Intimación. La IGJ exige a la Fundación Faro de Agustín Laje identificar a sus donantes
El organismo solicitó un detalle de los aportes que superaron los 11 millones de pesos durante 2024, tras detectar ingresos por casi 5 mil millones en el primer año de gestión del think tank oficialista.
La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó formalmente este lunes a la Fundación Faro, el centro de estudios liderado por Agustín Laje, para que presente un listado detallado de sus donantes millonarios en un plazo de diez días ante el reporte de ingresos por casi 5.000 millones de pesos durante su primer año de actividad en Argentina.
El requerimiento del Anexo XIII
Según publica Chequeado, el organismo regulador, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, demandó el cumplimiento del "Anexo XIII" para transparentar el origen de los fondos que superaron los 40 salarios mínimos vitales y móviles.
La normativa vigente obliga a las asociaciones civiles a declarar la licitud de los recursos cuando estos exceden los 11 millones de pesos en un periodo de treinta días.
Fundación Faro declaró haber recibido exactamente 4.957.118.605 pesos bajo el concepto de donaciones, cursos y talleres durante el ejercicio contable de 2024.
Un patrimonio que creció exponencialmente
Los registros oficiales indican que la entidad registró un incremento patrimonial de 356 veces en comparación con los 12 millones de pesos declarados en 2023, cuando operaba bajo la denominación de Fundación Valorar.
El balance actual muestra un patrimonio neto de 4.394 millones de pesos, equivalentes a unos 4,8 millones de dólares al tipo de cambio de cierre del año pasado.
La mayor parte de estos ingresos extraordinarios fue destinada a inversiones financieras, según consta en la documentación presentada ante la autoridad de control.
Plazos y posibles sanciones
Además de los donantes de 2024, la IGJ solicitó la presentación inmediata de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
En caso de no responder al requerimiento dentro de los diez días hábiles otorgados, la fundación podría enfrentar multas de hasta 8 millones de pesos por cada infracción.
El organismo también investiga irregularidades en las firmas del balance de 2023 y el proceso de cambio de nombre que se concretó oficialmente en octubre de 2024.
