La Voz En Vivo. “Es un cargo de confianza”: Gil Domínguez analizó los pasos legales para una posible destitución a Manuel
El constitucionalista explicó el proceso de moción de censura que podría enfrentar el jefe de Gabinete, las consecuencias penales de su posible salida y criticó la “regresividad” del nuevo decreto para nombrar jueces.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió este martes a La Voz En Vivo que el Congreso nacional dispone de facultades para interpelar y remover de su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante una eventual pérdida de la confianza política necesaria para administrar el país.
El experto detalló que el funcionario posee una responsabilidad política originaria frente al Poder Legislativo, lo que permite a cualquiera de las cámaras iniciar un proceso de rendición de cuentas.
Las dos etapas de la moción de censura
Según Gil Domínguez, el proceso requiere primero que una de las cámaras apruebe la interpelación con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
Posteriormente, se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes de ambas cámaras para hacer efectiva la destitución o moción de censura negativa.
El letrado consideró que sería “irrazonable” que un jefe de Gabinete removido sea nombrado nuevamente por el Presidente antes de que se renueve la composición del Congreso que le quitó la confianza.
Pérdida de inmunidad y el "caso Libre"
La consecuencia inmediata de la destitución sería la pérdida de la inmunidad de arresto, dejando al funcionario expuesto a medidas como la prisión preventiva en las causas que investiga la justicia ordinaria.
Gil Domínguez sostuvo que el oficialismo teme este escenario no solo por la desprotección legal de Adorni, sino por lo que el funcionario podría declarar respecto al denominado "caso Libre".
Cuestionamientos al nuevo decreto judicial
Por otro lado, el abogado calificó como “regresivo” el decreto publicado hoy que flexibiliza los requisitos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General.
Afirmó que la medida elimina la participación ciudadana y criterios fundamentales de género, federalismo y especialidad que antes autolimitaban la discrecionalidad presidencial.
Finalmente, el especialista concluyó que el Gobierno ha sobrepasado los límites institucionales al quitar las ataduras legales para nominar magistrados a su entera voluntad.
