Dejar que suceda. Que se note. Que quede expuesto. ¿Que explote? No, pero que se perciba el impacto real y concreto del resultado en la micro de la política económica del gobierno de Javier Milei.
El “no hay plata” del libertario, que aún domina el discurso oficial –y que fue implementado desde el arranque de la administración nacional como un mantra para recomponer las cuentas públicas tras el festival de gastos que desplegó Sergio Massa en busca de ser presidente– comenzó a hacerse efectivo en boca del gobernador Martín Llaryora.
“No rescato más a nadie. El que se caiga, que se levante solo”, asegura el titular del Panal entre los más íntimos.
La convivencia de Llaryora con el modelo Milei atravesó varias estaciones. Al principio, creyó que la sociedad no toleraría el nivel de sacrificio exigido por el Presidente como prenda de un futuro mejor. Bajo esa convicción, se plantó ante los primeros recortes que golpearon las arcas provinciales. Pero tuvo que recular en público tras la acusación de “degenerado fiscal”.
A partir de ahí, giró. Más frío, más pragmático, eligió el camino judicial. Y fue en ese terreno donde –hasta ahora– consiguió los únicos recursos extra: el acuerdo por la Caja de Jubilaciones, con la mediación de la Corte Suprema. Desde el mes próximo, esos envíos se duplicarán: pasarán de $ 5 mil millones a $ 10 mil millones mensuales.
Hace tiempo que Llaryora no espera nada de la Nación. Lo que llegue –es cada vez más evidente– será a cambio de votos que La Libertad Avanza necesita en el Congreso. La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares expone ese mecanismo sin disimulo. El cuórum aportado por los llaryoristas Ignacio García Aresca y Alejandra Torres responde a esa lógica.
En ese marco, no sería extraño que Córdoba aparezca por primera vez en el próximo reparto de ATN. Mientras el schiarettismo resiste los cambios que flexibilizan la protección de glaciares y amplían el margen para la minería, el llaryorismo muestra otra disposición. ¿Desorden interno o reparto de roles para negociar mejor?
La última distribución discrecional que dispuso Milei vía ATN volvió a excluir a Córdoba. El gobernador habla en privado de “discriminación”, lisa y llanamente. Parece no faltar mucho para que lo exprese en público. El “miedo” a confrontar con Milei comienza a bajar. La caída de la imagen del jefe del Estado en todos los sondeos nacionales y locales anima esa rebelión, que aún es subterránea.
La semana pasada, en una reunión con intendentes de las principales capitales provinciales, Daniel Passerini expuso sin eufemismos lo que el oficialismo cordobés piensa del gobierno nacional. Fue durísimo. Sin matices.
Oferta de contrastes
Más allá de la precisión del diagnóstico negativo que se trace en el Panal sobre la actualidad del país, y de las perspectivas para lo que resta del año, Llaryora centrará su accionar y su relato en un concepto sencillo que mezcla acción propia con impedimentos exógenos. Traducido: sostener la gestión lo más parecida posible a la historia del peronismo provincial de los últimos 25 años, a pesar de las consecuencias del plan de Milei.
Ahí se ancla la narrativa que proyecta hacia 2027: la confrontación de modelos. Frente a una avanzada libertaria que se presume inevitable en Córdoba, el oficialismo buscará plebiscitar gestión provincial contra ajuste nacional.
Entre gobernadores e intendentes, el objetivo es no ser el primero
Esa idea fuerza se replicará en algunos meses –seguramente con alta intensidad luego del Mundial de Fútbol– en formato de preguntas. Si gobernara Gabriel Bornoroni, ¿los salarios de los docentes serían mejores o peores que los que paga Llaryora? ¿Seguirían activos los boletos gratuitos y sociales que usan 470 mil cordobeses? ¿La Caja de Jubilaciones seguiría en manos de la Provincia?
Es el repertorio que el peronismo pondrá en circulación cuando la campaña termine de encenderse. Un proceso que pareció activarse hace apenas dos meses en Laboulaye, y que luego entró en pausa por imperio de una realidad que afectó a todos.
Silencio libertario
Si Llaryora tuvo que hacer propio el “no hay plata” de Milei, los libertarios también se están amoldando al nuevo contexto. Desde hace semanas, las espadas mileístas locales se retiraron de la conversación pública. Predomina el silencio. El escándalo de Adorni incomodó a todos. En la última visita de Milei a Córdoba, a mediados de marzo, Bornoroni dijo que ponía las manos en el fuego por el cuestionado jefe de Gabinete. Fue lo último que se le escuchó.
El jefe del bloque libertario, hombre de extrema confianza de Karina Milei desde el inicio, empieza además a sentir el desgaste de la gestión en el territorio. El conflicto en el Pami –con demoras en pagos y deterioro en la atención– le pega de lleno.
El senador Luis Juez también parece haber sido impactado por la atmósfera de sospecha que se instaló en las principales figuras del staff libertario, con Adorni a la cabeza. Bajó drásticamente su perfil. Juez sabe que incomodar a Karina podría no tener retorno.
No es sencillo sostener sin fisuras a un gobierno que hizo de la crítica al Estado su bandera, cuando ahora las inconsistencias aparecen desde adentro.
El jefe de Gabinete encarna esa contradicción: mientras denunciaba privilegios ajenos, construyó un crecimiento patrimonial que todavía no logra explicar. Un ascenso que no ocurrió en el sector privado, sino en el mismo Estado al que no paró de denostar.
