Fuerte crítica. La Pastoral Social rechaza la prohibición de “naranjitas” impulsada por Llaryora
El organismo del Arzobispado de Córdoba, encabezado por Ángel Rossi, advirtió que el problema debe abordarse desde la inclusión laboral y la regulación, y cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno provincial.
La Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba expresó su preocupación frente a la iniciativa del gobierno provincial que busca prohibir la actividad de los “naranjitas” y limpiavidrios, y planteó que el problema debe abordarse desde una perspectiva social y no exclusivamente punitiva.
El posicionamiento se da en el marco del anuncio del gobernador Martín Llaryora de avanzar con una ley para eliminar estas prácticas en la vía pública, en medio de un debate que combina seguridad, orden urbano y condiciones de trabajo.
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En un documento titulado “Ciudades para todos”, la Pastoral Social (un espacio de la Iglesia que trabaja sobre temas vinculados a pobreza, trabajo y políticas públicas) sostuvo que el fenómeno de las personas que cobran estacionamiento en la calle no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un contexto más amplio de exclusión social.
“La prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución” , afirma el texto, marcando una posición clara frente a propuestas que apuntan a eliminar la actividad.
El organismo depende del Arzobispado de Córdoba, encabezado por Ángel Sixto Rossi.
Cultura del descarte
El documento retoma conceptos del papa Francisco sobre la “cultura del descarte” para explicar cómo ciertos sectores quedan excluidos del sistema económico y terminan generando sus propios mecanismos de subsistencia en la informalidad.
Desde esa perspectiva, la Pastoral advierte que abordar la problemática únicamente desde el control o la sanción puede derivar en respuestas parciales. Señala que, sin una comprensión de las condiciones estructurales (como la precarización laboral, la falta de oportunidades y la inestabilidad del mercado de trabajo), las soluciones tienden a ser incompletas y poco efectivas.
El documento también pone en valor las experiencias existentes en Córdoba en torno a la organización de los cuidacoches, en particular el sistema de cooperativas reguladas por ordenanzas municipales.
Según destaca, estas estructuras permiten ordenar la actividad mediante tarifas fijas, distribución de zonas de trabajo y controles institucionales, al tiempo que brindan un sustento a cientos de familias.
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En ese sentido, la Pastoral plantea que existe un camino recorrido en materia de inclusión social y laboral que debería ser fortalecido. “Desconocer estos procesos puede empujar a situaciones más complejas”, advierte el texto, al tiempo que retoma una idea planteada por el papa Francisco: si retrocede la economía popular, pueden avanzar formas más problemáticas como la economía criminal .
El rol del Estado
Otro de los ejes del planteo es el rol del Estado. Para la Pastoral Social, los distintos niveles de gobierno deben actuar como garantes de derechos, regulando el uso del espacio público y promoviendo alternativas laborales.
En lugar de prohibir, propone avanzar en una planificación que permita integrar a los trabajadores en esquemas formales, ya sea a través de cooperativas o registros regulados.
El documento también reconoce que en torno a esta actividad existen problemáticas complejas, como situaciones de violencia, consumo problemático o delitos.
Sin embargo, advierte que no todos los casos son iguales y que esas situaciones requieren respuestas específicas, diferenciadas de aquellas personas que desarrollan la actividad de manera organizada.
