Los cambios en las “zonas frías” del servicio de gas natural aprobados en Diputados y la discusión por los subsidios energéticos volvieron a poner el foco sobre los “extras” que encarecen los servicios públicos más allá del costo propio de la prestación. Los datos son contundentes: las facturas de los tres principales servicios públicos se incrementan entre un 34% y un 59% por el impacto de impuestos, tasas, contribuciones, fondos y cánones.
Aunque las distintas jurisdicciones suelen cruzarse responsabilidades por el peso de esos recargos, lo cierto es que todas participan, en distinta medida, del monto final que pagan los usuarios: la Nación, la Provincia y los municipios. Desde el IVA e Ingresos Brutos hasta fondos específicos para obras, cánones por el uso de recursos, tasas regulatorias y contribuciones municipales, cada nivel del Estado agrega componentes que terminan elevando las boletas.
En algunos casos, esos cargos representan más de la mitad del valor original del servicio.
Agua potable
Una boleta hipotética de Aguas Cordobesas, por caso, sólo por el servicio, podría costar $ 20.000. Sin embargo, los impuestos, fondos y cánones le agregan casi un 59% más ($ 11.800) y elevan el total a unos $ 31.800. En ese recargo participan las tres jurisdicciones del Estado.
La Nación se queda con el IVA, que suma un 21% ($ 4.200) sobre el valor base del servicio –del que luego coparticipa una parte con las provincias–. La Provincia cobra Ingresos Brutos (4%, $ 800), la tasa del Ersep (1,2%, $ 240) y los cánones vinculados al uso del recurso hídrico (16,79%, $ 3.358). La Municipalidad de Córdoba, en tanto, aplica el Fondo para el Financiamiento Integral del Sistema Sanitario (16%, $ 3.200).
Dicho de otra forma, en una boleta de Aguas Cordobesas el servicio propiamente dicho representa hoy apenas el 62,9% del total final que paga el usuario.
En los últimos meses, crecieron particularmente los “cánones del agua”, cargos que Aguas Cordobesas paga a la Provincia por el uso del recurso hídrico y que terminó ganando peso dentro de la tarifa desde la llegada de Martín Llaryora a la gobernación. Históricamente tenían una incidencia menor y estaban integrados dentro de la estructura general de costos del servicio.
Pero tras los fuertes aumentos dispuestos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y la implementación de ajustes automáticos mensuales, la concesionaria pidió separarlos del resto de la fórmula tarifaria para “transparentar” su impacto y diferenciar qué parte de los incrementos responde a decisiones provinciales y cuál a costos propios de operación.
Energía eléctrica
En el caso de la luz, la boleta de Epec también se encarece de manera importante por la carga de impuestos, fondos y tasas que se suman al costo propio del servicio.
El principal recargo es el IVA del 21%, que recauda la Nación. Se trata del mismo nivel del Estado que, al mismo tiempo, les reclama a las provincias y los municipios que eliminen tributos que “distorsionan” el valor de las tarifas.
A eso se agrega el Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (Fodep), un cargo del 10% del que Epec actúa como agente de percepción para la Provincia. En el caso de las demandas de media tensión (utilizadas principalmente por grandes usuarios y comercios) la alícuota es del 6,5%.
El Fodep comenzó a cobrarse en las áreas atendidas por Epec en 2019. En las cooperativas eléctricas del interior provincial, en cambio, empezó a aplicarse recién en 2024 y generó fuertes cuestionamientos. Originalmente era del 5%, pero en 2021 se habilitó al Poder Ejecutivo a elevarlo hasta el 10%.
La factura eléctrica también incorpora otros cargos menores, aunque permanentes: un 0,4% destinado al funcionamiento del Ersep y otro 0,1% correspondiente a la denominada Tasa de Seguridad Eléctrica, creada por ley para financiar tareas de capacitación y control vinculadas a los instaladores electricistas matriculados.
A nivel municipal también existen recargos. En la ciudad de Córdoba, la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM) agrega un 10% adicional a la boleta. Se utiliza para financiar el alumbrado público y la iluminación de edificios estatales. La legislación provincial establece que las ciudades de más de 50 mil habitantes pueden cobrar hasta un 10%, mientras que las localidades más pequeñas están habilitadas a aplicar hasta un 15%.
En términos concretos, una factura final de electricidad de –por ejemplo– $ 60.000, podría reducirse a $ 42.000 si sólo reflejara el costo puro de la energía, sin impuestos, fondos ni tasas adicionales.
Gas natural
Estas boletas son las más complejas en cuanto a la cantidad de cargos, fondos y tributos adicionales incorporados al valor final. En Córdoba, el servicio es prestado por Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) y, a diferencia del agua y la electricidad, no está regulado por el Ersep provincial sino por el Enargas, organismo nacional.
Aun así, entre los tres grandes servicios públicos, el gas es el que tiene menor peso relativo de impuestos y cargos adicionales. De acuerdo con el relevamiento realizado para esta nota, el 74,5% de una factura de Ecogas corresponde al servicio propiamente dicho y el resto a distintos recargos. En comparación, en el agua el servicio representa el 62,9% de la boleta y, en la electricidad, el 70,7%.
El componente más importante sigue siendo el IVA del 21%. Ecogas también actúa como agente de percepción de Ingresos Brutos provincial.
Pero el importe final se encarece además por otros conceptos menos conocidos y, en algunos casos, muy particulares. Uno de ellos es el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, el llamado “impuesto al cheque”, creado en 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Aunque originalmente iba a ser transitorio, nunca fue eliminado. El tributo debería ser afrontado por las concesionarias, pero en 2002 el Gobierno nacional autorizó que las distribuidoras trasladaran ese costo a los usuarios bajo el concepto de “mayor costo derivado”.
A diferencia de otros recargos, ese importe no surge de una alícuota fija. El valor se calcula en función del total efectivamente abonado por la distribuidora en concepto de impuesto al cheque y luego se distribuye proporcionalmente entre los usuarios según el monto de cada factura.
La boleta del gas también incluye el traslado de la contribución de Comercio e Industria, una tasa municipal que las distribuidoras están autorizadas a incorporar a la tarifa. En Córdoba comenzó a cobrarse en 2023.
"Zonas frías"
Otro de los cargos es el denominado “Fondo fiduciario para subsidios de gas” (“zonas frías”). Ese fondo agrega algo más del 5% a las facturas y se utiliza para financiar subsidios al consumo residencial de gas y programas de garrafas sociales.
Hasta ahora, el esquema permite financiar descuentos para usuarios de regiones consideradas de bajas temperaturas, un beneficio que durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió a zonas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.
La Cámara de Diputados aprobó esta semana un proyecto que mantiene el cobro del fondo en las boletas (es decir, la recaudación seguirá existiendo) pero restringe el alcance de los subsidios incorporados en la ampliación de 2021.
Luis Juez: Llaryora hace populismo berreta con Zonas Frías
En términos concretos, una boleta hipotética mensual de gas de $ 20.000 podría reducirse a alrededor de $ 15.000 si sólo reflejara el costo puro del servicio y no incorporara impuestos, fondos ni cargos extra.
