El peronismo cordobés, por primera vez en 28 meses, observa encuestas que indican de modo coincidente que baja el nivel de respaldo que el presidente Javier Milei tiene en el centro del país. Esto como consecuencia del empeoramiento de la situación económica de la mayoría y de la exposición en continuado sobre las vicisitudes del ascenso patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Como en todas la provincias donde los oficialismos se preparan para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027, en el Panal durante semanas rogaron por la continuidad del "caso Adorni". Ahora intentan dilucidar las razones de su continuidad: observan cierta funcionalidad de ese escándalo para que el escrutinio público no se pose sobre otros problemas más graves.
La lógica libertaria sigue siendo inescrutable para el oficialismo cordobés, como para buena parte del sistema político argentino.
Pero se expande la interpretación de que el devenir tragicómico de las operaciones de Adorni y su escribana hace que permanezcan en segundo plano la causa $Libra –que complica directamente al Presidente y a su hermana–; el agravamiento del malestar social que evidencian los insistentes reclamos de la Iglesia Católica y el regreso a escena de los piqueteros; el atraso de más de 90 días en los pagos del Pami; la conflictividad permanente en las universidades, y la certeza de que varias provincias ya estarían pagando con bonos si la Nación no las asistiera con aportes del Tesoro y anticipos de coparticipación.
Sobran las señales de crisis, pese a la buenaventuranza energética de la Patagonia y a la buena cosecha. El Presidente pidió paciencia; la ministra Patricia Bullrich reconoció a su paso por Córdoba las dificultades, y hasta el presidente de la Bolsa de Comercio local, Manuel Tagle, insinuó el viernes la necesidad de que el Gobierno pase del shock al gradualismo para garantizar la sobrevida política del proyecto mileísta.
En marzo aconteció un verdadero cambio de escena político, que mantiene en estricto silencio a los dirigentes libertarios cordobeses y pareció poner en pausa la anticipada agitación preelectoral que se observó a comienzos de año en la oposición, y que se extendía al oficialismo provincial.
Unos y otros esperan de los hermanos Milei una reacción política más consistente que miles de mensajes presidenciales insultando al periodismo. Pero todos optaron por la cautela; hasta Luis Juez.
Máxima cautela en el Panal
Llaryora considera que La Libertad Avanza tiene herramientas para revertir esta crisis. El Panal también ingresó en una etapa de cautela extrema y la gran novedad entre los ministros es el ajuste.
En 2024, la administración provincial licuó sueldos y jubilaciones, pero la gestión permaneció al margen del achique. Desde el mes pasado eso cambió: cada gasto que intenta realizar un ministerio o una agencia debe sumar un nuevo paso ineludible. Gerardo Pintucci y Mónica Zornberg son los encargados de decidir qué se puede pagar y qué no: hay muchos funcionarios que por primera vez enfrentan restricciones de presupuesto.
El esquema diseñado por Guillermo Acosta apunta a frenar en seco el ritmo del gasto: después se verá qué se restituye. El ministro de Economía oriundo de San Francisco es de los funcionarios más cercanos a Llaryora; por eso en el Panal preocuparon las insistentes versiones sobre su eventual alejamiento.
Sí hay movimientos en el equipo económico –renunció Florencia Costantino, quien presidía la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (Acif) y era la única mujer en el Gabinete– y habrá más cambios.
Milei-Llaryora-Pullaro, un acuerdo de necesitados
Acosta tiene fluida relación con su par nacional, Luis Caputo, y ambos funcionarios cerraron el acuerdo que desde mayo elevará a $ 10 mil millones los envíos de Anses a la Caja.
La Nación monitorea de cerca las cuentas de cada provincia y esa es la razón por la que 12 jurisdicciones tuvieron anticipos de coparticipación, es decir, financiamiento de la Nación a una tasa del 15%. Diez de esas provincias ya habían recibido aportes del Tesoro nacional (ATN).
A Córdoba sólo llegan autorizaciones para tomar deuda: la semana pasada fueron U$S 50 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo y la habilitación a la Municipalidad de Córdoba para emitir $ 50 mil millones a 12 meses. Por la demora de esa firma, el intendente Daniel Passerini había emitido a sólo 70 días para pagar la deuda en dólares de la Capital.
Hay otra vía de negociación y está en manos de otro sanfrancisqueño, el diputado Ignacio García Aresca. El Gobierno nacional necesita votos cordobeses para el cuórum en Diputados –quedó clarísimo la semana que pasó, durante el tratamiento de los cambios en la Ley de Glaciares– y se especuló con que los apoyos llaryoristas eran a cambio de un ATN.
En el Panal consideran que en algún momento llegará el primer ATN, pero niegan que el apoyo legislativo del propio García Aresca y de la diputada Alejandra Torres haya tenido que ver con un envío concreto.
Llaryora apoya esos cambios. Se opone a todo fundamentalismo y además considera que hay una oportunidad para las industrias cordobesas en el desarrollo de la minería cordillerana, y que podría generarse ahí una alternativa para el desolador panorama de la metalurgia local.
Ese apoyo es relevante, sobre todo, por el abierto desacato político a Juan Schiaretti que representó. Dos días antes del tratamiento de la Ley de Glaciares, el exgobernador y actual diputado publicó un extenso mensaje que contenía un verdadero manifiesto en defensa del agua y se titulaba: "No se puede apoyar la reforma actual a la Ley de Glaciares". Más que una postura personal, parecía una instrucción política, y fue desatendida.
Hay movimientos profundos en los cimientos del peronismo cordobés y esa diferencia de criterio entre los dos dirigentes más relevantes es apenas una muestra. Lo que sigue es una interna de lista única el 3 de mayo, que ratificará en los papeles la conducción de Llaryora –el gobernador quiere sellos en orden para lo que viene– y un bloque de seis en el Congreso que con frecuencia votará separado.
