos de la equiparación con la Justicia federal, dentro de las restricciones presupuestarias establecidas por el Ejecutivo. En realidad, ningún vocal del TSJ participó en ningún momento de la negociación, sino representado por el Administrador General Luis Sosa Lanza Castelli, el Director de Recursos Humanos Edgardo Dainotto y el Director General de la Administración Augusto Bartolomei.
En los hechos, la negociación es siempre de alcance limitado y mediada: con las respuestas que obtienen estos intermediarios, el TSJ acude al Ejecutivo en busca de los recursos necesarios. A esta altura, el conflicto no encuentra salida y todas las partes esperan una nueva convocatoria del secretario de Trabajo Omar Sereno. Ayer hubo versiones de una posible conciliación obligatoria que frene las medidas de fuerza y ordene la negociación.
La CGT marchó por las calles de Córdoba capital en contra del política económica y por los despidos
No se trata del único conflicto en curso dentro de los Tribunales. En el sector de magistrados y funcionarios del Poder Judicial también escala la presión para que Llaryora reduzca el porcentaje del aporte extraordinario a la Caja de Jubilaciones, que llega al 8% para los sueldos más altos. El Ejecutivo analiza esa posibilidad, pero hasta el momento no hubo anuncios al respecto.
Buena parte de la conflictividad judicial está vinculada a la aplicación de la ley de Equidad Jubilatoria. De hecho, se trata del sector más castigado por esa norma, tanto en el caso de los activos como de jubilados y pensionados.
En mayo, la duplicación de los recursos que envía a cuenta la Anses a la Caja de Jubilaciones –pasaron de $ 5.000 millones a $ 10.000 millones– abrió la posibilidad de que se flexibilizara el impacto de la ley de Equidad Jubilatoria, pero en junio la Nación no envió un peso. Trascendió que el Panal evalúa un posible anuncio si se cumple la promesa nacional de enviar las dos cuotas juntas en los próximos días.
