Economía. El Gobierno pagará $ 2,5 billones por la Ley de Financiamiento Universitario
Tras sendos reveses judiciales, la Casa Rosada enfrenta el plazo límite para aplicar la ley de financiamiento. Aunque apelarán ante la Corte Suprema, en el Ejecutivo admiten que "no tienen los fondos" y que la medida pone en jaque el equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional se encuentra en una encrucijada financiera y judicial. Según fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo tiene hasta mañana a las 9.30 para acatar el fallo que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
El costo estimado para cumplir con esta legislación asciende a los 2,5 billones de pesos, una cifra que, según advierten desde la Casa Rosada, implicaría que “vuelva el déficit” fiscal.
Un escenario judicial adverso
A pesar de que el oficialismo planea presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el entorno del presidente Javier Milei ven altamente improbable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo a la ley.
“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, confesó una fuente del Ejecutivo, señalando que la responsabilidad de redistribuir las partidas recaerá sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Gobierno ajustó más los gastos en marzo para mantener el superávit fiscal
La normativa, que fue sancionada el año pasado por el Congreso tras voltear el veto presidencial, ya fue ratificada en primera y segunda instancia por la Justicia. Ante la falta de una orden de suspensión, el Gobierno debería comenzar a transferir los fondos de manera inmediata para evitar un "limbo procesal".
El deterioro del sistema universitario
La presión judicial coincide con un crítico panorama en las casas de altos estudios. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales han sufrido una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
El principal foco de conflicto es el salarial. Se estima que los haberes de los docentes y no docentes han perdido un 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación desde el inicio de la gestión actual. Mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, los salarios solo aumentaron un 158% en el mismo período. Ante esto, figuras como el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, han remarcado que el Gobierno está "obligado a dar lo que falló la ley".
Próximos pasos
Mientras el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y otros funcionarios mantienen diálogos con el CIN, la posibilidad de llamar a nuevas paritarias para ajustar los salarios a la inflación permanece en la mesa de discusión.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que el cumplimiento total de la ley obligará a una reingeniería presupuestaria para la cual, aseguran, no cuentan con los recursos disponibles al día de hoy.
Por el momento, diversas instituciones planean movilizaciones nacionales para exigir que se activen de forma definitiva los fondos destinados a la educación superior.
