Justicia. Crece el conflicto salarial y los magistrados presentarán 500 reclamos formales por el retraso

Se prolonga y crece el conflicto salarial en el Poder Judicial de la Provincia. Al pedido de recomposición salarial de los empleados, que decretaron para esta semana un segundo paro por 60 horas, se suma el reclamo de los magistrados, quienes exigen que se cumpla con la Ley de Equiparación Salarial, que establece que los funcionarios judiciales de Córdoba deben cobrar el 90% de lo que percibe un par de la Justicia federal.

De acuerdo con el cálculo que realizan en los Tribunales provinciales, actualmente los magistrados y funcionarios judiciales de Córdoba perciben el 77% del salario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fija para los magistrados federales.

El desfase se dio por la implementación de la Ley de Equidad Previsional que impulsó tiempo atrás el gobernador Martín Llaryora, lo que aumentó los aportes personales. En el caso de los magistrados, estos pasaron del 6% al 8%.

Por esta situación, se anuncia que este jueves ingresarán al Tribunal Superior de Justicia cerca de 500 reclamos administrativos en relación con el recorte de hecho. Camaristas, jueces, asesores letrados, secretarios y prosecretarios

Como es habitual desde hace varios meses, los magistrados y los funcionarios judiciales harán un aplauso generalizado a las 13 en las sedes judiciales. Quienes trabajan en el Palacio de Justicia ocuparán el salón de los Pasos Perdidos y entonarán el Himno Nacional. Protestas similares ocurrirán en Tribunales II y en otras sedes judiciales del interior.

Chocan así dos leyes: la de Equiparación Salarial de magistrados cordobeses con los federales, sancionada en diciembre de 2009 (entró en vigencia plena en 2012), y la de Equidad Previsional impulsada por Llaryora en diciembre del año pasado, la que estableció el aumento de los aportes.

Entre los magistrados, está el convencimiento de que la ley primera está en un rango superior al de la emergencia dispuesta por Llaryora; y citan al artículo 154 de la Constitución Provincial.

Días atrás, el Tribunal Superior de Justicia dispuso morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional dispuesta por Llaryora. Fue ante el planteo de un jubilado, pero da pistas respecto de cuál podría ser el camino judicial de la ley.

Aunque hay puentes informales entre los magistrados y el Tribunal Superior de Justicia, la tensión es máxima. Una posibilidad para desactivar el conflicto, señalan fuentes de Tribunales, es que se fije un esquema de recomposición que restituya la equiparación del 90% "en un plazo razonable".

Esa ventana de negociación que abren los jueces tiene que ver con la "comprensión de la situación social" que atraviesa el país y con la caída de la recaudación. Nadie puede estar sorprendido por el reclamo: de hecho, Domingo Sesin, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo planteó sin medias tintas en el inicio del año judicial.

A la tensión salarial, se agrega que en el Poder Judicial de Córdoba la jornada laboral es de 8 a 17, mientras que en la Justicia federal es de 7.30 a 13.30. Al hacer el cálculo por horas de trabajo, la brecha salarial roza el 50%. Y además de la mayor carga horaria y el aumento de los aportes, en Córdoba los magistrados no pueden percibir más de 30 años de antigüedad.