El jueves, minutos antes de las 14, el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, ingresaron a la Jefatura de Policía. El mandatario se apersonó para irradiar por la frecuencia policial el mensaje de que el sistema de retiros de la Policía no sería modificado. Fue una respuesta directa a la propuesta del radical Rodrigo de Loredo de extender por cinco años la actividad obligatoria de los policías.
Allí, Llaryora “unificó frecuencias” para que el mensaje se irradie en simultáneo en cada uno de los distritos en que se divide la provincia.
En la inauguración de una delegación de la Fuerza Policial en Villa María, Llaryora repitió el gesto el viernes, y lo mismo hizo Quinteros en la apertura del año académico de la Escuela de Policía, con conceptos respecto del “banque a la Fuerza”.
Quinteros regresó a la Jefatura el sábado a la mañana. Habitualmente, ese día el ministro asiste al edificio de la avenida Colón al 1.200 y se reúne sin agenda con los jefes que estén allí. “Hubo una recepción espectacular por el apoyo del gobernador. El del ministro, saben que lo tienen de manera incondicional. Pero el mensaje por radio de Llaryora alineó a la tropa”, celebró un colaborador de Quinteros.
La misma fuente se preguntó, no sin picardía y conociendo que Juez tuvo predicamento puertas adentro de la Policía: “¿Qué harán los juecistas en la Legislatura cuando los radicales presenten el proyecto de ampliar la edad jubilatoria?”
Acuerdo y asado radical con presión para De Loredo
Un grupo de dirigentes radicales opositores al sector interno del exdiputado Rodrigo de Loredo compartieron una reunión, con asado de por medio, y resolvieron solicitar a las autoridades del Comité Provincia de la UCR el llamado “urgente” a elecciones internas.
Además, acordaron que pedirán a las autoridades partidarias la Casa Radical para una reunión en la que participen otros sectores internos interesados en exigir que se dé la renovación de la conducción.
En la reunión, que se realizó en la casa del legislador radical Dante Rossi, estuvieron el exintendente Ramón Mestre, junto con el exdiputado Diego Mestre, además del exlegislador y exintendente de Río Cuarto Juan Jure. También participaron los legisladores radicales Sebastián Peralta y Carlos Briner, quienes junto con Rossi plantearon que las autoridades “abran el partido” y se presente un cronograma electoral.
Basualdo, activa en el Congreso nacional
Carolina Basualdo juró como diputada nacional en diciembre pasado y, desde entonces, se mueve con intensidad en los pasillos del Congreso.
La exintendenta de Despeñaderos, curtida en la gestión ejecutiva y convocada en la lista por Juan Schiaretti, acumula responsabilidades en la Cámara Baja: integra las comisiones de Asuntos Municipales, Recursos Naturales y Salud. Pero fue en la primera donde logró dar un paso clave. Con el respaldo de su bloque, Provincias Unidas, y el aval del resto de los espacios, asumió esta semana la presidencia de esa comisión, un lugar estratégico para amplificar la voz de las provincias.
En su debut al frente del cuerpo, puso el acento en una vieja demanda del federalismo: que la agenda municipal deje de ser periférica en el debate nacional. Su intervención no fue casual. Responde a una trayectoria donde la gestión local y la cercanía con los problemas concretos marcaron su perfil político.
Al mismo tiempo, en la comisión de Recursos Naturales se metió de lleno en uno de los debates más sensibles del momento: la reforma de la Ley de Glaciares, que llegó desde el Senado con media sanción y abre un nuevo capítulo de tensión entre desarrollo productivo y protección ambiental. No es un terreno ajeno para Basualdo. Durante su paso por la intendencia, hizo de las cuestiones ambientales una bandera de gestión, una impronta que ahora busca trasladar al escenario nacional.
"Alcoyana, Alcoyana": coincidencia en el discurso
“¿Viste cómo están planchaditos los sueldos privados, no? La gente no tiene plata, especialmente los que trabajan en el sector privado”. “Los sueldos en el sector comercial, en muchas empresas, están muy caídos, no repuntan y la inflación sigue aumentando”. “Un sueldo privado promedio apenas si está por encima del millón de pesos, no hay plata, los privados están muy mal”.
Preocupado por la paz social, Llaryora busca cerrar la paritaria estatal
Las tres frases son textuales y surgieron en conversaciones por diversos temas con un funcionario del Gobierno provincial, un directivo de una empresa estatal y un miembro de un organismo descentralizado. Los comentarios aparecieron casi de la nada, en un contexto que no iba por el lado de los salarios. Distintos encuentros, mismas referencias. Lo que llama la atención no es tanto el contenido (real y preocupante, por cierto) sino la coincidencia y la insistencia. En algunos casos, incluso, con algo de sobreactuación. Como si hubiera un guion, la necesidad de subrayarlo.
La “coincidencia”, ahora entre comillas, se da en medio de la negociación paritaria del Centro Cívico con los docentes y a horas de reabrir la discusión con el resto de los gremios estatales (arranca en abril). La hipótesis no es tan compleja: poner en primer plano la situación del sector privado para ampliar el problema de ingresos. O, al menos, repartir las cargas. “Mal de muchos…”
El concepto: la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno acotado al empleo público, sino un problema amplio, atravesado por variables macro generadas por el Gobierno nacional que exceden a la Provincia. “Bueno, digamos eso”, parece haber sido la indicación. Y fue cumplida.
