Doce activistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana luego de intentar ingresar al Congreso tras saltar una de las rejas perimetrales del edificio, en medio del debate en el Senado de la Nación sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que detuvieron a los manifestantes por disturbios en la vía pública, según fuentes policiales.

La protesta se desarrolló en las escalinatas del Congreso, donde los activistas montaron una intervención simbólica antes de ser reducidos por las fuerzas de seguridad.

Según difundió la propia organización, la acción tuvo como objetivo reclamar a los senadores que no avancen con los cambios en la legislación vigente. “La ley de Glaciares no se toca. Vamos a resistir hasta que salvemos el agua”, expresaron en un video publicado en redes sociales.

Durante la intervención, los ambientalistas se vistieron con traje y corbata, en alusión a los legisladores, y se sentaron sobre inodoros con la inscripción “Ley de Glaciares”. También desplegaron un cartel con la consigna: “Senadores, no se caguen en el agua”.

Desde Greenpeace indicaron que se trató de una “acción de resistencia pacífica” para visibilizar el impacto que, a su criterio, tendría la reforma sobre la seguridad hídrica del país. “La intervención fue simbólica y no violenta, en el marco del debate legislativo”, señalaron en un comunicado.

En medio de un operativo policial, el camarógrafo Facundo Tedeschini de A24 fue golpeado, arrastrado y detenido por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados pidieron que los periodistas se corrieran de la entrada del estacionamiento donde estaban los móviles policiales.

“Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo, había trípodes, cables, estábamos en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió la cronista Agustina Binotti desde el lugar, quien también recibió el químico en el rostro.

En ese contexto, Tedeschini quedó en medio del avance. Las imágenes muestran cómo un efectivo intenta arrancarle la cámara, lo empuja y lo hace caer. Ya en el piso, varios policías lo rodean, lo golpean y lo arrastran.

“Lo tiraron al piso, lo patearon y se lo llevaron entre cinco”, denunciaron al aire. El trabajador terminó con un corte en el rostro y fue esposado. Luego lo trasladaron al interior del estacionamiento, donde permaneció varios minutos fuera de la vista de sus compañeros. Esposado.

De acuerdo con fuentes policiales, el periodista fue demorado en el marco del desalojo del sector. El hecho quedó registrado en imágenes tomadas por testigos y difundidas posteriormente.

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad en la gestión mileísta, Patricia Bullrich, sostuvo que el agente de la PFA “actuó desmedidamente” y adelantó que se abrió un sumario para investigar el episodio.

“Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace. Fueron sacados y detenidos inmediatamente en un lugar bien cercano”, introdujo Bullrich en diálogo con la prensa. Tras eso, continuó: “En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo intentó entrar para filmar esas imágenes. Ya se abrió un sumario porque el jefe de la PFA consideró que la conducta es reprochable”.

El Gobierno pretende aprobar una legislación para evitar sanciones judiciales por actividades de minería, hidrocarburos y litio en esos sectores. El tratamiento de la ley será dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso, que finalizan el 27 de febrero.

La iniciativa de reducir la protección en las reservas hídricas incentivó el debate con expertos en el tema y con organizaciones ambientalistas. El Ejecutivo sostiene, por su parte, que buscan “dar mayor previsibilidad a proyectos productivos” y ordenar las competencias entre Nación y las provincias.

Uno de los ejes centrales de la modificación es la reinterpretación del Inventario Nacional de Glaciares. Este sistema se centra en conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo para definir el estado actual de las reservas hídricas cordilleranas.

El instrumento se mantendría en vigencia, pero con menos alcance. Es decir, ya no bastaría con que una zona hídrica esté bajo protección para impedir actividades como la minería. Para que un glaciar o periglaciar no se toque, debería demostrarse que cumple funciones clave como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas.

En este sentido, fueron foco de atención los periglaciares, que son las zonas que rodean a los cuerpos hídricos. Su función es la regulación y el almacenamiento del agua.

Con la nueva ley, la protección hacia ellos se vería reducida y las provincias podrían dictaminar qué zonas preservar y cuáles no. Expertos advierten que cualquier alteración en esas zonas puede afectar indirectamente las reservas de agua.

En línea similar, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas marcó cuál sería el artículo “más regresivo de todo el proyecto”. Es el tercero y delimita que la protección no sería absoluta.

Dice que en caso de que una autoridad competente establezca que un glaciar o periglaciar no cumpla con alguna de las funciones previstas, no estarían alcanzados por las previsiones de la ley.

“De aprobarse la reforma, todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos”, pronunciaron los expertos en la temática. La justificación radica en que solo consideraría para eliminar la protección “que el glaciar sea fuente de reserva estratégica o recarga de agua determinada políticamente por una autoridad provincial”.

Eso desecharía otras funciones ecosistémicas que cumplen: regulación del clima, de los océanos, uso de las comunidades o preservación de la biodiversidad.

Otro cambio destacado se refiere a las acciones comerciales que podrían realizarse en los glaciares. Hasta ahora, se encuentran prohibidas la minería y otras actividades industriales. Luego de la ley, se mantendrían las limitaciones, aunque cada provincia tendría la potestad de definir cuáles son “áreas de alteración relevante”.

El primer reclamo vino desde la parte legal. El anuncio de la modificación en la ley vigente llegó a mediados de 2025 y lo tacharon de inconstitucional. Este argumento se sostiene hasta el presente. Tiene que ver con que altera un área que está contenida en una legislación mayor.

Glaciares se contemplan dentro del derecho al ambiente sano, garantizado por la Constitución. “Es un marco legal mayor. Una exigencia ambiental es el agua sana. Si contaminás el agua estás siendo inconstitucional”, opinaban ambientalistas en aquel momento.

Desde el ala política, el peronismo mayoritariamente se posiciona críticamente ante la desprotección de las zonas hídricas. Presentaron desde Unión por la Patria un “contraproyecto” a cargo de Eduardo Valdés.

Buscaría restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y periglaciares y reafirmar el valor de recurso natural estratégico de interés nacional para esos sectores. Eso priorizaría su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.