Caso Agostina. Piden informes sobre el ingreso de Barrelier y todas las contrataciones en la Municipalidad
Laura Sesma presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer las condiciones de incorporación del imputado a la Municipalidad de Córdoba y los mecanismos de selección y control aplicados al personal desde 2020.
En medio de las repercusiones generadas por el caso del femicidio de Agostina Vega, un pedido de acceso a la información pública presentado ante la Municipalidad de Córdoba busca conocer detalles sobre la incorporación de Claudio Barrelier al Estado municipal y, al mismo tiempo, obtener información sobre los mecanismos de contratación de personal aplicados durante los últimos años.
La presentación fue presentada por Laura Sesma, está dirigida al intendente Daniel Passerini y solicita una respuesta documentada sobre distintos aspectos vinculados con Barrelier, quien aparece mencionado en una de las investigaciones derivadas del caso que conmocionó a Córdoba.
Entre otros puntos, se pide conocer la fecha exacta de ingreso al municipio, la modalidad bajo la cual fue incorporado y si al momento de su contratación se le exigieron certificados de antecedentes penales provinciales o nacionales. También se requiere información sobre cuál era su situación laboral al momento de los hechos investigados y qué medidas administrativas se adoptaron posteriormente.
El pedido no se limita a ese caso particular. También reclama información sobre la estructura actual de personal de la Municipalidad de Córdoba. La solicitud requiere conocer cuántas personas prestan servicios en la administración central, discriminadas entre planta permanente, planta transitoria, contratados, monotributistas, becarios y cualquier otra modalidad de vinculación laboral. Además, pide que esos datos estén respaldados por documentación oficial.
La misma información es requerida respecto de entes autárquicos, agencias y organismos descentralizados dependientes del municipio. El planteo solicita que se individualice cada organismo y se detalle la cantidad de personas que trabajan en ellos bajo cada modalidad de contratación.
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Otro de los capítulos de la presentación apunta a conocer la nómina completa de funcionarios de la administración municipal y de los organismos dependientes, incluyendo secretarios, directores, subdirectores, asesores y otros cargos jerárquicos contemplados en la estructura vigente.
La solicitud también incorpora un requerimiento sobre los procedimientos de ingreso de personal desde 2020 hasta la actualidad. Se pide que el municipio informe cómo fueron seleccionadas las personas incorporadas durante ese período, si existieron concursos o convocatorias públicas, si hubo designaciones directas, cuáles fueron los requisitos exigidos y qué funcionarios u organismos intervinieron en cada proceso de incorporación.
Conocer la evolución
Fuentes vinculadas a la presentación señalaron que una de las razones del pedido es conocer cómo evolucionaron los sistemas de selección de personal en el municipio. Según indicaron, entre 2012 y 2015 funcionó un esquema de incorporación basado en diagnósticos previos de las necesidades de cada área y en evaluaciones realizadas con participación de universidades.
De acuerdo con esa versión, los postulantes accedían a través de exámenes administrados por instituciones académicas y luego integraban un orden de mérito común para cubrir vacantes.
Las mismas fuentes afirmaron que en ese proceso participaron universidades públicas y privadas y que gran parte de las evaluaciones se realizaban mediante plataformas digitales. También señalaron que el sistema incluía perfiles diversos vinculados con oficios, profesiones técnicas y especialidades universitarias, de acuerdo con los requerimientos formulados por las distintas áreas municipales.
En ese contexto, sostuvieron que el pedido de información apunta a determinar qué mecanismos fueron utilizados para incorporar personal durante los últimos años y cuál es la dimensión actual de la estructura laboral municipal. Según explicaron, existe interés en conocer cuántas personas prestan servicios efectivamente en la administración y bajo qué modalidades contractuales lo hacen.
Uno de los puntos centrales del requerimiento se refiere a los controles de antecedentes exigidos a quienes ingresaron al municipio desde 2020. La presentación solicita que se informe si todas las personas incorporadas durante ese período debieron presentar certificados emitidos por la Policía de Córdoba o por el Registro Nacional de Reincidencia.
También pide que, en caso de existir esa exigencia, se acompañe la normativa o reglamentación interna que la establezca. Si no fuera un requisito obligatorio, se solicita una explicación sobre las razones de esa decisión.
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La presentación fue realizada al amparo de la Ley Provincial 8803 de Acceso a la Información Pública, que reconoce el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información de organismos estatales. El escrito recuerda que la normativa establece un plazo de 10 días hábiles para responder los pedidos, con posibilidad de una prórroga excepcional por otros diez días cuando existan dificultades para reunir la documentación requerida.
Además, se solicita que toda la información sea entregada en soporte papel o digital y acompañada por documentación oficial, incluyendo actos administrativos, resoluciones, contratos y registros de personal.
La presentación fue fechada el 5 de junio y quedó formalmente ingresada ante el municipio.
