El Gobierno nacional anticipó que convocará a los gobernadores para revisar Ingresos Brutos y las tasas municipales vinculadas a las ventas. El planteo llega en un momento en el que la economía necesita mejorar su competitividad, pero también en un contexto fiscal delicado para provincias y municipios.
La discusión no es nueva. El Consenso Fiscal de 2017 ya había intentado ordenar una reducción gradual de Ingresos Brutos. Sin embargo, la experiencia mostró que bajar alícuotas no alcanza cuando el diseño del impuesto sigue generando distorsiones. El problema de fondo no es sólo cuánto se cobra, sino cómo se cobra.
Un impuesto que se acumula
Ingresos Brutos es un impuesto acumulable: un mismo producto puede pagar el impuesto varias veces antes de llegar al consumidor final. En cada etapa de producción y comercialización, ese costo se suma al precio. Algo similar ocurre con muchas tasas municipales que, aunque deberían estar vinculadas a un servicio concreto, en la práctica funcionan como un cargo adicional sobre las ventas.
Así, por ejemplo, si un producto pasa por solo tres etapas antes de llegar al consumidor y la alícuota de Ingresos Brutos es 3% y la de la tasa municipal es de 1%, el precio final puede terminar siendo alrededor de 8% más alto.
Esto muestra también lo poco transparente que es el impuesto, ya que el consumidor no ve ese costo separado en la factura, pero lo paga igual porque queda incorporado en el precio final. Las empresas también lo sienten: les encarece los insumos, les reduce el margen y les hace más difícil competir.
Por qué bajar alícuotas no resuelve todo
Frente a este problema, la primera respuesta suele ser bajar las alícuotas. Eso puede ayudar transitoriamente, pero no alcanza.
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Siguiendo el ejemplo, si se reducen ambos impuestos en un 25%, el encarecimiento del precio final todavía rondaría el 6%. Y aun con una reducción de un tercio, seguiría cerca del 5%. Esto muestra que, más que la alícuota, el problema está en el diseño de los impuestos.
Muchas empresas enfrentan regímenes de retención, percepción y pagos anticipados. En la práctica, eso implica adelantar fondos al fisco antes de saber cuánto se debe pagar realmente. Cuando esos anticipos superan el impuesto a pagar, se generan saldos a favor del contribuyente que no siempre son fáciles de recuperar. Para una empresa chica o mediana, esto puede ser tan importante como el impuesto mismo: le quita flujo de caja y le
suma trámites. El problema es incluso más grave si la firma opera en varias provincias o si es nominada como agente de recaudación.
Es ahí donde aparece el límite de una baja gradual de los impuestos. Reducir alícuotas no cambia el funcionamiento del impuesto. Y eliminarlos sin una reforma impositiva de fondo tampoco es viable: según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en 2025 Ingresos Brutos explicó cerca del 78% de la recaudación tributaria propia de las provincias.
Esa dependencia ayuda a entender por qué el Consenso Fiscal de 2017 tuvo resultados limitados. Se buscó reducir gradualmente un impuesto muy importante para las provincias, pero sin reemplazarlo por un esquema que resolviera el problema de fondo.
La reforma tiene que cambiar el diseño
El desafío es eliminar impuestos distorsivos sin desfinanciar a los gobiernos subnacionales. Una propuesta en este sentido es avanzar hacia un IVA ampliado que absorba Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre ventas.
La diferencia central es que el IVA no se aplica sobre toda la venta en cada etapa, sino sobre el valor que se agrega en cada una. El cambio también ayudaría a simplificar trámites, transparentar el impuesto y ordenar la relación entre Nación, provincias y municipios.
Cuidar la recaudación no implica conservar impuestos mal diseñados. Implica construir un esquema lo más neutral posible con la producción, la formalidad y los precios. Si la discusión se limita a repetir una baja gradual de alícuotas, el resultado probablemente sea transitorio y agrave otros problemas. Si se aprovecha para ordenar de fondo el sistema tributario, puede convertirse en un verdadero disparador de la competitividad nacional.
* Economista de Idesa.
