La Corte Suprema de Justicia dejó firme la extradición a Andorra de Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez, el exgerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que cayó detenido en Córdoba en 2018 cuando era buscado por un caso de presunto lavado de dinero de la corrupción.
El venezolano fue detenido en agosto de 2018 en cercanías de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, tras el pedido de captura internacional ordenado por la Justicia andorreña, un pequeño país europeo considerado un paraíso fiscal.
Con la circular roja de Interpol en su poder, los efectivos de la Policía Federal lo arrestaron cerca del departamento que compartía con su esposa e hijos, en calle Balcarce, en la Capital cordobesa. Hacía algunos años que había llegado a la ciudad y atendía un quiosco.
La acusación contra Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez
La Honorable Batllia D´Andorra Secció d´Instrucció Especialitzada 1, del Principado de Andorra, ordenó la detención del venezolano por el “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”, previsto en los artículos 409 y 410 del Código Penal de ese país, que prevé una pena de cinco a ocho años de prisión.
Bastidas Ramírez es primo de Rafael Martínez Carreño, quien entre 2004 y 2013 fue presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según consta en la notificación de Interpol, para la Justicia andorreña Bastidas Ramírez posee “importantes vínculos con PDVSA y el sector energético de su país”.
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Las sospechas que se ciernen sobre él son haber ingresado al sistema financiero una importante cantidad de dinero proveniente de la corrupción pública a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA), mientras era gerente.
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De acuerdo con el procurador general interino de la Argentina, Eduardo Casal, el delito que se le adjudica en el país europeo “consistió en haber participado de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales presuntamente provenientes de la corrupción de la empresa PDVSA”.
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Bastidas Ramírez, a través de la sociedad panameña Tellancourt, SA (creada por BPA Serveis), abrió una cuenta en BPA, de acuerdo con el expediente. A través de ella, recibió dos transferencias desde otra a nombre de High Advisory and Consulting: la primera, registrada el 29 de septiembre de 2011, por 600 mil dólares. Y la segunda, del 27 de abril de 2012, por 2,8 millones de dólares.
El dinero que habría recibido habría provenido de la corrupción entre 2011 y 2012.
Pese a que los pagos se realizaron desde High Advisory and Consulting, se justificaron a través de dos contratos con Highland Assets. Uno, por el que Tellacourt SA presentó asesoramiento en materia de gestión de cadenas de suministro y planificación, entre otros, por obras efectuadas por Sinohydro; y otro por el que, al parecer, actuó como asesor en proyectos de electricidad y energía mecánica, con una contraprestación de cinco millones de dólares.
Extradición, apelación y fallo de la Corte
El juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, declaró procedente la extradición a Andorra por “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública” con seno en PDVSA.
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La defensa apeló y el procurador general Casal solicitó la confirmación de la extradición. La Corte finalmente confirmó procedente la extradición, dejando firme la decisión.
Rechazó los planteos del venezolano respecto a la competencia del país requirente (Andorra) y la supuesta falta de descripción clara de los hechos delictivos enrostrados en Andorra, entre otros aspectos.
