
En semillas y en propiedad intelectual, ¿por qué Brasil nos saca ventaja bajo el mismo paraguas?
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Redacción La Voz
El IPC de abril de 2026 fue 2,6%, frente al 3,4% de marzo. El dato vuelve a los niveles de octubre del año pasado y rompe una tendencia de aceleración que se había sostenido desde mediados del 2025.
La baja fue generalizada. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%, después de haber presionado con fuerza en los meses anteriores. Las carnes prácticamente no se movieron, y las frutas y verduras bajaron de precio. Educación, que en marzo había trepado 12,1% por el inicio del ciclo lectivo, quedó en 4,2%. Esos dos rubros explican buena parte de la diferencia con el mes anterior.
Más allá de los rubros puntuales, la inflación núcleo –que deja afuera los precios estacionales y regulados para mostrar la tendencia de fondo– bajó de 3,2% en marzo a 2,3% en abril. Es una señal alentadora porque sugiere que buena parte de la presión de marzo era coyuntural.
También se achicó la brecha entre bienes y servicios: en abril, subieron casi igual, 2,5% y 2,6%, respectivamente. En los meses anteriores, los servicios venían subiendo bastante más que los bienes, lo que dificultaba la baja del índice general.
El contrapeso viene de los precios regulados, que subieron 4,7% en el mes. Transporte acumuló un alza de 4,4% en abril y ya suma casi 13% en lo que va del año, mientras que Comunicación subió 4,1%. Estos rubros responden a decisiones de política tarifaria y mantienen presión sobre el nivel general con independencia de lo que haga el resto de la economía. No es un dato menor: en la comparación interanual, los regulados acumulan 43%, 10 puntos por encima del índice general. Su trayectoria pesa y condiciona cualquier lectura optimista del número mensual.
El resultado es que la inflación interanual quedó en 32,4%, prácticamente igual que en marzo. Desde octubre de 2025, ese número oscila sin bajar de manera sostenida. La foto mensual mejoró; la tendencia de largo plazo todavía no.
El ordenamiento de las cuentas públicas es la base del proceso de desinflación y un logro que hay que preservar. Pero la pregunta que empieza a instalarse es si la velocidad con la que se busca bajar la inflación es compatible con las necesidades de la economía real.
Por un lado, el Gobierno tiene razones para sostener el ritmo. Una inflación que no termina de ceder alimenta la incertidumbre, erosiona el poder adquisitivo y dificulta la planificación de las empresas. En ese sentido, mantener el foco en la desinflación tiene una lógica clara.
Por otro lado, la producción y el empleo también reclaman atención. Como mostraron los datos del mercado laboral del último trimestre de 2025, la economía puede crecer y al mismo tiempo destruir empleo formal. Eso sugiere que el ordenamiento macroeconómico, siendo necesario, no es suficiente para que los beneficios lleguen a la economía real.
Las reformas estructurales pendientes son parte de la respuesta. Avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque mejoraría la competitividad de la producción y generaría condiciones para un crecimiento más sostenido. Ese horizonte de mayor actividad y reglas más previsibles es también lo que termina de anclar las expectativas en el largo plazo.
El interrogante que deja abril es si el Gobierno estará dispuesto a resignar algo de velocidad en la desinflación para que la economía real gane terreno o si seguirá priorizando el ancla nominal por encima de otras variables. Por ahora, esa tensión sigue abierta.