Legislatura provincial. El Frente Cívico busca abrir al público las entrevistas para elegir jueces en Córdoba
Un proyecto propone que las evaluaciones personales a los aspirantes sean transmitidas en vivo y queden disponibles en internet.
Los legisladores del Frente Cívico presentaron en la Unicameral un proyecto para que las entrevistas personales a los candidatos a jueces y funcionarios judiciales de Córdoba dejen de realizarse bajo reserva, sean abiertas al público y se transmitan en vivo por Internet.
La iniciativa propone modificar el artículo 25 de la Ley Provincial 8.802, que regula el Consejo de la Magistratura, y apunta a incorporar mecanismos de publicidad y control ciudadano en una de las instancias decisivas de los concursos judiciales.
Según el proyecto de los legisladores opositores, las entrevistas deberán ser transmitidas en directo a través de los sitios oficiales del Consejo de la Magistratura y de la Legislatura de Córdoba. Las grabaciones también tendrán que ser almacenadas y publicadas posteriormente en formatos digitales abiertos y de fácil acceso.
El cambio no alcanza a todo el procedimiento de selección, sino específicamente a la entrevista personal que se realiza después de que los aspirantes superan el puntaje mínimo en las pruebas de oposición.
El texto incorpora, además, la evaluación de la situación económica y patrimonial del aspirante como uno de los elementos para efectuar una valoración integral.
Una vez finalizadas las entrevistas, el Consejo deberá emitir un dictamen fundado sobre los puntajes. Cuando no exista una mayoría entre sus integrantes, la calificación definitiva surgirá del promedio de las notas asignadas.
La evaluación psicológica, en cambio, continuará siendo reservada.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que el proceso de selección de jueces “no puede ser considerado un simple trámite administrativo”, sino que constituye un elemento central para garantizar una Justicia independiente, imparcial y alejada de los condicionamientos políticos.
Los motivos del Consejo de la Magistratura para no transmitir las entrevistas a los 17 aspirantes a juez
También reconocieron que la creación del Consejo de la Magistratura, en 1999, representó un avance para limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, consideraron que, casi tres décadas después, algunos de sus procedimientos no fueron adaptados a los actuales estándares de transparencia y ética pública.
La principal crítica se concentra en el carácter reservado de las entrevistas. En los últimos días, el senador Luis Juez y los legisladores provinciales salieron al cruce por no tomarse el pedido para que sean públicas las entrevistas a los candidatos a reemplazar a la jueza Electoral, Marta Vidal.
"El Consejo de la Magistratura rechazó el pedido de transparencia y publicidad de las entrevistas a los candidatos a juez electoral. Lamentablemente, una vez más en Córdoba ganó la opacidad del poder. Una vez más vapulean la poca calidad democrática que nos queda", se había quejado Viviana Martoccia, legisladora juecista.
“El secreto o la falta de acceso público en tiempo real genera una preocupante dinámica de opacidad”, señalaron ahora en los fundamentos de este nuevo proyecto.
Para graficar esa desigualdad, los legisladores señalaron que a un postulante podría preguntársele por “el estado del clima” y a otro por cuestiones tan particulares como el “Derecho Comparado en Moldavia”.
Gispert impulsa una reforma más amplia
En paralelo, el legislador provincial Walter Gispert, también integrante del Frente Cívico, presentó días atrás otra iniciativa para reformar de manera integral el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
A diferencia del primer proyecto, que se concentra en hacer públicas las entrevistas, la propuesta de Gispert abarca la composición del organismo, los métodos de evaluación, la participación ciudadana y la posibilidad de revisar judicialmente las decisiones adoptadas durante los concursos.
Según la presentación difundida por el legislador, el proyecto propone incorporar al Consejo representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos seleccionados mediante procedimientos públicos.
Otro de los puntos es la eliminación de las cláusulas que impiden recurrir algunas decisiones tomadas durante los concursos. “La confianza de los cordobeses en la Justicia comienza por la forma en que se seleccionan quienes tienen la responsabilidad de impartirla”, sostuvo Gispert.
El legislador afirmó que se necesitan “concursos transparentes, reglas claras y mecanismos que garanticen que los mejores perfiles accedan a los cargos judiciales, sin favoritismos ni condicionamientos políticos”.
