En muchas prestaciones del Estado, las jurisdicciones son confusas y en ocasiones el ciudadano no sabe quién es el responsable del servicio que no le llega, de la obra que quedó a medias o de la ruta que se llenó de baches. En el caso del Pami, nadie tiene dudas: la atención médica de los jubilados nacionales es responsabilidad del Gobierno nacional.
Sin embargo, además de complicarles dolorosamente la vida a millones de personas, el Pami se transformó en un problema provincial y municipal, que se suma al problema cordobés que desde hace años es la obra social provincial Apross. Tal vez sea el ejemplo más patente del lado oscuro de los 27 meses de ajuste fiscal del presidente Javier Milei, y de su derrame federal.
La semana pasada, en Marcos Juárez cerró sus puertas la Clínica del Sudeste, principal prestataria del segundo nivel de atención a 5.500 jubilados. El motivo del cierre excede ampliamente la responsabilidad del Pami, pero en ese momento, además de ofrecer a los "beneficiarios" la alternativa de ir a una clínica de Villa María –a 120 kilómetros– se recordó que los jubilados nacionales pueden atenderse en hospitales provinciales.
Eso efectivamente ocurre desde hace tiempo, pero la deuda que acumula el Pami con la Provincia por esas prestaciones supera los 9.000 millones de pesos. También crece la deuda con el servicio penitenciario por los presos federales, y la Provincia suple con recursos propios buena parte de los fondos que se recortaron a la asistencia a la discapacidad.
Dado que en la inmensa mayoría de pueblos cordobeses ya no hay clínicas privadas, también es frecuente que los hospitales municipales atiendan a los jubilados nacionales. La falta de pago del Pami es un problema adicional para las cuentas de numerosos municipios, que languidecen tras ocho meses consecutivos de caída de coparticipación. Para peor, la Provincia ya avisó que la administración de Martín Llayora cerró el grifo: no hay plata.
Intendentes a la deriva
Dos cosas que estuvieron íntimamente unidas terminan en simultáneo en el territorio provincial: la primera es la idea del partido cordobés que Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti, pergeñaron hace tres años. La segunda es el alegre dispendio de recursos con el que el peronismo intentó atraer a intendentes radicales: no hay plata, no hay partido cordobés.
Muchos de esos intendentes ahora quieren ser libertarios y buscan asistencia de la Nación, con la expectativa de que la Casa Rosada empiece pronto a auxiliar a municipios de manera directa, como lo hace desde hace tiempo con los aportes del Tesoro nacional (ATN) a un grupo de gobernadores amigos, entre los que no está Llaryora.
Para facilitar el arribo de intendentes a La Libertad Avanza, la semana pasada estrenó cargo nacional la radical Soledad Carrizo, designada como vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para dedicarse al armado de la pata radical en apoyo a la candidatura a gobernador de Gabriel Bornoroni. Nada nuevo bajo el concepto de "construcción política".
Entre los intendentes –también entre los gobernadores–, el dramatismo se expande y el objetivo principal es no ser el primero en caer. En el lenguaje del ejercicio del poder, esto es quedarse sin recursos para el pago de los sueldos.
Hay intendentes de la costa bonaerense que empezaron a reclamar la reedición de bonos o cuasimonedas para completar el pago de salarios ante la caída de la coparticipación, y municipios que ya lo aplican a pequeñísima escala.
Los grandes municipios volvieron a advertir la semana pasada que están al límite. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, estuvo en esa reunión en Entre Ríos donde casi todos los representantes de las capitales de provincia resumieron: "Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona. Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica".
Afirmaron que sólo en 2025, el Gobierno "retuvo 120 mil millones de pesos que corresponden al interior", además de no distribuir 740.356 millones de pesos de fondos de ATN.
Las provincias no están mejor. Córdoba es la segunda jurisdicción que más recursos de coparticipación perdió en el primer trimestre del año. La caída real de los envíos de la Nación fue de 6,4% respecto del primer trimestre de 2025. Pero la administración Llaryora recibió 7,5% menos y no tuvo ningún ATN desde que gobierna Milei.
La caída de los recursos propios sigue siendo más abrupta todavía: a diferencia de las provincias petroleras, la economía del centro del país sigue sin detener su caída.
Córdoba tampoco recibirá –por el momento– los anticipos de coparticipación que el ministro Luis Caputo implementará como mecanismo de financiamiento con un interés del 15%, para impedir que "caigan" algunos distritos y que otros salgan a tomar deuda para pagar sueldos.
La administración nacional anticipó que habrá un anticipo de coparticipación de 400 mil millones de pesos a repartir entre Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz. Una muestra de la fragilidad fiscal de la mitad del mapa.
Pese a que esa situación es común a casi todas las provincias, hay sólo tres que no lograron llegar a un acuerdo –aunque sea trimestral– con los docentes. Y Córdoba es una. Las otras son Jujuy y Río Negro. Catamarca logró acuerdos parciales.
La UEPC rechazó la tercera oferta salarial de Llaryora y anunció un paro de 72 horas, que constituye el conflicto más desafiante desde el inicio de la administración Llaryora. Lo es porque Córdoba está lejos de las provincias que peor pagan a los docentes y porque la voluntad de los maestros y profesores parece cada vez más lejana de la disposición de la cúpula gremial.
Lo es, sobre todo, porque la actual gestión aspiraba a entusiasmar con una reforma educativa que hoy es parte sustancial del conflicto.
Habrá cuarta oferta superadora. Y cada vez es más probable que la Provincia apele a la conciliación obligatoria. Lo que está fuera de dudas es que el rubro sueldos del presupuesto 2026 será muy superior al proyectado, y que los ingresos de la Provincia serán muy inferiores a los esperados. No estar entre los primeros es mandato y obsesión en el Panal.
