La Voz En Vivo. El Gobierno debe pagar $ 2,5 billones por la Ley de Financiamiento Universitario: "No hubo contactos", dijo el rector de la UNC
Jhon Boretto habló sobre la situación en La Voz En Vivo. Tras sendos reveses judiciales, la Casa Rosada enfrenta el plazo límite para aplicar la ley de financiamiento. Aunque apelarán ante la Corte Suprema, en el Ejecutivo admiten que "no tienen los fondos" y que la medida pone en jaque el equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional se encuentra en una encrucijada financiera y judicial. Según fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo tiene hasta este viernes para acatar el fallo que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
El costo estimado para cumplir con esta legislación asciende a los 2,5 billones de pesos, una cifra que, según advierten desde la Casa Rosada, implicaría que “vuelva el déficit” fiscal.
"La verdad no tenemos información precisa porque no ha habido canales de diálogo con el Gobierno", dijo Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a La Voz En Vivo.
"Las universidades ya tuvimos dos fallos favorables", recalcó Boretto, quien dijo que el Gobierno debería "materializar" lo que dice la ley y abril los canales de diálogo, "sobre todo el de paritarias para docentes y no docentes". "Ha habido una perdida de salarios del 33% y para recuperarla debería haber un aumento del 48%", agregó el rector.
"Lo que nos preocupa y lo que es urgente es que debe haber una respuesta por el tema salarios".
Un escenario judicial adverso
A pesar de que el oficialismo planea presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el entorno del presidente Javier Milei ven altamente improbable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo a la ley.
“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, confesó una fuente del Ejecutivo, señalando que la responsabilidad de redistribuir las partidas recaerá sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La normativa, que fue sancionada el año pasado por el Congreso tras voltear el veto presidencial, ya fue ratificada en primera y segunda instancia por la Justicia. Ante la falta de una orden de suspensión, el Gobierno debería comenzar a transferir los fondos de manera inmediata para evitar un "limbo procesal".
El deterioro del sistema universitario
La presión judicial coincide con un crítico panorama en las casas de altos estudios. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales han sufrido una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
El principal foco de conflicto es el salarial. Se estima que los haberes de los docentes y no docentes han perdido un 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación desde el inicio de la gestión actual. Mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, los salarios solo aumentaron un 158% en el mismo período. Ante esto, figuras como el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, han remarcado que el Gobierno está "obligado a dar lo que falló la ley".
Nueva Marcha Federal Universitaria en mayo
De no mediar una solución en el cortísimo plazo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes ya planifican medidas de fuerza. Boretto confirmó que se está trabajando en la organización de una nueva acción de visibilización masiva en todo el país.
“Estamos previendo llevar adelante una marcha federal si no hay respuestas por parte del gobierno en la primera quincena del próximo mes de mayo”, adelantó el rector.
El objetivo de la protesta es mostrar la necesidad de actualizar el financiamiento que se ha perdido frente a la inflación.
Finalmente, el titular de la UNC subrayó que no solicitan incrementos reales por encima del costo de vida, sino una recuperación de lo perdido.
La decisión final sobre la fecha de la movilización se tomará en los próximos días tras las conversaciones entre el CIN y el frente sindical


