Muy arraigada está la idea de que uno de los principales factores detrás de la falta de competitividad de la economía argentina, sobre todo en un contexto de apertura al mundo, es la elevada presión impositiva. De allí surge una recomendación frecuente: reducir el gasto público para generar el espacio fiscal que permita bajar impuestos sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, ese enfoque suele llevar a un callejón sin salida. Bajar el gasto público resulta muy difícil si la economía no crece. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento se ve limitado por un sistema tributario que penaliza la producción, la inversión y la formalidad. En otras palabras, la economía necesita crecer para poder bajar impuestos, pero necesita mejorar su esquema impositivo para poder crecer.
¿Qué salida hay?
La experiencia de Uruguay ofrece una referencia útil. En los últimos 20 años, el país vecino duplicó su producto interno bruto (PIB), mientras que Argentina apenas acumuló un crecimiento cercano al 50%. Hoy Uruguay tiene un PIB per capita de alrededor de U$S 23 mil, frente a los 14 mil de Argentina. A la vez, la incidencia de la pobreza en nuestro país prácticamente duplica a la del vecino.
Lo interesante es que esa diferencia no se explica por una presión impositiva mucho menor. En ambos casos, la recaudación ronda el 27% del PIB. La diferencia principal no está en cuánto se recauda, sino en cómo se recauda.
Uruguay concentra casi toda su recaudación en tres grandes impuestos: IVA, renta y contribuciones a la seguridad social, que explican cerca del 90% del total. En Argentina, en cambio, esos mismos tributos representan apenas alrededor del 60%, y el resto se completa con una amplia variedad de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, sellos y los derechos de exportación.
El plan de un empleado “infiel” de Anses en Córdoba para quedarse con $ 40 millones
Los datos muestran esa diferencia con claridad. En Uruguay, el IVA recauda aproximadamente el 9,7% del PBI, contra el 7,4% en Argentina. El impuesto a la renta aporta alrededor del 7,1%, frente al 4,5% argentino. Y las contribuciones a la seguridad social representan el 9,6% del PBI, mientras que en Argentina rondan el 5,1%.
Lo más llamativo es que esa mayor recaudación no surge de alícuotas más altas. El IVA uruguayo es del 22%, apenas un punto por encima del 21% argentino. El impuesto a la renta de las empresas tiene una tasa del 25%, inferior al 35% vigente en Argentina. Y las
contribuciones a la seguridad social se ubican entre el 30% y el 35% del salario, contra aproximadamente el 43% en Argentina.
La pregunta del millón: ¿De qué vamos a vivir los cordobeses?
Es decir, con tasas similares o incluso menores, Uruguay logra recaudar más. La diferencia está en la eficiencia del sistema. En Argentina, en cambio, el peso de los impuestos distorsivos encarece cada transacción, afecta la competitividad y genera incentivos a la evasión y a la informalidad. Eso ocurre con tributos como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque, y también con los derechos de exportación, que reducen la rentabilidad, desalientan la producción y terminan afectando la recaudación de otros impuestos, especialmente Ganancias.
La conclusión es clara: el problema central del sistema tributario argentino no es solo el nivel de presión impositiva, sino la mala calidad de los impuestos que lo componen.
Cómo mejorar el sistema tributario sin tener que bajar la recaudación
Avanzar hacia un esquema más eficiente no implica necesariamente recaudar menos. Si el IVA absorbiera gradualmente tributos como Ingresos Brutos, el aumento de su alícuota podría ser moderado, porque la recaudación tendería a crecer a partir de una menor evasión y de un mayor nivel de actividad. Del mismo modo, eliminar impuestos como el cheque o los derechos de exportación probablemente impulsaría la producción y, con ella, la recaudación de otros tributos, como Ganancias.
La experiencia uruguaya muestra que es posible sostener una presión impositiva similar, pero con una estructura mucho más eficiente. En lugar de una multiplicidad de impuestos distorsivos, la recaudación se concentra en pocos tributos bien diseñados.
Reducir el gasto público y mejorar la calidad del Estado sigue siendo un objetivo importante. Pero no debería ser una condición previa para ordenar el sistema tributario. Como muestra el caso uruguayo, reemplazar impuestos distorsivos por otros más eficientes puede mejorar la competitividad sin necesariamente sacrificar recursos fiscales.
