Legislatura. El Frente Cívico impulsa una semana para concientizar sobre el juego "online" en menores
La iniciativa apunta a instalar campañas, actividades educativas y acciones de prevención sobre el impacto de las apuestas digitales en niños y adolescentes. El proyecto cuestiona además la legalización del juego online en Córdoba y reclama una intervención “activa y decisiva” del Estado.
El bloque del Frente Cívico presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para crear la “Semana Provincial de Concientización sobre los efectos adversos de la ludopatía online en niños y adolescentes”, una propuesta que busca poner el foco en el crecimiento de las apuestas digitales entre menores y en las consecuencias psicológicas, sociales y económicas derivadas de esa práctica.
La iniciativa establece que esa semana se desarrollará todos los años durante la tercera semana de agosto, en coincidencia con el Día de las Infancias, y comenzaría a implementarse desde 2026.
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El proyecto propone que el Estado provincial, junto con municipios, comunas, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas públicas y privadas, impulse jornadas, seminarios, concursos y actividades orientadas a “educar, concientizar y proteger” a niños y adolescentes frente a los riesgos de la ludopatía online.
Según el texto, los destinatarios prioritarios serán alumnos de nivel inicial, medio y terciario, además de organizaciones sociales y la ciudadanía en general. El Ministerio de Educación sería la autoridad de aplicación.
Fundamentos
En los fundamentos, el Frente Cívico sostiene que la ludopatía infantil y adolescente “no es un juego” sino “un arma letal en sus manos”. El documento define la problemática como un trastorno adictivo asociado a apuestas y videojuegos que afecta el sistema de recompensas y el control de impulsos.
La iniciativa incorpora estadísticas y estudios de organismos internacionales y centros de investigación. Allí se menciona, por ejemplo, que Unicef advirtió que “casi el 80% de los adolescentes ha participado en apuestas o conoce a alguien que lo ha hecho”.
También señala que el ingreso al mundo de las apuestas ocurre “cada vez a edades más tempranas”, con un promedio cercano a los 13 años.
Otro de los datos citados por el proyecto indica que el 83% de los jóvenes utiliza billeteras virtuales para apostar y que el celular propio es el principal dispositivo de acceso.
El texto también enumera consecuencias asociadas a la salud mental. Según los datos incorporados por el bloque opositor, el 69% de los jóvenes reporta ansiedad o malestar vinculado a las apuestas online, mientras que casi la mitad reconoce alteraciones en el sueño y bajo rendimiento escolar.
El proyecto tiene además una fuerte carga política. En los fundamentos, el Frente Cívico cuestiona directamente la legalización del juego online aprobada en Córdoba en 2021 y afirma que esa decisión “fue y es un duro golpe a los derechos del niño”.
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La bancada recuerda que ya presentó otras iniciativas vinculadas al tema, entre ellas la derogación de la ley de juego online y pedidos de informes sobre la implementación del Programa de Lucha contra la Ludopatía Online.
Uno de los tramos más duros del proyecto apunta contra el rol del Estado provincial. “El silencio y la inacción oficial del gobierno reinan como política de estado”, afirma el texto.
En esa línea, los autores del proyecto citan una frase del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien había advertido que “hemos puesto un casino en cada celular”.
También aparece una referencia al papa Francisco, quien manifestó su preocupación por “la proliferación de sistemas dirigidos a captar a los jóvenes en las denominadas apuestas online”.
El documento sostiene además que “nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de una instigación a la ludopatía”.
A lo largo de los fundamentos, el Frente Cívico insiste en que existe una falta de controles eficaces y advierte sobre la expansión de plataformas ilegales de apuestas. “Día a día nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran totalmente desprotegidos y vulnerables”, señala el texto.
La iniciativa también vincula el proyecto con obligaciones constitucionales y tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes. Allí se recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar protección y bienestar mediante medidas legislativas y administrativas.
En el cierre, el bloque afirma que la problemática “debe ser abordada sin grises” y reclama un rol “activo y decisivo” del Estado frente a un fenómeno que “aumenta vertiginosamente día a día”.
