
Quejas por el “embudo” que armó Llaryora para bajar gastos
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Redacción La Voz
El debut del exconcejal Juan Negri en la vocalía del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) llama la atención por un detalle poco habitual: la brevedad extrema de sus votos.
Quien tiene aspiraciones a la intendencia de Córdoba y representa desde hace pocos meses al radicalismo en el ente de control no abunda en fundamentos al momento de pronunciarse en las resoluciones que publica el organismo.
El tema no pasa desapercibido en el directorio y genera más de una sonrisa entre los administrativos del ente, sorprendidos por lo escueto de sus intervenciones. "Nunca tuvimos un vocal así, tan austero en sus argumentaciones", dijo, en broma, uno de los empleados.
La comparación es inevitable: mientras los votos de la mayoría (José Luis Scarlatto, Mariana Caserio y Walter Scavino) despliegan largos desarrollos técnicos (siempre a favor de los aumentos, claro), y el otro vocal opositor, Rodrigo Vega (Frente Cívico), elabora críticas detalladas, Negri opta por un camino más lacónico. Incluso su antecesor en representación de la UCR, Facundo Cortés, que dejó el cargo a fines de 2025, solía extenderse mucho en los argumentos.
En cambio, los votos en disidencia de Negri repiten una misma fórmula breve, la “realidad económica”, en todas las resoluciones: “No aprobar lo resuelto, conforme fundamentos expuestos, por no adecuarse a la realidad económica imperante en la actualidad. Así voto.”

Sentado en el bar de una estación de servicio de Sierras Chicas, Daniel Salibi, el cacique radical de Mendiolaza, está con el teléfono en la oreja y anota en un simple cuaderno marca Arte, esos con espirales, qué le piden los intendentes con los que habla. Tiene una tarea que sabe hacer por haber sido tantos años intendente: recolectar las inquietudes de los jefes comunales, trasladar esas inquietudes al Panal y comprometerse con tal o cual pedido.
El trasfondo es la ingeniería electoral que el gobernador Martín Llaryora diseña para buscar su reelección durante 2027; un entramado prácticamente inédito en el cual la mitad de los intendentes quieren repetir un mandato y la otra mitad está obligada a construirse un nuevo futuro político.

Todo en un contexto de vacas flacas, de “manta corta”, sin recursos nacionales disponibles y con el organigrama de la Provincia a punto de estallar por sobrecarga de cargos.
Así, Salibi entrevista personalmente a los intendentes, con foco en aquellos radicales que no pueden ir por la re-re, y se pone al hombro la tarea de solicitar los refuerzos necesarios para que levanten sus respectivas gestiones y lleguen empoderados al año que viene para que puedan plantarse ante los planes de la oposición que buscan condicionarlos en sus respectivas sucesiones.
En otras palabras, Salibi es parte del dispositivo que desplegó el Gobierno provincial para bloquear a Soledad Carrizo, la exintendenta de Quilino que ahora es parte del Gobierno nacional y en quien tercerizó Gabriel Bornoroni el armado de la pata radical de la alianza con la que espera destronar al peronismo cordobés. Es, en otras palabras, el choque de dos radicales expertos del territorio y de la rosca.
El próximo 23 de abril, el sindicato de gastronómicos (Uthgra) hará la tradicional carrera de mozos y camareras, y pondrá como incentivo 20 millones de pesos en premios, incluyendo cuatro motos. La cita sindical no tendría tanta relevancia política de no ser por dos cuestiones que vienen atadas: el lugar del evento y el invitado especial.
La cita es en el “Parque del Centro Cívico”, ubicado entre la Legislatura y El Panal, el que está (como otras plazas de la ciudad) en pleno proceso de reformas.

La disputa de velocidad y habilidad se hará por la calle interna que une las sedes del Legislativo y del Ejecutivo. El invitado especial de la jornada será Luis Barrionuevo, terminal de Juan Carlos Rousselot, el titular del gremio en Córdoba; por lo que se especula de un encuentro entre el histórico líder sindical y el gobernador Martín Llaryora; todo en medio del convulsionado peronismo nacional que busca un sistema que permita disputar los liderazgos para enfrentar a Javier Milei el año que viene. A principio de año, Rousselot había dicho que Llaryora debía trabajar primero en su reelección y luego, en un “proyecto presidencial”.
“Llaryora es peronista. Hoy está en otro espacio, pero todo puede confluir en un bien común. Hoy nos oponemos a Javier Milei y se abre una puerta para confluir. No es en contra de Milei por capricho, sino en contra de las políticas que lleva a delante”, dijo en La Voz en Vivo. Barrionuevo ya avisó que quisiera comer un cabrito con Llaryora.
La semana pasada, en esta misma sección, dábamos cuenta de la incorporación a la Fiscalía General de Walter Montenegro, un juecista histórico que tuvo a su cargo el transporte durante la intendencia de Luis Juez y luego quedó bajo el paraguas de Gabriel Bermúdez, histórico funcionario de transporte en la Provincia y en la ciudad de Córdoba durante distintas gestiones. Montenegro es un amigo de toda la vida del flamante fiscal General, Carlos Lezcano.
De hecho, conoce Juez por esta relación: Lezcano y Juez eran parte de la misma banda del peronismo universitario y llegaron a ser socios en el estudio jurídico hasta 2003, cuando el ahora senador nacional confrontó a José Manuel de la Sota y el actual fiscal General pasó a ser juez de Control.
Aunque se daba por hecho que Montenegro iría como mano derecha de Lezcano, todo indica que ese contrato fue freezado al conocerse el pasado juecista de Montenegro y su histórica relación con Bermúdez, quien quedó enfrentado con Daniel Passerini cuando éste lo desplazó de la Municipalidad.
Vale recordar que Lezcano tuvo a lo largo de su carrera judicial una fuerte disputa en los expedientes con Alejandro Pérez Moreno, el abogado penalista que Martín Llaryora designó como fiscal General adjunto. En la causa de el homicidio de Blas Correa, Pérez Moreno solía ningunear a su actual jefe como “este abogado que ocupa el cargo de juez”.
“Si los adjuntos le bloquean la estructura de confianza, imaginate qué complicado será para el nuevo fiscal General comandar a la tropa”, analizaba un observador del serpentario judicial que ponía sobre la mesa la incipiente interna entre Lezcano y el tridente de adjuntos Pérez Moreno, Héctor “Chirola” David y José Gómez Demmel.
La presencia de la senadora Patricia Bullrich en la Bolsa de Comercio de Córdoba logró lo que parecía imposible días atrás: un abrazo entre el senador Luis Juez y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
La relación entre ambos atraviesa el peor momento. Juez trató de delincuente a su examigo y socio político por la frustrada adquisición de drones para la Policía. El ministro sintió que el líder del Frente Cívico pasó un límite y desde ese momento ha realizado posteos duros en X en los que señaló “incoherencias” del senador.

Por ejemplo, para el 24 de marzo, aniversario del Golpe, lo cruzó por armar un acto en el cementerio San Vicente al mismo tiempo que “forma parte de un gobierno negacionista”. La semana pasada, hizo lo propio por el tema “naranjitas”. Quinteros cuestionó que el Frente Cívico votara en contra de la iniciativa que prohíbe a los cuidacoches ilegales.
El viernes, cuando se vieron en la Bolsa, no pudieron evitarse ya que compartieron la mesa principal. Quedaron separados por otros comensales, pero debieron saludarse. Si bien hubo abrazo, fue evidente la frialdad, señal de la distancia que generaron los cruces fuertes de las últimas semanas.