Proyecto. Diputada cordobesa impulsa una ley para recortar las jubilaciones de privilegio del presidente y vice
Alejandra Torres, de Provincias Unidas, presentó un proyecto que modifica las reglas que rigen las asignaciones vitalicias. Fija nuevos topes y establece una “cláusula de ética” ante condenas por corrupción.
La diputada del PJ cordobés Alejandra Torres, que integra el bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de ley que busca recortar las denominadas “jubilaciones de privilegio” que perciben el presidente y vice. La iniciativa no elimina las asignaciones mensuales vitalicias, pero modifica el monto y las reglas que las rigen.
La jubilación de presidentes y vices está establecida en la Ley 24.018, que data de 1991. Los presidentes cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia ($ 10.503.434,51 a valores de abril, según la escala publicada por el máximo tribunal), mientras que a los vicepresidentes les corresponde el 75% de ese monto.
“Lejos de cualquier postura demagógica, no proponemos la eliminación de estos retiros, sino introducir verdaderos criterios de justicia distributiva, topes reales y transparencia fiscal”, explicó Torres, especialista en el área previsional ligada a la Fundación Mediterránea.
Menos lamentos por los privilegios y más acciones para eliminarlos‼️
— Alejandra Torres (@Ale_Torres60) June 11, 2026
👉 Junto a diputados de @ProvUnidas_Dip presentamos un proyecto para reformar la Ley 24.018 y ordenar las asignaciones vitalicias del Presidente, Vicepresidente.
Lejos de cualquier postura demagógica, no… pic.twitter.com/2lVqhKDNAN
Entre las principales modificaciones, propone que el haber sea equivalente al 70% de la remuneración neta que por todo concepto corresponda al cargo en ejercicio, en lugar de anexarla a los sueldos de la Corte. Se fija un tope máximo de 10 haberes mínimos del Sipa (Sistema Integrado Previsional Argentino).
Asimismo, se crea un “Aporte Solidario Obligatorio” del 30% sobre el excedente del ingreso total acumulado de todo beneficio que, por el cobro de la asignación vitalicia, perciba un monto bruto mensual superior al haber máximo del Sipa.
Se establece una edad mínima de 65 años y que las asignaciones estarán sujetas al impuesto a las Ganancias y a los mismos descuentos de obra social y aportes que rigen para el sistema general, como una manera de ponerle “fin a los privilegios impositivos”.
Otro de los artículos establece la incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier otro cargo público (ya sea nacional, provincial o municipal) y con la percepción de cualquier otra jubilación, pensión o asignación vitalicia.
Además, se incorpora una “cláusula de ética” por la cual si el presidente o vice recibe una condena firme por corrupción o delitos contra la administración, el beneficio caducará automáticamente. En el caso de Cristina Kirchner, el tema se encuentra judicializado.
En los fundamentos, Torres consideró que, si bien es entendible el reclamo social respecto de los “privilegios”, la eliminación total de las asignaciones vitalicias y el traspaso directo al Régimen General “presenta serias falencias conceptuales y prácticas que deben ser corregidas bajo una mirada de responsabilidad institucional”.
“Hoy más que nunca, el esfuerzo fiscal lo debemos hacer todos. Las máximas responsabilidades del Estado deben ser el principal ejemplo de orden, transparencia e integridad institucional”, sostuvo la legisladora por Córdoba.
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados de Provincias Unidas Carolina Basualdo (Córdoba), Gisela Scgalia (Santa Fe), Sergio Capozzi (Río Negro) y José Núñez (Santa Fe).

