Gobierno provincial. Con seis intendentes, Llaryora arrancó la "peronización” de su gestión

El desembarco de seis intendentes peronistas del interior provincial marcó un movimiento político significativo en la gestión del gobernador Martín Llaryora. En el oficialismo no dudan en ponerle nombre propio a esta movida: hablan concretamente de una “peronización” de la gestión llaryorista.

No se trata sólo de una cuestión de nombres propios. Detrás de estas incorporaciones hay un cambio en la estrategia de construcción política del gobernador, que al inicio de su administración había apostado a una ampliación de su base de sustentación política sumando a intendentes y dirigentes radicales y del PRO, en un contexto en el que ambos partidos atravesaban fuertes crisis internas y de liderazgo.

Llaryora seguirá repitiendo que su gestión “es de puertas abiertas” a todos los colores políticos. Sin embargo, este último movimiento –sin dudas– parece orientado a recostarse nuevamente sobre el PJ, ante la amenaza de La Libertad Avanza, que está construyendo una alianza opositora con el juecismo.

Aunque en algunos casos las designaciones aún no cumplieron el trámite formal de su publicación en el Boletín Oficial, lo cierto es que los nuevos funcionarios ya están en sus cargos.

La mayoría desembarcó en dos carteras que tendrán una marcada impronta política en los próximos meses: el Ministerio de Gobierno, conducido por Manuel Calvo, y el de Cooperativas y Mutuales, liderado por el llaryorista Gustavo Brandán, exintendente de Colonia Caroya.

De todos modos, el movimiento más resonante fue la llegada de Marcos Torres. El intendente de Alta Gracia pidió licencia en su municipio para asumir al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Ese lugar era ocupado por la schiarettista Laura Jure, quien ahora pasó a desempeñarse como secretaria General en el Ministerio de Cooperativas, aunque conservando rango de ministerial.

El traslado de Jure no fue sólo personal. La dirigente también llevó consigo áreas clave que administraba en Desarrollo Social, como urbanización, escrituración y emprendedurismo. En este caso, el gobernador trató de reforzar el peso político de su nuevo destino, que no es titular de un ministerio.

En la estructura que ahora conduce Torres –hermano del presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres– continuará como secretario Politicas Sociales, Paulo Cassinerio, dirigente capitalino con estrechos vínculos con Juan Schiaretti y la senadora Alejandra Vigo.

Otro movimiento relevante es el de Agustín González. El intendente con licencia de Cruz Alta ahora se desempeña como secretario de Gestión Territorial en el Ministerio de Seguridad, que encabeza Juan Pablo Quinteros. González, además, es vicepresidente del Frente Renovador de Córdoba, el partido fundado por Sergio Massa.

En el Centro Cívico aseguran que su llegada fue sugerida por el propio Quinteros y niegan que se trate de un acuerdo político con el massismo. Sin embargo, dan por descontado que el dirigente massista trabajará por la reelección de Llaryora.

De hecho, desde el entorno del flamante funcionario provincial confirman que antes de aceptar el cargo consultó con Massa, quien le dio el visto bueno para sumarse a la gestión llaryorista.

Las incorporaciones continuaron en los ministerios de Gobierno y Cooperativas. En la cartera que conduce Calvo desembarcó Martín Torres Cena, intendente con licencia de Laguna Larga, quien ocupó la secretaría que dejó Natalio Graglia, exintendente de Villa Nueva, un dirigente que responde al exintendente villamariense Martín Gill.

A su vez, Jorge Arroyo, exintendente de El Arañado, asumió en la secretaría que había quedado vacante tras la salida del radical Orlando Arduh, quien pasó a desempeñarse en la Defensoría del Pueblo provincial.

Pese a estos cambios, el ministro Calvo mantiene en posiciones clave a dos dirigentes de su confianza en el vínculo con los intendentes: Augusto Pastore, exintendente de Freyre, y Hernán Passerini, exintendente de Cruz Alta y hermano del actual intendente capitalino, Daniel Passerini.

El Ministerio de Cooperativas y Mutuales también sumó a dirigentes del interior. Además del arribo de Jure, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, también pidió licencia en su municipio, para asumir como secretario de Infraestructura. En tanto, Darío Chesta, ahora también con licencia en el municipio de Río Segundo, quedó al frente de la Secretaría de Viviendas.

Estos nuevos funcionarios tendrán a su cargo la administración de programas y proyectos destinados principalmente a localidades de menos de 10 mil habitantes. Mientras tanto, el trato con los intendentes de las ciudades más importantes del interior continuará centralizado en la figura de Calvo.

El desembarco generó entusiasmo en sectores del peronismo del interior, aunque también despertó algunas críticas. “Hay más funcionarios que dirigentes. Para ganar elecciones hace falta que los dirigentes estén en las calles, no en las oficinas”, deslizó –por lo bajo– un exintendente del sudeste provincial.

En paralelo, en el oficialismo comienza a instalarse una pregunta inevitable: qué ocurrirá con los intendentes radicales y del PRO que se habían acercado al Gobierno provincial de la mano de Arduh, y cuál será el rol de la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Desde el Centro Cívico insisten en que no habrá cambios y que los jefes municipales no peronistas “tendrán el mismo trato” que los oficialistas. Una promesa que, en la práctica, no será sencilla de sostener.

Arduh seguirá articulando con los intendentes, pero ya no tendrá la potestad de manejar programas, ni fondos. En tanto, Prunotto continúa recorriendo el interior, aunque su prioridad política parece estar hoy en la Capital, donde busca consolidar su figura con la mira puesta en una eventual candidatura a intendenta.

En ese contexto, Llaryora mantiene abierta la intención de sumar a algún intendente radical a su gabinete para ocupar el rol que antes cumplía Arduh. Uno de los tentados habría sido el jefe municipal de Arroyito, Gustavo Benedetti, quien finalmente rechazó la propuesta.

Según las versiones que corren en el oficialismo, su negativa estaría vinculada a la percepción de una creciente “peronización” de la gestión que limitaría su margen de acción. Aun así, en el llaryorismo no descartan que esa puerta vuelva a abrirse.

Aunque el próximo turno electoral será en 2027, en el entorno del gobernador consideran que este año debe ser el de la “consolidación” de la gestión, con la mirada puesta en la reelección, un objetivo que el propio Llaryora ya admitió públicamente.

“No conozco ningún gobernante que haya perdido una elección con la aprobación de su gestión por encima del 55%. Nuestro primer objetivo es llegar a fin de año con ese nivel de imagen positiva”, razonó uno de los ministros que integra la mesa chica de decisiones políticas.

La incorporación de dirigentes del interior se agrega a otra jugada que el gobernador ejecutó meses atrás: sumar a referentes peronistas capitalinos, como el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, y el titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio. La intención, explican en el oficialismo, es clara: “sacar la gestión provincial a las calles de la ciudad de Córdoba”.

El tiempo dirá si este cambio de estrategia política del gobernador le genera el resultado esperado por el oficialismo en las urnas.