El gobernador Martín Llaryora movió una sola pieza en su gabinete, pero el efecto político fue mucho mayor que el alcance formal de la decisión. El exintendente de Alta Gracia, Marcos Torres (quien pidió licencia en su ciudad) reemplazó a la schiarettista Laura Jure.
En los papeles fue un cambio puntual. En la práctica, muchos lo leen como la señal de un viraje más profundo. Hasta las elecciones legislativas de octubre pasado, la prioridad del mandatario era ampliar el oficialismo con intendentes y dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas.
Ahora, en cambio, Llaryora parece haber girado el timón hacia adentro del PJ. En los próximos días se oficializaría el desembarco de varios intendentes peronistas del interior en cargos de segundas líneas ministeriales, consolidando ese repliegue hacia la estructura propia.
Algunos nombres ya están confirmados. Agustín González, ahora exintendente de Cruz Alta, será el segundo del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, asumirá en una secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A esa misma cartera también podría sumarse el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia.
La posible salida de Osvaldo Arduh de la secretaria de Cooperación Institucional encendió luces de alerta entre más de 50 intendentes radicales que se habían sumado al oficialismo. Para ellos, el dirigente era el nexo directo con el Centro Cívico y su eventual traslado a la Defensoría del Pueblo provincial implicaría perder un canal de interlocución clave.
También observan con inquietud esta “peronización” de la gestión provincial los radicales que responden a la vicegobernadora Myrian Prunotto
Un asesor de Juez juega de defensor del Chiqui Tapia
La flexibilidad de Luis Juez al momento de sellar alianzas electorales y encolumnarse detrás de proyectos políticos es conocida y está avalada por decenas de ejemplos a lo largo de su extensa carrera. Esta cualidad parece haber sido transmitida a miembros de su equipo, que ahora abrazan consignas libertarias cuando antes hicieron lo propio con banderas progresistas.
Es el caso de Marcelo Lemos, hombre fuerte de Racing de Nueva Italia y asesor de Luis Juez en el Senado, donde opera en la planta permanente en la categoría A-14, la más baja de la estructura de personal. Antes, Lemos estuvo en planta transitoria, pero ahora ya ocupa un puesto fijo en el Congreso.
Lo cierto es que mientras Juez formalizaba su ingreso al bloque de La Libertad Avanza, Lemos salía a defender impetuosamente a Claudio "Chiqui" Tapia, el mandamás de la AFA que está en la mira de la Justicia por los supuestos delitos financieros y económicos; investigaciones que son impulsadas por el Gobierno nacional.
La guerra desatada entre Milei y Tapia no es nueva, pero el capítulo judicial puede llevar a la cárcel al presidente jefe del fútbol argentino justo en el año en el cual la Selección defenderá el título mundial que obtuvo en Qatar.
En el contexto de esa pelea a todo o nada el asesor de Juez salió a bancar los trapos de Tapita: Lemos, secretario General de Racing de Córdoba y miembro de la Asociación Cordobesa de Fútbol, dijo en redes sociales que la denuncia contra "Chiqui" es "puro humo", con el objetivo de tapar la fuerte crisis de la economía real y el aumento de la inflación de los últimos meses.
"Humo para tapar la realidad; circo. Fijate el supermercado, el dólar, y esperá las facturas de servicios" escribió Lemos en un posteo junto a una captura de pantalla de la web de La Voz en la que se daba cuenta de uno de las patas de investigación abierta contra el líder de la AFA: "De Sur Finanzas a las cuentas de Estados Unidos", era el título.
Tranquilo, no pasa nada
“Te juro que no pasa nada”. La frase, de un técnico a un alto funcionario, se escuchó en el Centro Cívico horas antes de que Córdoba confirmara a comienzos de año que no daría marcha atrás con la nueva canasta del IPC, a diferencia del Indec, que decidió postergar el cambio metodológico.
La salida de Marco Lavagna del organismo nacional coincidió con la decisión del Ministerio de Economía de frenar la actualización. La afirmación fue en respuesta a la versión de que una nueva estructura, con mayor peso de los servicios, podría alterar (hasta arriba) el resultado del índice en un momento sensible.
El problema es que los salarios de los empleados públicos provinciales se ajustan por el IPC local, no por el nacional. Una diferencia importante entre ambos indicadores implica millones adicionales en el ajustadísimo presupuesto de Martín Llaryora.
De allí la necesidad de transmitir tranquilidad. Según repiten los técnicos provinciales, la estructura de precios en Córdoba (con tarifas y transporte que ya acumulan fuertes subas desde antes) no debería generar un salto extra por el cambio de canasta. Al menos, esa es la apuesta. "Ok, pero espero que sea sí porque Martín nos mata, eh", respondió, algo desconfiado, el funcionario.
