Fallo. Un juez de Córdoba declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral
Se trata del apartado que se refiere al sistema de actualización de deudas por juicos laborales. Según el magistrado, la nueva disposición vulnera la garantía de igualdad ante la ley.
La reforma laboral aprobada a fines de febrero por el Gobierno nacional recibió su primer golpe en los tribunales.
El magistrado Ricardo Giletta, integrante de la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la norma, al considerar que vulnera la garantía de igualdad ante la ley.
El foco del conflicto: la actualización de créditos
El punto cuestionado regula cómo deben actualizarse los montos adeudados en los juicios laborales.
La nueva ley establece un sistema dual: para los nuevos juicios se aplica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% de interés anual; en cambio, para los procesos ya iniciados antes de la sanción, se utiliza la tasa pasiva del BCRA con un "piso" del 67%.
Para el juez Giletta, este desdoblamiento crea una distinción "arbitraria" entre trabajadores según el momento en que iniciaron su demanda.
Además, el fallo sostiene que la tasa del Banco Central es "marcadamente insuficiente" para compensar los efectos de la inflación en el país.
Un fallo con matices
Curiosamente, la resolución final del caso fue desfavorable para el trabajador que inició la demanda, Mario Urbano.
El operario reclamaba una indemnización por despido, pero el juez ratificó que la empresa tenía razón al despedirlo, ya que se demostró que Urbano había presentado certificados falsos para justificar inasistencias en 2016.
No obstante, el magistrado ordenó pagar los días trabajados, aguinaldo y vacaciones proporcionales, y utilizó este marco para invalidar el criterio de actualización de la reforma.
La batalla legal de la CGT
Este fallo en Córdoba ocurre mientras otros puntos de la reforma son cuestionados en todo el país.
Recientemente, el juez Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar presentada por la CGT que buscaba frenar el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La central obrera impugna el artículo 91, que pone en marcha un acuerdo entre la Nación y la gestión de Jorge Macri, bajo el argumento de que la justicia porteña sería menos favorable para los trabajadores.
Sin embargo, la Justicia determinó que no se advierte un "peligro en la demora" para suspender dicho traslado. Con estos escenarios contrapuestos, la validez de la nueva normativa laboral comienza a transitar un complejo camino de definiciones judiciales.



